Salud. El 42% de los encuestados no logró todavía ninguna cobertura para los tratamientos. Y el 39% consiguió, apenas, acceso a una cobertura parcial.
La ley está, pero ponerla en práctica parece todavía una tarea titánica. Es lo que dicen las parejas que deben recurrir a la ciencia porque no pueden tener hijos naturalmente. A casi dos años de la sanción de la ley 26.862, que garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de la Reproducción Asistida, la Asociación Civil Concebir (Grupo de apoyo para personas con trastornos en la reproducción) hizo una encuesta para medir la situación de los pacientes que deben recurrir a algún método de fertilización para poder tener un hijo.
Según los resultados del sondeo, realizado a fines de 2014 entre 344 personas con dificultades en la reproducción –con un promedio de edad de entre 35 y 39 años–, el 42% de los encuestados no logró todavía ninguna cobertura para los tratamientos y el 39% consiguió, apenas, acceso a una cobertura parcial. Además, el 24% aún no pudo realizar ningún tratamiento de reproducción. Respecto de la medicación, sólo el 24% obtuvo una cobertura total; el 29 % recibió un descuento del 40% y 32% no obtuvo descuentos.
“Un dato que nos sorprendió es que el 67% de la muestra no realizó el reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud y que nada más que el 9% inició acciones legales –como amparos– reclamando por la cobertura”, dijo Estela Chardon, co fundadora de CONCEBIR. Y agregó: “Lo que más preocupa de los resultados de la encuesta es la existencia de barreras totales o parciales para el acceso al tratamiento, contraviniendo lo dispuesto por la ley”.
El objetivo de la encuesta “Reproducción Asistida: ¿acceso igualitario?” fue recopilar información acerca de experiencias concretas de implementación de la ley para saber cuáles son las principales barreras para su aplicación. “La ley 26.862 fue regulada por el decreto 956/13, pero no fue suficiente para que se ponga en práctica la totalidad de la norma. Han quedado lagunas legales. Por ejemplo, no queda claro que implica cobertura integral, no sólo en cuanto a la medicación sino también a otros servicios indispensables en los tratamientos como el apoyo psicológico, la criopreservación de embriones o algunos estudios diagnósticos que deberían cubrir tanto el Estado como las Obras Sociales y las Prepagas”.
Las parejas que necesitan donación de óvulos o semen para lograr un embarazo, son las que más trabas encuentran en la actualidad para acceder a un tratamiento de fertilización. “Principalmente, porque no están habilitados los centros de reproducción como bancos de gametas”, dice Chardon. El problema es que el 44% de los encuestados necesitan gametas donadas para intentar un embarazo. “Por razones de índole médica, no es aconsejable la transferencia a la mujer de más de dos embriones por ciclo. Por lo tanto, para evitar el riesgo de embarazos múltiples, cuando el número de embriones es mayor a dos, hay que criopreservarlos para que, en caso de ser necesario, puedan ser transferidos en un intento posterior.
Pero, nuevamente, en muchos casos no se da cobertura a la criopreservación, lo que en caso de producirse un embarazo múltiple pone en riesgo a la mujer y a los bebés”, explica Chardon. “Tras la sanción de la ley fueron surgiendo dificultades, algunas de ellas relacionadas a la interpretación de la norma y otras a la falta de regulación. Esto generó una situación de inequidad y discriminación ya que, a pesar de la vigencia de una ley nacional, en la Argentina todavía las personas infértiles, en muchos casos, no pueden acceder a los tratamientos que los podrían ayudar a concebir”, dijo Chardon. “Entendemos que el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud deberían dictar las resoluciones que aclaren los puntos que no están claros, de manera que no queden librados a la interpretación de las partes. De todas maneras, primero es fundamental la aprobación de la ley especial que regula los Tratamientos de Reproducción Asistida, que obtuvo media sanción en Diputados en 2014.
Algo importante a aclarar es que la ley 26.862 es de cobertura y, por lo tanto, no especifica muchos temas de regulación necesarios. Estas cuestiones adicionales están establecidas en la ley especial con media sanción de Diputados, que actualmente espera el debate en el Senado”, explica Guillermina Pieroni, asesora legal de Concebir.
Testimonio: “La ley no se aplica”
Gisela Antón tiene 42 años y hace 8 que busca quedar embarazada sin éxito. Una vez lo logró, pero a la semana lo perdió. A partir de ahí, se hizo montones de estudios que llegaron a un diagnóstico poco alentador: falla ovárica, trombofilia. Entonces con Claudio, su pareja hace 15 años, se sometieron a varios tratamientos de fertilización. Primero fueron tres intentos de baja complejidad, con los que no pasó nada.
Luego siguieron cuatro de alta complejidad, que tampoco terminaron bien. Cuenta Gisela que para pagarlos pidieron plata prestada a todo el mundo y hasta hicieron rifas. Ante los fracasos, los especialistas le dijeron a Gisela que la única solución es la ovodonación, es decir, usar óvulos donados por otra mujer. A todo esto, como su obra social se negaba sistemáticamente a cubrirle nada, iniciaron un juicio que ganaron y la obra social debió cubrirles dos tratamientos con ovodonación, que fallaron. La clínica donde se atendía le “regaló” otro intento, que tampoco tuvo éxito.
¿Y la ley? “No, la ley no se aplica porque ni en la ciudad ni en la provincia de Buenos Aires hay registrados bancos de gametas, entonces no puedo recurrir a la ley, tendría que mudarme a una provincia que sí haya registrado algún banco de óvulos”. De todas maneras, Gisela dice que no se da por vencida, que va a hacerse un último tratamiento, que va “a todo o nada”. Sí, lo pagan ellos, les va a costar entre 50.000 y 70.000 pesos. “La plata no la tenemos, le vamos a volver a pedir a todo el mundo”, dice Gisela. ¿Y no pensaron en adoptar un chico? Sí, claro. Hace un año que estamos anotador en el Registro Nacional, pero tampoco tuvimos ninguna respuesta.