Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, afirma que es un “hecho” que el EI utiliza las obras robadas para financiarse.
El tráfico de antigüedades se ha convertido en una de las fuentes de financiación del yihadismo. En los territorios de Siria e Irak que controla el Ejército Islámico (EI o Daesh, su acrónimo en árabe) no sólo rige una dictadura medieval de una crueldad atroz y son perseguidas cualquier minoría religiosa o cualquier musulmán que no comulgue con sus ideas. Además, se está produciendo una destrucción sistemática de bienes culturales en una región que ha sido cruce de culturas desde el neolítico. Por un lado, están los vídeos que muestran la destrucción de museos y yacimientos. Por otro, las excavaciones ilegales y el saqueo de miles de piezas que, tarde o temprano, entrarán en el mercado. Esta situación ha puesto en alerta tanto a la Unesco como a Interpol y las policías de numerosos países.
La diplomática búlgara Irina Bokova (Sofía, 1952) responde por escrito desde Nueva York a un cuestionario sobre esta situación trágica, en la que no solo se está perdiendo una parte importante de la memoria de la humanidad. También estima el dinero logrado con ese saqueo –que Bokova cifra en “miles de millones, tanto como lo que generan el tráfico de armas o drogas”– producirá más sufrimiento, ya que será destinado sin duda para nuevos atentados. Exministra de Exteriores de Bulgaria, Bokova fue elegida directora general de la Unesco en 2009.
Pregunta. ¿Cuáles son los países en los que la UNESCO ha detectado un mayor tráfico de arte procedente de Irak y de Siria?
Respuesta. Hasta ahora no han aparecido abiertamente piezas de Irak ni de Siria en el mercado de arte legal. Sin embargo, sí hemos detectado en plataformas virtuales de venta ilegal objetos pequeños, como monedas, lamparillas de terracota o estatuillas. Están afectados todos los países vecinos. La UNESCO está trabajando activamente con ellos (Turquía y Líbano en particular) para detectar las principales redes y detener el tráfico. Los mayores mercados del arte son Estados Unidos, Suiza, Francia, Reino Unido y China. Los traficantes buscan naturalmente colocar las piezas de más valor en esos mercados. El desafío es poner en alerta a los profesionales y a la población de todos esos lugares sobre la amplitud de este tráfico y reforzar las medidas de control, seguimiento y verificación de las procedencias.
P. ¿Disponen de algún tipo de estimación sobre cuánto dinero representa este tráfico?
R. Por definición, es difícil cuantificar la importancia de un tráfico que es ilícito. La política de la UNESCO es además no divulgar este tipo de información, pues la publicidad puede incluso llegar a alentar el propio tráfico. Hemos de ser extremadamente prudentes y no fiarnos de las cifras, a veces fantasiosas, que circulan a este respecto. Lo más importante es comprender que a nivel mundial, se trata de sumas que alcanzan varios miles de millones y son equiparables a las del tráfico de armas o de drogas.
P. ¿Qué medidas está tomando la UNESCO para evitar la venta de antigüedades procedentes de Irak y Siria?
R. Tengo que decir que la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales es un asunto que preocupa a la UNESCO desde hace decenios. De hecho, desde 1970 la comunidad internacional dispone de una Convención internacional coordinada por la UNESCO que trata precisamente de las maneras de combatir ese tráfico. España la ratificó en 1986. En el caso concreto de la actual crisis iraquí, el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad nos puso en alerta hace ya muchos meses. En julio de 2014 la UNESCO desarrolló un plan de acción de respuesta urgente para salvaguardar el patrimonio cultural iraquí. Convocamos una reunión a la que asistieron expertos tantos iraquíes como internacionales y movilizamos a todos los interlocutores relevantes en este ámbito: Interpol, la Organización Mundial de Aduanas, policías y autoridades de fronteras, casas de subastas. Varios países, en particular Noruega y Japón, nos prestaron apoyo financiero para emprender medidas específicas para evitar destrucciones, pero los hechos han mostrado que debemos intensificar aún más nuestros esfuerzos.
