En las zonas más conflictivas de México se multiplica el asesinato de sacerdotes. Esta semana fue ejecutado un párroco en Guerrero.
En la deriva violenta de México se presuponía al menos una regla: no se mataba ni a niños ni a curas. Este código que apelaba al último rastro de humanidad que pudieran tener los asesinos, muchos de ellos devotos de la Santa Muerte, también ha dejado de ser sagrado. El sacerdote Gregorio López, un cura de 39 años que daba clases en el seminario de una ciudad mexicana tomada por el narcotráfico, murió esta semana de un disparo en la cabeza.
Goyito, como le conocían en la parroquia, es el tercer cura asesinado en lo que va de año en Tierra Caliente, una zona conflictiva controlada por el cartel de Los Caballeros Templarios. Los obispos mexicanos, a través de un comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), mostraron su repulsa por el crimen: “Haciéndonos eco del sentir de muchos mexicanos, repetimos: ¡Basta ya! No queremos más sangre, no queremos más muertes, no queremos más desaparecidos”.
En la prensa local de Ciudad Altamirano, donde fue secuestrado el sacerdote, no se leen palabras como sicario, narcotráfico y, ni mucho menos, los nombres de los mafiosos involucrados. El asesinato del párroco no ha merecido ni una línea en la principal publicación, a riesgo de que los periodistas corran la misma suerte que el religioso. Predicar la fe o la libertad de expresión en un sitio como este equivale a una sentencia de muerte.
El domingo por la noche, unos hombres armados se llevaron al sacerdote por la fuerza. Desde ese día sus compañeros de parroquia exigieron su liberación. El obispo Máximo Martínez encabezó una marcha en la ciudad en la que pidió al crimen organizado que devolviera al cura con vida. Eso no ocurrió. El cuerpo de Gregorio fue encontrado en una cuneta. Había sido ejecutado: el cadáver presentaba una herida de bala en el cráneo.
La fiscalía de Guerrero investiga el crimen sin que haya dado por ahora a conocer ninguna línea de investigación fiable. Los feligreses señalan que pudo tratarse de un robo, ya que el día que fue secuestrado el párroco llevaba encima la colecta anual del seminario en el que era profesor.
Otro cura combativo, como el padre Goyo, un religioso que ha apoyado públicamente a las autodefensas que se levantaron contra el narco en Michoacán, dijo a la agencia Quadratín que su tocayo había expresado en sus homilías su preocupación por el secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La estampa del padre Goyo en día de misa es muy conocida: subido a un altar enfundado en un chaleco antibalas.
“Exigimos a las autoridades el esclarecimiento de este y de los demás crímenes que han provocado dolor en tantos hogares de nuestra patria, y que se castigue a los culpables conforme a derecho”, agregan los obispos en el comunicado. En los dos años que lleva el priísta Enrique Peña Nieto al frente del país, según un informe del Centro Católico Multimedial que cita Excélsior, han sido asesinados ocho sacerdotes y dos están desaparecidos. Tres más fueron rescatados de manos de sus secuestradores.
En abril, un misionero africano llamado John Ssenyondo, de 55 años, viajó en coche hasta un pueblito de Guerrero para dar misa. Al acabar unos hombres lo interceptaron y lo metieron en el maletero. Desde ese día no se supo más de él hasta que las autoridades encontraron una fosa con 12 cadáveres dentro. Uno de ellos era el suyo. Los forenses identificaron al párroco ugandés gracias a una copia de su historial dental que guardaba un compañero de sotana. El padre Solalinde, reconocido por su lucha en favor de los inmigrantes que se juegan la vida cruzando un México lleno de peligros para llegar a Estados Unidos, dijo en una entrevista a este periódico: “Es un horror. Este crimen y el de los otros padres manifiesta una situación sin límites. Antes al menos los criminales respetaban a los sacerdotes”.