El final del mandato de Cristina Fernández estará enmarcado en una aceleración de causas penales cuyo destino es el derribo de toda posibilidad de continuidad para quienes creyeron que su destino era reescribir la historia argentina. La insistencia en remodelar el sistema judicial a su medida dejando una generación de custodios judiciales frente a los años por venir, ha desatado una tormenta perfecta que dará el resultado exactamente contrario al buscado.
Esta semana, la decisión de ir por una segunda causa sobre la procuradora general Gils Carbó, unida a la blitz desatada por el juez Claudio Bonadío sobre la propia Presidenta, su familia directa y Lázaro Báez, revela que Comodoro Py ha decidido que en esta batalla, el futuro es la única opción. No hay presente, sólo futuro. El futuro es que la garante de la continuidad política de lo que se conoce bajo el rótulo de “kirchnerismo”, quede reducida a una migaja del poder e imagen positiva que detenta aún hoy Cristina Fernández.
Tal como ya está establecido públicamente, impulsa la investigación contra Gils Carbó el fiscal federal porteño Eduardo Taiano, el mismo que ella había elegido para subrogar la última fiscalía que quedó vacante en el edificio. La denuncia es por una supuesta persecución al fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani. Fue presentada por el abogado Andrés Barbieri, quien defiende a un acusado de presuntos crímenes cometidos en los años 70 por una banda armada de ultraderecha. Pettigiani fue corrido de las causas por delitos de lesa humanidad luego de haber sido recusado por organismos de derechos humanos. Según la denuncia, fue separado en violación de las normas legales que hacen al procedimiento de designación y remoción de fiscales. “Se ha instaurado desde la Procuración General un perverso mecanismo tendiente a perseguirlos y disciplinarlos [a los fiscales[ vulnerando la independencia funcional de los representantes del Ministerio Público”, sostuvo el denunciante. En Mar del Plata hace tiempo que hay un clima muy tenso en relación con estas causas.
Pettigiani había señalado a la Procuración como responsable del supuesto armado de un caso para echar al juez provincial Pedro Hooft, que había sido acusado de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, cuestión que ha quedado meridianamente desacreditada en el jury de enjuiciamiento a Hooft, y revelada como una maniobra montada por el narcoabogado César Sivo. Pieza imprescindible en esta trama es el fiscal general de cámaras Daniel Adler, quien guarda en sus cajones prueba cierta del carácter de financista de una banda de narcotraficantes de Sivo, en la denominada operación “Merluza Blanca”.
Tal como ha señalado Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, en Mar del Plata hay ciertamente una mafia judicial. La denuncia de Barbieri, ahora procurada por el fiscal Taino, aparece como el instrumento a derecho para terminar con este cáncer perverso que carcome a la sociedad.