P. ¿Cómo se puede mejorar el control de la procedencia de las antigüedades?
Para poder probar la procedencia de un objeto cultural es crucial que éste se halle registrado en un inventario adaptado, a ser posible, a los estándares internacionales. Recomendamos a instituciones públicas y a coleccionistas privados que registren sus colecciones haciendo uso de este tipo de herramientas. La UNESCO promueve el uso del llamado Object ID, un estándar internacional para describir objetos culturales (que incluye fotografía y una descripción detallada). En caso de robo, tal descripción puede ayudar a las autoridades a encontrar el objeto en cuestión y facilita la inclusión del objeto en la base de datos de INTERPOL sobre obras de arte robadas. Un mismo sistema de inventarios aplicado de forma universal, ayudaría a los Estados en el rastreo de los objetos robados y, por ende, mejoraría la cooperación internacional en éste ámbito.
Por otro lado, la UNESCO alienta tanto a instituciones públicas como a coleccionista a asegurarse que todo objeto cultural que adquieran vaya acompañado de un certificado de exportación del país de origen. También existe un estándar internacional el ‘Modelo de certificado de exportación de bienes culturales’ elaborado conjuntamente por la UNESCO y la Organización Mundial de Aduanas. Ambas organizaciones recomiendan a sus respectivos Estados Miembros el uso de dicho certificado para objetos de este tipo. Además de las disposiciones de la Convención de 1970 y del Convenio de UNIDROIT de 1995, las Directiva 2014/60/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, se estipula que un poseedor deba demostrar que ejerció la diligencia debida en el momento o de la adquisición del bien.
P. ¿La UNESCO trabaja con otros organismos internacionales sobre este asunto? ¿Y con gobiernos?
R. Sí, estamos trabajando en varias direcciones. El objetivo es prevenir antes de los conflictos, con socios como la unidad de Obras de Arte de INTERPOL, policías nacionales como la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales de la policía francesa, la Guardia Civil, en España o los Carabinieri en Italia. La UNESCO, en colaboración con organismos como la OMD, la UNODC, UNIDROIT o INTERPOL, forma a agentes de aduanas, policía especializada y especialistas en el campo de la protección del patrimonio en temas relacionados con el control de procedencia de objetos culturales.
P. ¿Está utilizando el Estado Islámico los ingresos que obtiene de la venta ilegal de obras de arte para financiarse?
Es un hecho, que además ha sido reconocido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su resolución 2199 del 12 de febrero. Esa resolución condena la destrucción del patrimonio cultural en Irak y Siria, sea accidental o deliberada y observa que Daesh (acrónimo del Estado Islámico en árabe) generan ingresos al participar directa o indirectamente en el saqueo y contrabando de artículos del patrimonio cultural de los sitios arqueológicos, museos, bibliotecas, archivos y otros sitios en Irak y Siria. La resolución afirma también que esos ingresos se están utilizando para apoyar sus actividades de reclutamiento y fortalecer su capacidad operacional para organizar y perpetrar atentados terroristas. Por lo tanto, no se trata únicamente de la destrucción deliberada del patrimonio cultural, que de por sí constituye un crimen de guerra. Es también un problema de seguridad humana que nos preocupa muchísimo.
P. ¿Existe la posibilidad de convocar una conferencia internacional sobre este tema?
R. La UNESCO ya ha organizado varias reuniones a todos los niveles desde el principio del conflicto, con especialistas y lideres políticos, para alertar de la situación y movilizar voluntades: en julio de 2014, en septiembre, el 3 de diciembre pasado… y vamos a continuar. De hecho, a primeros de abril he convocado una reunión en la UNESCO cuyo objetivo es poner en marcha una coalición de socios para implementar la resolución 2199 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.