Está acusado de liberar a narcos a cambio de dinero.
Para los fiscales Diego Iglesias y Eduardo Villalba no hay dudas: el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, a cargo de la frontera caliente del contrabando, dirigía y coordinaba una asociación ilícita, que entre otras delitos, liberaba a presuntos narcotraficantes a cambio de importantes sumas de dinero y bienes.
Así lo sostuvieron los representantes del Ministerio Público en un dictamen que presentaron ayer ante el juez federal de Salta Julio Bavio, a quien solicitaron el procesamiento de Reynoso y de otros siete sospechosos, entre los que figuran abogados y funcionarios y empleados judiciales.
En la presentación, Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Villalba pidieron la prisión preventiva de Reynoso, decisión que no podrá hacerse efectiva hasta que el juez federal de Orán pierda los fueros que tiene como magistrado.
“Reynoso dirigía y coordinaba la asociación de carácter estable, con soporte estructural, división de roles, regulación interna de las facetas de organización, liderazgo, con la capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita”, se afirmó en el dictamen, al que tuvo acceso LA NACION.
“Ha quedado cabalmente demostrado que el juez federal de Orán, abusando de su cargo y valiéndose del carácter intimidatorio de su figura de único magistrado actuante en materia de narcotráfico con competencia a lo largo de 700 kilómetros de frontera con la República de Bolivia, construyó una figura con amplio poder intimidatorio sobre las personas por él detenidas o privadas de su libertad en causas en infracción a la ley 23.737 [de estupefacientes], exigiendo a éstos y/o terceros la entrega de contribuciones dinerarias para mejorar su situación procesal”, afirmaron los fiscales Iglesias y Villalba.