La situación del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, frente a la justicia de aquí en más.
“Poder es impunidad”, es la máxima que cinceló para siempre Alfredo Yabrán, que mucho sabía sobre eso. Y a las evidencias hay que remitirse: las investigaciones judiciales sobre corrupción en la Argentina tardan, en promedio, una década en llegar a la instancia de juicio oral; la mayoría de esas causas se cierra por prescripción; y apenas el 3% de los involucrados en 750 grandes casos locales de corrupción analizados durante un cuarto de siglo terminaron condenados.
El problema para el ya ex vicepresidente Amado Boudou es, sin embargo, que él podría ayudar a engordar ese escuálido porcentaje. ¿Por qué?
Porque varios indicios apuntan en esa dirección. Primero, porque a lo largo de estos años acumuló demasiadas causas penales. Segundo, porque se convirtió en uno de los funcionarios kirchneristas que genera más tirria pública. Tercero, porque sembró enemigos que esperaban su oportunidad para cobrársela. Cuarto, porque el peronismo no lo defenderá, porque no lo siente propio. Y quinto, porque llegó demasiado alto, sin una red propia de protección. Es decir, los mismos factores que convirtieron a María Julia Alsogaray en el ícono máximo del menemismo a la hora de recorrer los Tribunales.
Boudou puede, encima, servir como eximio elemento de distracción pública para kirchneristas y macristas por igual, si es que buscan sellar un pacto de convivencia. Les permitiría a ambos mostrar resultados de “depuración” ante la opinión pública, sin ir a fondo sobre otros íconos de la última década larga, como Lázaro Báez o Cristóbal López, o incluso la propia presidenta Cristina Kirchner.
En esa línea, el mundillo politizado de los tribunales federales de Comodoro Py tomó nota de la señal que envió la ahora ex Presidenta, quien excluyó a Boudou de todas las listas para cargos legislativos y, por tanto, lo dejó sin fueros parlamentarios.
Esas y otras señales políticas subterráneas fueron tan fuertes como para que Boudou acumulara pedidos de indagatoria durante los últimos meses. Para peor, Boudou se encargó de destratar a múltiples funcionarios de la “familia judicial”.
El más notorio fue el ex procurador general Esteban Righi, pero también lo hizo con el primer juez del “caso Ciccone”, Daniel Rafecas. Y al fiscal Carlos Rívolo, al que logró apartar. Pero también, entre otros, al juez que aún instruye ese expediente, Ariel Lijo, al que atacó por la prensa oficialista y en sus escritos judiciales, y al que buscó apartar de esa causa, pero sin lograrlo.
Ahora, sin embargo, transcurridas apenas 36 horas desde que expiró su mandato como vicepresidente, Boudou se encontró con la realidad de volver al llano. El juez Lijo le impuso la prohibición de salir del país como al resto de los procesados, mientras que el fiscal de la causa, Jorge di Lello, evalúa si eleva elevar a juicio oral el tramo que lo afecta.