El militar presentó una apelación para desplazar al fiscal que lo acusa. La Cámara se tomará unos meses para decidir.La defensa del jefe del Ejército, César Milani, está siguiendo todos los pasos procesales que le permitan demorar al máximo su indagatoria.
Poco antes de que venza el plazo reglamentario, presentó la apelación a la decisión del juez federal Daniel Bejas, que había rechazado la recusación del fiscal federal Carlos Brito. El abogado Alberto Bertini, que representa a Milani, junto a Manuel Bonín, que lo hace en nombre del militar detenido Esteban Sanguineti, habían planteado la recusación por la “falta de objetividad” de Brito. El fiscal había pedido la indagatoria por encontrar fallas en el acta de deserción en contra del conscripto riojano Alberto Ledo, que fuera firmada por Milani. Ledo desapareció en junio de 1976 cuando estaban en Monteros en el marco del Operativo Independencia.
Bejas le dará curso a la apelación, como los estipula el proceso, para que la Cámara tome el caso. Aquí se abren dos posibilidades. Una, que este órgano tome el caso en incidente. Entonces pedirá copia de la información que considere necesaria para fijar posición mientras el caso sigue con sus pasos procesales posteriores. Si, en cambio, solicita la causa para analizarla, se paraliza el proceso hasta tanto el cuerpo tome la decisión correspondiente.
Fuentes que recorren los pasillos tribunalicios señalaron a Clarín que para temas similares y de la envergadura del presente, la Cámara se toma entre uno y dos meses para decidirse. Cómo seguirá la causa, se dispondrá en la próxima semana, cuando la Cámara se avoque al tema. El próximo lunes termina la feria judicial y los tribunales vuelven a su funcionamiento normal.
El jefe militar se encuentra acusado de encubrimiento y falsedad ideológica en el marco de la desaparición de Ledo por la que ya está detenido Sanguineti, que se desempeñaba como jefe del batallón. Milani era su subalterno.
El pedido de indagatoria hecho por Brito se base en esa acta, que es una fotocopia certificada por la autoridad correspondiente, el mayor José Baltazar Sandaza, quien certificaba documentos del Ejército en 1986.
Al estar desaparecida el acta original, Milani impugna el uso de una reproducción como base para su indagatoria. Las copias fueron aceptadas a falta de documentación original en otros casos de crímenes de lesa humanidad.