José Luis Bruno, funcionario federal de Orán, quiere construir un terraplén de 3 metros de alto para frenar el narcotráfico y la trata de personas entre Aguas Blancas (Argentina) y Bermejo (Bolivia)
Para combatir el narcotráfico y la trata de personas, un fiscal federal pidió la construcción de un murallón en la frontera con Bolivia, una zona caliente del contrabando. “No es una solución, pero sería un paliativo para frenar el contrabando de drogas y el tráfico de personas y de divisas”, sostuvo a LA NACION el fiscal federal de esta ciudad, José Luis Bruno.
El funcionario explicó que la iniciativa de construir un murallón o terraplén en la zona de Aguas Blancas, en el límite con la ciudad boliviana de Bermejo, es sólo una medida de un plan integral que contempla la instalación de un destacamento de la Gendarmería Nacional, con 400 gendarmes. También, el cierre del puerto Chalanas, donde los contrabandistas cruzan la mercadería desde Bolivia hacia la Argentina.
La idea de Bruno consiste en la construcción de un muro de tres metros de altura y 1200 de largo, desde el puente internacional de Aguas Blancas “hasta la primera serranía”. El límite entre Aguas Blancas y Bermejo es una zona caliente del contrabando de mercadería y de drogas.
“La zona permite hacer un muchos negocios ilegales. Solicitamos la construcción de un murallón que sirva para encauzar el caudal del río Bermejo y, de paso, sea un obstáculo más para los contrabandistas”, agregó el fiscal federal.
“En la frontera no sólo hay tráficos de drogas, también hay contrabando de divisas y de personas”, afirmó el representante del Ministerio Público.
El juez federal de San Ramón de la Nueva Orán, Raúl Reynoso, estuvo reunido días pasados con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, para ponerlo al tanto de la grave situación de la frontera caliente del narcotráfico. Ayer, la Corte creó una comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico (de lo que se informa en la página 18).
“La droga va por todos. Los narcotraficantes utilizan todos los pasos no habilitados posibles”, explicó Bruno.
El poder de la droga trajo a la frontera también a sicarios y crímenes. Hubo un triple homicidio en Acambuco y un doble homicidio en Tartagal, sobre la ruta 9.
En 2013, Reynoso y magistrados de otras provincias del norte argentino presentaron un duro informe sobre la realidad del narcotráfico que se vive en la frontera con Bolivia, que fue utilizado por la Corte Suprema de Justicia para solicitar medidas urgentes al Consejo de la Magistratura y a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad de la Nación.
Del encuentro participaron el vicepresidente de la Cámara de Apelaciones de Tucumán, Ricardo Sanjuan; el presidente de la Cámara Federal de Salta, Jorge Villada; el titular del juzgado federal N° 1 de Tucumán, Raúl Bejas; el titular del juzgado federal N° 2 de Tucumán y magistrado subrogante del juzgado federal N° 2 de Jujuy, Fernando Poviña; el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari; Julio Bavio, subrogante en el juzgado federal N° 1 de Salta; Ricardo Moreno, subrogante en el juzgado federal de Catamarca; Mario Cardozo, titular del Juzgado Federal N° 1 de Jujuy; Zunilda Niremperger, jueza federal de Chaco; el juez Reynoso y Domingo Altieri, juez del Tribunal Oral Nº 18 de la ciudad de Buenos Aires y consejero de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
En 2014, los jueces se reunieron nuevamente y, en esa oportunidad, eligieron un lugar como símbolo: San Ramón de la Nueva Orán. Después de un debate e intercambio de ideas, elaboraron un documento en el que solicitaron al gobierno nacional recursos para “optimizar la prevención, la investigación y combate” del narcotráfico y otros delitos, como la trata de personas.
Las solicitudes de los magistrados también fueron dirigidas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que haya una “dotación del personal necesario y capacitado para las secretarías judiciales”.