A través de los testimonios de la presidente del Colegio de Arquitectos de Mar del Plata, Julia Romero y del Defensor del Pueblo, Fernando Rizzi, esta mañana en la 99.9 se repasaron varios aspectos referidos al Código de Preservación del Patrimonio, tema que vuelve a estar en boga luego de la demolición clandestina en el chalet Grattarola.
La demolición del Chalet Grattarola ha lanzado nuevamente la discusión sobre los parámetros de lo que debe ser una propiedad que forma parte de la Preservación Patrimonial y también como en búsqueda de conseguir su cometido, las empresas llevan adelante tareas de demolición a pesar de que el municipio se lo impida.
Esta mañana, hablaron en la 99.9 tanto la presidenta del Colegio de Arquitectos, Julia Romero, como el Defensor del Pueblo Fernando Rizzi, brindando sus opiniones sobre el caso.
En primera instancia, Romero aclaró que “mantener un bien patrimonial lleva un costo importante. Parte de la convulsión no sólo es porque se demolió, sino porque se trata de una obra clandestina y no se respetaron las paralizaciones municipales. Ahora está paralizada la obra por la intervención municipal. La repercusión que ha tenido, llevó a que se detuvieran con los trabajos que estaban realizando”.
A la hora de regular, sólo hay una ordenanza en nuestra ciudad que hablar al respecto, pero está sumamente desactualizada: “lo que rige en General Pueyrredón es un Código de Preservación Patrimonial que tiene aproximadamente 20 años y se creó por ordenanza. En esa época fue de avanzada considerando que muchos municipios no tenían ese código”. Lo que piensan desde el Colegio de Arquitectos es que “es necesario delinear áreas de restricción patrimonial, que sea sobre un conjunto y no sobre un individual”.
Por otro lado, mostró su apoyo a la iniciativa de la municipalidad y a los apoyos que pueda recibir: “es correcto que la Defensoría del Pueblo acompañe al municipio en su denuncia. Ojalá además, se puedan tomar todas las medidas para que no se repitan este tipo de hechos. Hay otros vecinos que están en las mismas condiciones y someten sus intenciones al municipio para que digan que pueden hacer y que no”, finalizó.
Fernando Rizzi, en tanto confirmó que “vamos a adherir a la denuncia penal que entendemos, es la única vía que hay cuando la gente desobedece las intimaciones de la municipalidad. Nos parece un hecho que puede marcar un precedente más allá de que la política de preservación patrimonial de la política es errática. No hay una decisión de preservar los bienes”.
El avance de la demolición en la casa de la Avenida Libertad al 3.400 no debe repetirse, porque más allá de incumplir la prohibición, no se podrá reconstruir el lugar: “el acto ya está cometido y hay que darle una muestra a la gente que no es lo mismo cumplir que no cumplir”, dijo el Defensor del Pueblo.
También aclaró los parámetros sobre los cuáles se define que propiedad es patrimonio, ya que eso representa un alto nivel de inversión para el propietario: “la afectación de patrimonio está establecido por ordenanza donde aparecen los fundamentos de porque es elegido un bien. Esto tiene la fuerza que le da la Constitución Nacional y Provincial cuando se habla de la preservación del patrimonio. Pero hace falta una ley que establezca una política provincial”, afirmó.
Por último, consideró necesaria la participación de la sociedad toda en casos de este tipo: “esta gente tuvo una actitud contraria a las indicaciones de la municipalidad y ahí es donde entra el delito de desobediencia. Falta esa política municipal de llegar a los propietarios y estar en contacto con ellos. La sociedad no tiene una conciencia de la defensa del patrimonio porque habría un reconocimiento social de estos bienes”.