Admite la querella de Dignidad y Justicia contra 22 miembros de Batasuna y 19 jefes de la banda terrorista. Entre los querellados está Adolfo Araiz, portavoz de Bildu en el Parlamento navarro.
Lo que no ha hecho la justicia española, lo hará la argentina. La Cámara Criminal y Correccional Federal argentina ha anulado el archivo de la querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) contra 22 miembros de Batasuna y 19 jefes de ETA por delitos de lesa humanidad. Tras esta resolución, el juez Rodolfo Canicoba -el mismo que vio lesa humanidad en el atentado en Buenos Aires contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), en el que murieron 85 personas- tendrá que admitirla y abrir un procedimiento contra todos ellos para investigarles como inductores y partícipes de los crímenes de la banda terrorista desde 1994 a 2004.
Lo hará por el principio de justicia universal, una vez constatado y acreditado ante los tribunales de ese país que los españoles limitaron la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA a los perpetrados a partir del 4 de octubre de 2004, que es cuando se incorporaron esos delitos a la legislación española.
Igual que las víctimas del franquismo acudieron a la justicia argentina, la asociación que preside Daniel Porterohizo lo propio en septiembre. Ambas iniciativas han seguido una trayectoria similar: inicial rechazo del juez instructor por falta de impulso del fiscal, que se oponía a la investigación, y orden de investigarlo por el tribunal superior.
En su resolución, la Cámara federal argentina señala que los querellantes acuden a los «tribunales argentinos por aplicación del principio de jurisdicción universal», para «la investigación y el juzgamiento de los responsables de los hechos que tuvieron por víctimas» a los concejales del PP José Luis Caso y Manuel Zamarreño, asesinados el 11 de diciembre de 1997 y el 25 de mayo de 1998, respectivamente, en Guipúzcoa.
«Ambos habrían sido amenazados con el objeto de lograr su expulsión del territorio de la comunidad vasca y asesinados ante su negativa, como parte de la política de persecución de la organización ETA y, en particular, como consecuencia de la estrategia de socialización del sufrimiento implementada a partir de que la Mesa Nacional del posteriormente disuelto partido político Herri Batasuna (HB) aprobara en 1994 la Ponencia Oldartzen».
El tribunal rechaza los argumentos del fiscal para oponerse a iniciar la investigación en Argentina, porque de los 24 artículos de prensa que aportó para acreditar que la actividad de la banda terrorista se había investigado en España sólo uno se refiere a «uno de los hechos por los que se pretende querellar (Caso) y con sólo una de las personas individualizadas como querellados (Javier García Gaztelu). Además, la limitada información que de allí se desprende -que habría sido absuelto por falta de pruebas por la Audiencia Nacional en junio de 2006- no fue corroborada en forma fehaciente por los canales diplomáticos correspondientes».
Por eso, la Sala concluye: «La decisión dictada, lejos de brindar una respuesta seria a la pretensión, optó por plegarse acríticamente a una opinión del fiscal que no estaba mínimamente motivada». Para paliar la falta de impulso de la Fiscalía, el tribunal reitera su jurisprudencia relativa a que los querellantes pueden llevar la iniciativa y más en delitos tan graves como los de lesa humanidad.
Bajo la dirección letrada de Miguel Ángel Rodríguez Arias, experto en Derecho Penal Internacional, DyJ pretende con esta querella evitar la impunidad de las 377 víctimas de los «asesinatos selectivos y masacres de lesa humanidad» cometidos por ETA antes de la incorporación en el Código Penal español de los crímenes de lesa humanidad.
Entre los 22 miembros de la Mesa Nacional de Batasuna contra los que se dirige la querella figura Rufi Etxeberria, al que se atribuye el escrito que apostaba por la «socialización del sufrimiento» y que supuso la extensión de los atentados a políticos, empresarios o periodistas. También está Adolfo Araiz, actual portavoz de Bildu en el Parlamento navarro.
A los dirigentes de la organización terrorista hasta 2004 -desde Iñaki de Rentería hasta Aitzol Iriondo- la querella, que incluye 32 páginas sólo dedicadas a la solicitud de pruebas para practicar, les atribuye la «responsabilidad por el mando» de los crímenes cometidos.
La causa en Argentina acaba de echar a andar. Primero habrá que acreditar que los atentados de ETA han sido investigados y juzgados en España, pero nunca desde la perspectiva de la lesa humanidad. Aclarado ese punto, llegará el momento de proceder contra los querellados, cuya extradición será previsiblemente solicitada para interrogarles en el país sudamericano.