La fiscalía que investiga el atentado de 1994 contra una sede de una mutual judía (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas, pidió a un juez federal que se convoque a la presidente Cristina Fernández y al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, a una indagatoria y solicitó un embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos (unos $23.3 millones).
Según el fiscal, el Gobierno buscó “desincriminar” a los acusados iraníes del atentado con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países.
Argentina, que sufre un déficit energético de unos $7 mil millones, buscaba comprar petróleo a cambio de granos y armas, señaló el fiscal, Alberto Nisman.
“Mientras el Poder Ejecutivo hablaba de justicia y verdad, en los hechos había acordado impunidad”, afirmó en declaraciones a periodistas.
La justicia ha acusado por el atentado a ocho iraníes, entre ellos exfuncionarios, que el Gobierno se ha negado a entregar a pesar de que pesa sobre ellos una orden de captura de Interpol.
El Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, desestimó las acusaciones y las describió como “ridículas” en declaraciones a una televisora estatal.