La Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó la presentación argentina; el caso vuelve al juez Griesa.
No fue la señal que esperaba la Casa Rosada. Tras días de expectativa, la justicia norteamericana mantuvo ayer firme la declaración de “desacato” contra la Argentina por negarse a pagarles a los holdouts. Además, la decisión de la Cámara de Apelaciones de “desestimar” la apelación presentada por los abogados que representan al país sumó un espacio de incertidumbre sobre en qué momento podrá el país liberarse de esa carga.
El interrogante se desprende del hecho de que ahora la posibilidad de remover el desacato depende de que el juez Thomas Griesa, que fue quien lo sancionó, establezca las consecuencias de tal decisión. Algo que no ha hecho desde septiembre pasado y que no está claro cuándo ocurrirá.
En una declaración de pocas líneas, lo que resolvió la Cámara de Nueva York fue desestimar la apelación argentina y, por el contrario, “conceder” la solicitud de los llamados fondos buitre para que el desacato siga firme.
Pero la novedad es que el giro se definió por una cuestión procesal. Los magistrados entendieron que no podían atender la apelación si Griesa no “completa” la figura de desacato.
“El tribunal prefirió esperar a que el juez Griesa disponga alguna sanción o a que dé forma a su fallo de alguna manera antes de decidir sobre él”, explicaron a LA NACION abogados que vienen siguiendo el caso.
Ésa fue la interpretación que se dio al giro usado por Rosemary Pooler y Susan Carney, las dos integrantes de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que ayer decidieron “conceder” el pedido elevado por los llamados “fondos buitre” para que la figura del desacato permanezca tal y como está desde el pasado 30 de septiembre. “La orden final [de Griesa] todavía no ha sido emitida”, señalaron.
El pronunciamiento del tribunal se venía esperando con enorme expectativa desde el pasado martes 24. Era poco menos que la hora definitiva sobre la figura del desacato, que tanto da que hablar sobre su real sentido. Pero lo cierto es que, expresado en pocas líneas, la decisión deja las cosas tal como estaban.
Apenas conocida, el Ministerio de Economía vio en la decisión una prueba del argumento que defiende Axel Kicillof en el sentido de que el desacato de Griesa es “un disparate” que no tiene “efectos concretos” sobre la Argentina. La resolución de la Cámara de Apelaciones “por falta de jurisdicción no es una afirmación de la orden de desacato”, sostuvo la cartera. “Lo único que eso significa es que ahora hay que esperar a que el juez complete el procedimiento para luego, una vez más, insistir en la revisión”, señaló, en un comunicado. El texto renovó las críticas habituales contra Griesa. “Esto demuestra que su absurda decisión, violatoria del derecho internacional, no tiene ningún efecto práctico, sino que, por el contrario, sólo sirve para alimentar la campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre y sus aliados locales contra la Argentina.”
De paso adelantó la decisión de “volver a apelar” en el caso en que Griesa efectivamente disponga medidas complementarias o sanciones al “desacato” que dictaminó el pasado 30 de septiembre.
El juez aplicó ese giro inédito por entender que, al buscar mecanismos alternativos de pago, el gobierno argentino intentaba burlar el fallo por el que impidió a la Argentina pagar a sus acreedores, si al mismo tiempo no pagaba también lo adeudado a los fondos que obtuvieron sentencia firme para que se les paguen cerca de 1500 millones de dólares.
Desde entonces, y pese a que el Gobierno dice que “no significa nada”, se viene librando una dura batalla para eliminar ese pendón, cuyo alcance es materia de disputa. Tanto los abogados de la Argentina como los de los fondos NML Capital hicieron duras presentaciones ante la cámara revisora.
La Argentina sostuvo que no se puede declarar en desacato a un país soberano. Los buitres, que cuando emitió sus bonos de deuda la Argentina “decidió voluntariamente supeditarse a los tribunales” que ahora ignora, y que actuar como si eso no hubiese ocurrido es “una conducta irracional.”
Ahora habrá que esperar qué ficha mueve Griesa. En su momento, los buitres le pidieron que aplique una multa de 50.000 dólares por cada día que la Argentina pase “en desacato” a su fallo. El magistrado hasta ahora no ha querido hacerlo.
En Buenos Aires, el abogado Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, dijo a LA NACION que “la Cámara consideró que no es una orden final sujeta a apelación. Cuando el tribunal inferior emita una orden definitiva con sanciones es posible que la Argentina apele nuevamente y esa apelación sea tramitada por la Cámara”. Por lo tanto, cuando Griesa imponga una eventual sanción concreta, el estudio jurídico Cleary Gottlieb Steen & Hamilton podrá volver a la Cámara, “porque no se rechazó el planteo de la Argentina, sino la oportunidad o timing del pedido”, dijo Etchebarne.
El especialista agregó que una vez que el desacato quede firme “alguna consecuencia va a tener eventualmente, aunque no se sabe aún cuál será; no es gratis estar en desacato”.
El socio del estudio Garrido Eugenio Bruno opinó en Twitter que la “causa del desacato fue la sanción de la ley de pago soberana. Y la Cámara rechaza la apelación. Pero como la orden de Griesa no fue definitiva, porque faltan sanciones, ahora el juez “debe tratar el tema de posibles sanciones o no y luego la Cámara resolverá todo”, agregó Bruno.