La situación que involucra a la Argentina en su conflicto con los fondos buitres ha tenido esta semana dos eventos importantes. Uno de ellos vino de la mano del grupo Clearsteam, de origen alemán, que anunció que actuará como agente de transferencia de bonos de la deuda argentina con domicilio de pago en Buenos Aires. La segunda fue la decisión del juez Griesa de incorporar el reclamo de los denominados “mee too” a la demanda iniciada por los fondos NML Capital y Elliot Management por un monto que llegaría a los cinco mil millones de dólares.
Ambas situaciones suponen un logro y una derrota para el Gobierno argentino. Según informó Carlos Burgueño en Ámbito Financiero, “la agencia Clearsteam, la más importante del mundo en cuanto a la garantía y custodia para que se concreten los pagos de los títulos públicos soberanos de los países que la contraten (entre ellos la Argentina), emitió el 2 de junio un comunicado por el cual le recomienda a sus clientes que “abran una cuenta en la Comisión Nacional de Valores” para recibir las liquidaciones correspondientes; operación que cuenta “con el aval” de la compañía. La agencia será, a su nombre, la que se encargará de girar los fondos del pago de la deuda argentina al exterior, cubriendo al país de cualquier embestida y potencial decisión de embargo internacional del juez norteamericano contra los pagos de los bonos argentinos emitidos bajo jurisdicción local y pagos en Buenos Aires”. El dinero colectado del pago de impuestos de los argentinos para pagar deuda externa está bien lejos ahora de las garras de los buitres. En el otro frente, y quizá en respuesta a este desafío, el juez Thomas Griesa dispuso ampliar la demanda en contra del país. Griesa ha dado vía libre a las “36 acciones” adicionales que se presentaron en la audiencia pública celebrada el pasado viernes en su juzgado, al considerar que “han satisfecho” lo requerido para obtener la aceptación a su pedido de ser sumadas a la causa bajo el mandato de la cláusula “pari passu”. La suma de los reclamos ascendería a 5.200 millones de dólares, según detalló en dicha audiencia el abogado defensor de Argentina, Carmine Boccuzzi. El letrado del fondo buitre NML, Robert Cohen, quien actuó allí en representación de todos los demandantes, dijo que estas acciones condensan a más de 500 inversores con título en default.
Este nuevo fallo traza una cifra definitiva al reclamo judicial de los buitres contra la Argentina. La situación, que no es nueva, sí trajo un dato crucial para quien deba gobernar el país en el próximo turno: hay herramientas para accionar en contra de estas pretensiones, pero hace falta darse una estrategia que saque al país de la lastimera situación de ser un contendiente débil frente a un adversario omnipotente, como lo son estos grupos cuasi delictivos, que hacen su agosto en negocios de derivados de deuda.
Argentina necesita acción política, y un “refreshment” en su estrategia legal de cara a los años por venir.