Una ex jefa de Gabinete habría ocasionado pérdidas al fisco por U$S 6.000 millones Erenice Guerra, ex “primera ministra” de Lula y asesora de Dilma, está vinculada con un grupo que, a través de coimas, reducía o anulaba multas a grandes empresas.
El nuevo escándalo de corrupción que sacude a Brasil y que superaría con creces las multimillonarias pérdidas que generaron al Estado los desvíos en Petrobras, involucra a una ex ministra de Luiz Lula da Silva y ex asesora cercana a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Se trata de la abogada Erenice Guerra, quien fue jefa del Gabinete durante el gobierno de Lula, al sustituir en ese cargo a la actual mandataria, cuando ella dejó el ministerio coordinador para dedicarse a la campaña que la llevó a la Presidencia.
De comprobarse la vinculación de Guerra con este último caso de corrupción -que podría haber ocasionado pérdidas estimadas en U$S 6.000 millones al fisco-, sería la cuarta “primera ministra” de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) en verse directamente implicada en los mayores escándalos de corrupción que vive el país desde la restitución democrática, en 1985.
Los presuntos nexos de Guerra con este último escándalo fueron reportados por la revista semanal “Veja”. La sospecha es que ella integró una red que operó durante años en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (Carf) del Ministerio de Hacienda. La acción del grupo consistía en sobornar a los miembros del Carf para que redujeran o anularan las multas por evasión fiscal a grandes contribuyentes.
La presunta vinculación de Guerra con el grupo se basa en un contrato que la abogada firmó con la filial brasileña del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei. Ella se comprometió a prestar “servicios profesionales relativos a la defensa” de la firma en el ámbito de la Administración Tributaria Federal.
Para cumplir el acuerdo, Guerra se habría asociado secretamente con el también abogado José Ricardo da Silva, quien fue miembro del Carf hasta febrero de 2014, y es señalado como uno de los líderes de la red ilegal.
La deuda con el fisco que cuestiona el grupo chino asciende a 705,5 millones de reales (unos U$S 227,6 millones). Según lo acordado, Guerra recibiría el 1,5% del valor que la empresa dejara de pagar al Estado. El nuevo escándalo involucra a importantes empresas nacionales y extranjeras. Entre ellas, Petrobras; la constructora Carmago y Correa; la distribuidora de energía Light; los bancos Bradesco, Santander, Safra, Pactual y Bank Boston; las terminales de vehículos Ford y Mitsubishi; el grupo de comunicación RBS; y el grupo BR Foods, un gigante del ramo alimenticio.