Las monarquías de la península Arábiga recurren a leyes antiterroristas para encarcelar a los activistas.
Ensaf Haidar tiembla ante la mera perspectiva de los 1.000 latigazos que aguardan a su marido, Raef Badawi, condenado en Arabia Saudí por “faltar al respeto al islam”. Su delito fue defender la libertad de expresión y haber fundado un portal en Internet donde se podía debatir sobre religión. El brutal castigo, que se ejecutará en tandas de 50 azotes propinados en sucesivos viernes y que se suma a 10 años de privación de libertad, busca disuadir a otros activistas de los derechos civiles en el Reino del Desierto. Como en el resto de las monarquías de la península Arábiga, el temor a que la mínima apertura socave su poder absoluto se ha exacerbado desde la primavera árabe.
“En otros países se denuncia la reducción del espacio para la sociedad civil, en esta parte del mundo no hay espacio que reducir”, lamenta Khalid Ibrahim, codirector del Gulf Center for Human Rights (GCHR). “Los defensores de derechos humanos son tratados como criminales, les resulta imposible encontrar un trabajo y no se les permite organizarse. De Omán, donde detienen a un activista y no sabemos dónde está, a Arabia Saudí, donde encarcelan a cualquiera que discrepa, pasando por Emiratos, que no tolera la crítica, y Bahréin, donde siguen las protestas; la situación es muy mala”, resume durante una conversación telefónica.
“Raef no es un criminal. No es un asesino o un violador. Es un bloguero. Su único delito es ser una voz libre en un país que no tolera ni entiende la libertad”, repite una y otra vez la citada Haidar quien, tras la detención de su esposo en 2012 se exilió con sus tres hijos en Canadá.
El saudí Badawi, de 30 años, recibió el pasado noviembre el premio de Reporteros Sin Fronteras a la Libertad de Prensa por su trabajo para promover la libertad de información. Además, esa organización, cuyo capítulo español apadrina al bloguero, ha pedido al rey Abdalá que le perdone los latigazos y le deje en libertad. Arabia Saudí, que Reporteros Sin Fronteras sitúa a la cola en su clasificación mundial de la libertad de prensa, ha aprobado este año una draconiana ley que considera terrorismo los delitos de opinión.
“El control oficial de los medios de comunicación tradicionales ha hecho que los activistas recurran a las redes sociales y los Gobiernos han respondido con leyes antiterroristas y contra los delitos cibernéticos”, denuncia Ibrahim. “Están utilizando el poder judicial como instrumento político contra quienes defienden la libertad de expresión”, añade.
En opinión de este activista, “la situación ha empeorado mucho en el último año; no sólo más defensores han sido encarcelados sino que se ha generalizado la prohibición de viajar para aquellos a los que aún no se ha juzgado y a veces ni siquiera acusado formalmente”.
Tal es el caso de Samar Badawi, hermana de Raef y esposa de Walid Abualkhair, un destacado abogado de derechos humanos y preso de conciencia saudí, condenado a 15 años por “dañar la reputación del reino” e “incitar a la opinión pública”. Badawi, que ha estado haciendo una campaña internacional para la liberación de su marido y otros activistas, vio denegada su salida del país a principios de diciembre cuando iba a viajar a Bruselas para participar en un foro de la UE.
“Aún no me han explicado el motivo”, responde por correo electrónico. No obstante, su movilización parece haber tenido efecto. “Walid está mejor ahora y le están tratando bien”, señala la activista, que en 2012 recibió el premio Women of Courage que otorga la Secretaría de Estado norteamericana de manos de la entonces secretaria, Hillary Clinton, y de la primera dama, Michelle Obama. Para ella, “el problema más acuciante en Arabia Saudí es que se silencian las voces de quienes piden reformas”.
“Las revueltas árabes animaron a los defensores de los derechos humanos en los países del Golfo para pedir que se respetaran las libertades y derechos civiles, pero cuando los gobernantes vieron la caída de Ben Ali y Mubarak, decidieron actuar de forma preventiva. Quienes no están en la cárcel, esperan juicio o han huido de su país”, resume Ibrahim. “Los Gobiernos de la región están usando todos los instrumentos en sus manos para evitar hacer las mínimas concesiones a sus ciudadanos”, concluye.
Pena de muerte por comentar en la web
A pesar de las diferencias y rivalidades políticas, al otro lado del golfo Pérsico, en Irán, la situación de los derechos humanos también es preocupante. El Tribunal Supremo confirmó hace un mes la pena de muerte a Soheil Arabi, de 30 años, por unos comentarios escritos en su Facebook que un juez consideró “insulto al profeta”, en referencia a Mahoma. Se sigue ejecutando a personas que eran menores cuando cometieron los delitos y las organizaciones de derechos denuncian la falta de garantías procesales.
Aunque la llegada a la presidencia de Hasan Rohaní en 2013 ha supuesto algunas mejoras, los activistas temen que las negociaciones nucleares eclipsen sus demandas.
“Hemos visto una mejora en la libertad de expresión, pero la situación de los activistas políticos y de los derechos civiles apenas ha cambiado; aún quedan muchos presos políticos en la cárcel”, resume por teléfono desde Teherán la abogada y defensora de los derechos humanos Nasrín Sotudeh, liberada el año pasado y que sin embargo tiene prohibido ejercer.
Por ello, cada día hace una sentada ante el Colegio de Abogados para reclamar ese derecho. “[Las autoridades] también han permitido manifestaciones. Aunque en la última, para protestar contra los ataques con ácido a mujeres, detuvieron a algunos participantes y Mahdieh Golru [una joven activista] aún no ha sido liberada. Otro indicador es el número de ejecutados, que ha aumentado en los últimos 18 meses”, añade.
Para ella, el principal problema es que “no han liberado a ciertos abogados [miembros del Centro de Defensores de los Derechos Humanos, fundado por la Nobel de la Paz Shirin Ebadi], como Abdolfattah Soltani”. Subraya además que “las activistas de los derechos de la mujer siguen muchas presiones y limitaciones”