El diputado nacional Jorge D´Agostino habló en la 99.9 sobre su proyecto para que los sobreseimientos en las causas contra funcionarios públicos puedan ser reabiertos y comenzar una nueva investigación: “estos funcionarios son los mismos que nombraron a los jueces que los están juzgando”, remarcó.
Las denuncias contra funcionarios públicos que son rápidamente desestimadas por empleados asignados por el propio gobierno, son un problema dentro de la justicia. Para corregir esa falencia, el diputado nacional Jorge D´Agostino propone la posibilidad de crear una ley que permita reabrir ese tipo de causas y realizar otro juicio.
En la 99.9, el propio legislador explicó cuáles son los objetivos de esta medida. “La idea es la recuperación de la justicia como herramienta sustancial en los procesos judiciales y la recuperación de la legitimación del gobierno. Argentina tiene un deterioro en el reconocimiento de las instituciones”, explicó.
En cuanto a la propuesta concreta, agregó que “pretendemos quebrar la cosa juzgada de los sobreseimientos en las causas de los funcionarios públicos. Estamos hablando de 1.000 causas, pero 434 tiene la presidenta, 80 tiene el vice presidente y todas mayormente son por enriquecimiento ilícito. Hay procesos que se terminan de manera fraudulenta, lo cuál es una extrema injusticia, algo que no podemos considerar como derecho”.
Esto ha pasado a formar parte de la justicia en el país y no se puede permitir, porque hay una evidente relación entre quienes designan a los funcionarios judiciales y quienes después terminan archivando las cuestiones: “no es nuevo en Argentina, es nuevo en la legislación. Los funcionarios públicos que hayan sido sobreseídos o tengan causas que sean sobreseídas ahora, son los mismos que nombraron a los jueces que los están juzgando; entonces pretendemos que se abran las causas y se haga un proceso justo”.
D´Agostino también apuntó directamente hacia la Procuradora General de la Nación: “estamos en presencia de una situación entramada que ha conducido la procuradora Gils Carbó ubicando fiscales y cuando son de su íntima confianza los ubica en juzgados donde radican causas sensibles al poder. Esos fiscales no acusan, no buscan pruebas ni llaman testigos. Pedir el archivo no es un criterio libre del fiscal, sino que surge de los hechos”, aclaró el diputado.
Antes no se había podido avanzar con una medida de esta indole porque las mayorías absolutas se imponían, escenario que cambiará desde el 10 de diciembre. “Ahora preside la comisión de legislación penal Patricia Bullrich, pero no tiene mayoría. Ese despacho lo lograremos consensuando lo suficiente para llegar a la mayoría entre todos los bloques que están reclamando esto pero no podíamos tratarlo porque la mayoría automática del oficialismo no lo permitía”, concluyó.