Graciela Palma Arizaga, desde hace muchos años, lucha por reconocer los derechos de aquellos niños que fueron apropiados durante la última dictadura militar, es decir anotados como hijos propios cuando no lo eran. En la 99.9 apuntó fuerte contra Alejandra Gils Carbó y Estela de Carlotto, pero también pidió que haya un cambio en la forma de abordar los Derechos Humanos.
La lucha que se ha planteado en los últimos años por los Derechos Humanos, no siempre ha tenido que ver con todos los derechos que ese concepto abarca. Una de las personas que está luchando hace varios años por conseguir su derecho a la identidad es Graciela Palma Arizaga que habló en la 99.9.
“Las personas que no seguimos el proceso de adopción, sino que fuimos anotados como hijos propios, estamos buscando nuestra verdadera identidad de origen. Siempre fuimos descartados y dejados a un lado”, recordó sobre su reclamo.
Luego apuntó a dos personas que fueron emblemáticas durante el gobierno de Cristina Fernández como la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó y la Sra. Estela de Carlotto presidente de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo: “la Dra. Gils Carbó que creó la Dirección General de Derechos Humanos, ha integrado diversos temas que tienen que ver sólo con los casos de lesa humanidad. La Sra. De Carlotto, defiende a la Dra. Gils Carbó, pero ella misma no ha reconocido nuestro derecho como tal”, señaló.
Lo que pretenden es que se les pueda dar un marco legal a todos los que atraviesan una situación similar a la suya, pero a pesar de hacer los intentos pertinentes siguen sin obtener respuesta. “Una de las cuestiones que estuvimos trabajando es tener una ley, incluso con 4 proyectos de ley que están en la legislatura, pero ninguno prosperó”, agregó después.
La diferencia que tiene el reclamo de aquellos que fueron anotados como hijos propios cuando no lo eran, es que no hay mucho que modificar. “Sabemos que hay prioridades que atender, pero este tema no se puede dejar de lado. El Estado cuenta con las herramientas, no tiene que hacer nada nuevo sino ampliar la Conadi para tener un derecho a la identidad para todos”.
Lejos de los juicios por causas de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país, no pretenden siquiera pasar por la justicia, porque sus derechos pueden ser abordados desde otro sector. “No estamos pidiendo la intervención de la justicia, no vamos contra nadie. Como el adoptado tiene su derecho a consultar el expediente cuando lo desee, nosotros aunque no tenemos expediente y fuimos apropiados, pedimos que el estado nos ayude con las búsquedas y actúe como mediador”, sentenció.
Con el cambio de gobierno, Graciela y otras personas que se encuentran en su misma situación, esperan que se produzca algún cambio puntual. “Se confunde derecho a la identidad con búsqueda de personas, pero nosotros queremos el mismo derecho que los adoptados. Leer sobre su historia de origen y para eso hay que ubicar a las personas que puedan aportar los datos. Además, se complicó a nivel político por intereses económicos”, finalizó.