Oyarbide lo investiga por sobreprecios en la remodelación de estaciones ferroviarias.
El juez federal Norberto Oyarbide procesó ayer a Ricardo Jaime en una vieja causa por irregularidades y supuestos sobreprecios en los arreglos de vagones y estaciones. El procesamiento es por haber “malversado caudales públicos” mientras era secretario de Transporte. Se suma a la larga lista de fallos judiciales adversos a Jaime, que ya tiene dos condenas: por haber cobrado dádivas de empresarios y por su responsabilidad en la tragedia de Once.
La causa en la que acaba de ser procesado es la más antigua de todas. La denuncia la hizo Manuel Garrido cuando estaba al frente de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El primer juzgado al que llegó estaba vacante. Lo dirigía un subrogante, Octavio Aráoz de Lamadrid, que concursaba para juez y la cerró sin esperar siquiera el peritaje que él mismo había ordenado. En 2008 la Cámara reabrió la investigación, que después heredó el juez federal Luis Rodríguez, quien dictó la falta de mérito de Jaime. Por “compensación” (un intercambio de causas entre jueces), Rodríguez se la pasó a Oyarbide, que ayer procesó a Jaime. El pedido de procesamiento lo había hecho el fiscal Carlos Stornelli.
El año pasado, Oyarbide anunció que se jubilaba, pero ahora ya no está tan convencido de querer irse. “Tengo 500 ofrecimientos más divertidos que esto”, dijo el juez a LA NACION en diciembre.
El macrismo le había hecho saber muy claramente que esperaba su renuncia. Uno de los interlocutores con el juez había sido Daniel Angelici, presidente de Boca y nexo habitual del Gobierno con Comodoro Py. Después de esos diálogos, en la Casa Rosada creían que era un hecho la salida de este juez, que siempre fue el más despreciado por Macri. Ahora, el juez ya no está tan convencido de querer irse. Tras la feria de enero, procesó al ex vicepresidente Amado Boudou y ahora, en otra causa, a Jaime.
Garrido, el denunciante, dijo ayer a LA NACION: “Celebro que lo procesen. Más vale tarde que nunca, pero es la prueba de la ineficacia de la Justicia. Era un caso que no tenía ninguna complejidad. Hay que plantearse la forma… Me parece que ha pasado demasiado tiempo”.
Aquella denuncia de Garrido era por dos resoluciones de 2003 que, según afirmó Garrido entonces, “obligaron abusivamente al erario público”. Lo que se cuestionó fueron contratos para remodelar estaciones ferroviarias y para restaurar y modernizar la flota de trenes. Por un lado, se acusó a Jaime de haber aceptado pagarle a Ferrovías tareas que ésta se había obligado a realizar cuando asumió la concesión (como mantener los vagones). Por el otro, haber aprobado pagos superiores a los de mercado para los trabajos.