Estamos en un año electoral. Un viejo periodista solía señalar: “Político en campaña es como perro ante el plato de comida; nunca metas la mano porque te la va a morder”. Todo se torna raro en este contexto preelectoral, y cada acción es visualizada como un ataque.
En eso estamos cuando, aupado en una orden judicial, un abogado de Clarín se presenta en casa de Víctor Hugo Morales para tomar nota de efectos que pudieran ser sometidos a embargo, con el objeto de cobrar una sentencia de ochocientos mil pesos que pesa sobre el relator uruguayo a consecuencia de un juicio iniciado por Cablevisión cuando la empresa no pertenecía al grupo liderado por Magnetto.
El debate está lanzado: ¿tiene razón Morales, o Magnetto? Esta situación expone una vez más el estado de anomia que la sociedad argentina atraviesa. Las leyes siempre son para aplicarlas a los demás, nunca para uno mismo. Víctor Hugo Morales cometió un ilícito al exponer en la pantalla de Canal 7 imágenes del partido Real Madrid/Boca. Morales arguye que fue una decisión de la producción, que él no tuvo nada que ver. Cuesta pensar que la producción podría imponerle a Morales el criterio de qué exhibir o no en el desarrollo del programa.
La defensa es poco creíble, pero no es menos cierto es que en un año electoral, y teniendo la posición que ostenta Morales, la acción llevada a cabo por la querella es torpe y desata vientos huracanados. Hasta FOPEA, que está básicamente conformada por periodistas que no militan a favor del Gobierno, salió a repudiar la acción de marras.
La verificación patrimonial -eso fue lo que ocurrió, y no un allanamiento- fue utilizada por Morales para victimizarse y dar nuevamente palos a Héctor Magnetto, CEO de Clarín, con quien mantiene un antiguo encono. Hojarasca mediática que será llevada por el viento, pero que sí ha tenido un efecto que por cierto favoreció nítidamente al Gobierno: con todo este ruido en primer plano, nadie recordó de manera sustantiva, a nivel de los medios que más pesan sobre la opinión pública, que se cumplieron veintiún años del atentado criminal a la AMIA, y que este atentado, al igual que el perpetrado contra la embajada de Israel, está aún sin esclarecer. La cobertura otorgada al tema fue mínima, y en medios vinculados ideológica y funcionalmente con el Gobierno, nula. Sin dudas un éxito para el Gobierno, que los muertos y el acuerdo con Irán como cuestiones centrales para el sentir colectivo, hayan quedado a un nivel comunicacional inferior que una constatación de bienes hecha a derecho y por orden judicial.