Era inexorable: la decisión de terminar con los negocios ilegales de Florencio Aldrey Iglesias y los hermanos Daniel y José Scioli traería respuesta. La crítica quizá sea a la inocencia con que esta batalla ha sido encarada: no se combate a la mafia con buenos propósitos, sino comprendiendo la naturaleza de lo que se enfrenta, que no perdona, y que terminarla requiere de astucia y capacidad de reacción. Aquí, coraje sobra, hay decisión política también, pero se nota ausencia de malicia para enfrentar a un grupo o grupos que, de ejercer el poder brutalmente, tienen décadas de experiencia.
El fiscal Jorge Paolini es integrante de la “famiglia judicial” platense, y porta charreteras y condecoraciones propias del ejercicio del poder con absoluta impunidad. Hay “famiglia”, por cierto; a punto tal, que uno de ellos, magistrado en esta ciudad -Raúl Paolini-, se presentó ante el fiscal general Fabián Uriel Fernández Garello para denunciar al fiscal Marcelo Blanco por dichos de éste en su Facebook referidos a la conducta del fiscal platense, en lo que es un ámbito privativo de aquellos que comparten amistad por dicha red social.
¿Quién es Jorge Paolini? Es el titular de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial La Plata, y es señalado por operadores judiciales como uno de los arietes de la impunidad en la región. Paolini “investigó” casos de corrupción que se inscribieron en la órbita provincial sin mayores resultados, tales como la denuncia por empleados ñoquis en el Astillero Río Santiago -se habló de más de 300 agentes con sueldos exorbitantes-, el presunto fraude contra el Estado por parte de funcionarios de segunda líneas de IOMA -detenidos y liberados en tiempo récord- y por desmanejo económicos en el Instituto Provincial de Loterías y Casinos”.
Quizá un dato menor pero no por ello menos llamativo indica que Paolini llevó adelante la instrucción judicial citando a los damnificados por la maniobra de directivos del FPV en funciones en Astilleros Río Santiago en un café marplatense, es decir, no se hizo presente formalmente ante la Fiscalía General de la ciudad. Para mayor precisión, citó a los testigos damnificados por la maniobra en el café La Fonte D´Oro de Yrigoyen y San Martín, a pasos del palacio municipal, y contó para ello con el concurso entusiasta del segundo a cargo de la DDI, José Segovia, quien en ningún momento informó a sus superiores de las tareas que llevaba a cabo.
No hay en este escenario espacio para inocentes. En política y en el juego del poder, la inocencia es un pecado capital.