Causa CNU | Avanza el juicio de la llamada causa CNU, y se develan detalles que problematizan el discurso que algunos testigos han repetido por cuarenta años. Los grandes mitos históricos que se construyen en el silencio son vistos con una nueva lente. Para no opinar con el diario del lunes.
Los juicios por las acciones del terrorismo de Estado son imprescindibles, pero también es necesario que el objetivo de los llamados Juicios por la Verdad sea ése, la verdad, y que no se agreguen a ellos otros fines, como ha demostrado el devenir de algunas de las causas que se vienen llevando a cabo, sobre todo en esta ciudad.
Actualmente se suceden las audiencias del debate oral y público en el que son juzgados diez civiles y un militar retirado como presuntos integrantes de una asociación ilícita atribuida a la Concertación Nacional Universitaria (CNU). En ese marco, declaró el sociólogo Abel “Cacho” Ayala, y sumó información importante, que no había estado aún en boca de los demás testigos.
Ayala hoy es jubilado, y fue director de la primera consultora de Mar del Plata. Fue él quien recordó que a principios de los ’70 había conformado el Grupo Lealtad dentro del peronismo, junto a José Nicoló y Jorge López, entre otros. Subrayó que cuando asumió como normalizador de la Universidad Provincial Josué Catuogno, supieron que Eduardo Cincotta, entonces secretario general de la Universidad, quería hablar con ellos. “Había una reticencia porque se decía que él iba al GADA (Grupo de Artillería de Defensa Aérea)”, explicó el testigo, razón por la cual ellos prefirieron reunirse con quien era el secretario académico de la institución, Gustavo Modesto Demarchi.
Recuerda que el resultado de la reunión fue el pedido de que ellos se hicieran cargo de la Facultad de Humanidades, con el fin de evitar supuestos enfrentamientos con grupos de izquierda que estudiaban y militaban allí.
Cuando lo interrogaron acerca de si los imputados cuyos nombres le habían sido leídos al inicio de la audiencia eran parte de la organización Concentración Universitaria, Ayala señaló, respecto de Raúl Arturo Viglizzo, que le constaba su pertenencia a CNU, lo mismo que Juan Pedro Asaro, uno de los Ullúa y José Luis Granel. De Roberto Justel dijo que se enteró después de esos años, y que Mario Durquet no negaba su participación en la agrupación. También estaban los hermanos Arenaza. Respecto de Demarchi sostuvo: “Para mí, no”. La razón que esgrimió fue más que elocuente. Después de repasar su actividad profesional ligada al gremialismo, ahondó: “Por una razón de personalidad, no admitía persona por encima de él. Si no mandaba él, no servía”.
Ayala también se refirió a los crímenes de María del Carmen Maggi, de Daniel Gasparri y del psicólogo Roberto Sanmartino. ¿Dónde enmarca estos asesinatos?, le preguntaron. “En el marco de la locura que vivíamos”, señaló. Dijo además que eran muertes por cuestiones políticas. “Era la derecha contra la izquierda, y la izquierda contra la derecha también”, remarcó.
Los nombres
El testigo Abel Ayala se refería a la época como de ¨locura generalizada¨ por enfrentamientos entre la derecha y la izquierda, locura a la que el 90% de la población se mantenía ajena, dato que recavó de encuestas realizadas por su encuestadora.
Refirió además que Monseñor Pironio pretendía que se adelantara el documento de traspaso de la Universidad Católica a la universidad estatal: “Pironio me dijo que quería sacarse este problema de encima”, declaró, en coincidencia con lo declarado por la escribana Ruggieri en esta causa.
Gustavo Demarchi era secretario académico al momento de nacionalizarse la universidad, y según indica Ayala, fue quien le ofreció la conducción de la Facultad de Humanidades a la agrupación Lealtad, de la que Ayala formaba parte, y le solicitó que se encargara de limitar en sus funciones a todo el personal integrante de la Tendencia, identificada con Montoneros, ya que en ese momento no se designaban cargos por concurso.
También recuerda que como parte de su tarea política, tuvo que de dar de baja 300 o 400 fichas de empleados de dicha agrupación que no trabajaban –“les pagaban por su militancia“-. Recuerda además que Alfredo Cuesta, entonces integrante de Montoneros, fue quien lo instó a reincorporar a esos ñoquis. Ayala se negó, y por esa razón Cuesta puso un revólver sobre el escritorio y le preguntó, en una actitud evidentemente intimidatoria, si no tenía miedo de que le pegaran un tiro.
Se refirió también a las tomas de distintos establecimientos públicos, que por esos días se realizaban casi cotidianamente, y en algunos casos con presencia de armas, como en el INE (Instituto Nacional de Epidemiología). Ayala recordó la toma del Hospital Interzonal de Mar del Plata, y refirió que Andrés Cabo -quien fue testigo de esta misma cusa- fue quien lo mandó a que expulsara a las integrantes de la cooperadora de esa institución. Ayala recuerda que se negó a hacerlo, en tanto no se le proveyeran los insumos médicos necesarios. En esa oportunidad, recuerda, Cabo le respondió insultándolo, y le dijo “fascista”.
Con respecto a la pertenencia de Demarchi a la agrupación CNU, el testigo lo negó, y agregó que por lo que él sabía, sólo era miembro del sindicato de abogados peronistas.
Cabe recordar aquí que el testimonio tan discutido de Mirtha Masid, considerada testigo clave para que se desencadenara esta causa, sigue siendo un problema. Masid, desde Mendoza, se niega a declarar ante el tribunal aduciendo daño psíquico, lo cual no permite contrastar sus dichos anteriores, ni siquiera a través de la videoconferencia. Pero en realidad hay razones de peso para afirmar que Masid habría sido inducida a declarar a cambio de una suma de dinero que nunca se hizo efectiva, lo cual explicaría su reticencia.
Inexactos
El Código Penal prevé penas de prisión a quien brinde falso testimonio, y estas penas pueden llegar hasta 10 años de cárcel cuando este sea en perjuicio de los imputados. No obstante, una testigo hoy acusada por falso testimonio, dio datos en su declaración en el juicio que resultan fácilmente contrastables con la realidad histórica.
Se trata de Elena Arena, quien actualmente ejerce como secretaria adjunta del Sindicato de Prensa de Mar del Plata, y relató que entre setiembre de 1974 y el mismo mes de 1975 se desempeñó como empleada administrativa en la Facultad de Derecho. Dijo que su principal función fue la protección de la documentación relacionada con los libros de actas de exámenes, pagos de sueldos a profesores, y demás. Al mismo tiempo que trabajaba, estudiaba Sociología y Ciencias Políticas en la Facultad de Humanidades, y desarrollaba su militancia política en el peronismo de base.
En la denuncia por falso testimonio que tiene a Arena por acusada, el abogado Instanti explica: “… si la testigo hubiera tomado el recaudo de constatar primero la hora y luego montar su mentada historia de una manera compatible, hoy (los damnificados) estaríamos en total indefensión, al menos frente a ese relato (…) su total falta de escrúpulos nos salvó“. Y también: “Es probable que la impunidad de hacer cualquier cosa en una causa de tinte y naturaleza política, con un claro y manifiesto impulso oficial al respecto, haciendo a la política de persecución judicial política de Estado, la haya impulsado a actuar sin adoptar una mínima prudencia¨.
Se refiere así puntualmente al relato que la testigo hizo con respecto al día del asesinato de Ernesto Piantoni. Arena dijo en su declaración que el 20 de marzo de 1975 llegó a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Mar del Plata, en donde prestaba servicios como empleada. Que eso fue cerca de las 8:45 horas, porque comenzaba sus tareas habituales a las 9:00. Y que allí se enteró de la muerte de Piantoni. Dijo que en el lugar había chicos de la JUP de la universidad, cuyos nombres no recuerda, y que los floristas Tortosa -o al menos uno de ellos-, y el portero Pacheco le dijeron que se fuera, que lo habían matado a Piantoni, y que estaba muy mal la situación. Comentó que recordaba que se había declarado un paro general en Mar del Plata, es decir que no iba a haber trasporte.
Pero dijo luego la testigo denunciada que un rato más tarde tomó un colectivo, en el cual se encontró con una amiga -cuyo nombre no recuerda- y que la ciudad estaba muy distinta. Dice que había autos y personas que exhibían armas. Describe que esas armas salían por las ventanillas de los vehículos, y que esta amiga en el colectivo le dijo: “¿qué te parece?, ¿por qué no nos vamos?“. Agregó que esta amiga tenía una casa en las afueras, para el lado de Balcarce, y que entonces se fueron allí.
Pero insiste Arena en que eso ocurrió hacia media mañana, y que observó desde el colectivo los autos descriptos por todos lados: por Luro, por las calles laterales, que iban y venían, y que la gente estaba como yéndose. Agregó que las calles estaban quedando vacías, porque con el paro de transporte decretado, la gente buscaba sitio donde permanecer. Seguidamente agregó que al otro día, después del entierro de Piantoni, “calcula”, se levantó el paro y ella volvió a su departamento.
El abogado denunciante dice que ella miente, y basa su argumentación en que el atentado contra la vida de Ernesto Piantoni se produjo pasadas las 13, y su fallecimiento a las 14 en la Clínica Modelo. Consecuentemente, el paro de trasportes fue decretado desde las 16 de ese 20 de marzo hasta las 24 del día siguiente. Es decir que Arena nunca pudo haber vivido los hechos tal como los refirió.
De todo lo que relata, en cuanto a que en la puerta de la Facultad a la que se había dirigido para trabajar esa mañana como todos los días se le advirtiera que se fuera, porque con la muerte de Piantoni las cosas estaban mal y que además se había decretado un paro general, a la ciudad liberada para el tránsito de autos ocupados por extraños que portaban y exhibían armas, dice el abogado: “es lisa y llanamente mentira (…) jamás pudo haber vivido cuanto declara”. Y agrega: “la malicia de Elena Arena hace que nombre a testigos fallecidos para hablar de quienes estaban aquel día, y no recuerde los nombres de los que pudieran estar vivos“.
Por esa razón, el abogado reclama la respuesta ejemplar de la Justicia. La describe como una testigo que sin más miente, sin reparo alguno, incluso estando junto a detenidos a los que perjudica con su relato.
Un paso más para reconstruir la historia con la mayor fidelidad posible, y evitar que los juicios sobre situaciones de dolor para el país se conviertan en fuentes de ventaja política para quien no las ha padecido.