El ex titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, habló en la 99.9 sobre la investigación que llevaron adelante en su momento y que terminó aportando datos fundamentales para la detención y condena de Ricardo Jaime: “Se está tramitando un proceso que puede concluir con 10 años de prisión y sumarse a las anteriores”.
La situación de Ricardo Jaime en la justicia ha sido un bálsamo para personas que han dedicado un largo tramo de los últimos años a investigar la manera en la cuál se manejaba el dinero destinado al transporte. La Auditoría General de la Nación (AGN) fue la encargada de aportar el material que terminó siendo prueba irrefutable en la causa de la Tragedia de Once y su titular en aquél momento, Leandro Despouy habló en la 99.9.
“Es paradójicamente esperanzador el gesto de la justicia de concretar una detención efectiva de alguien que ha sido objeto de otras condenas previas. Por fin se concreta algo que además preanuncia que esa detención se prolongue. Se está tramitando un proceso que puede concluir con 10 años de prisión y sumarse a las anteriores”, destacó.
La posibilidad de permanecer en prisión ya había sido solicitada previamente pero no había llegado a buen término. Ahora la realidad cambió: “el fiscal lo pidió en la causa de la Tragedia de Once, pero la detención que pide Ercolini es que es un delito de corrupción donde están comprometidas sumas considerables por parte de alguien que cuenta con fondos suficientes para burlar la acción de la justicia, radicarse en el exterior y vivir cómodamente”.
Lo importante en este proceso sería recuperar el dinero que se han robado y han desviado a otros lugares: “tenemos que pensar en recuperar el dinero que esta gente se apropió con sus secuaces y cómplices y se han beneficiado de sumas importantísimas que tienen colocadas en cuentas en el exterior. El estado debería ocuparse de hacerlo. Hay posibilidades de hacerlo pero son débiles porque nuestro país presenta ciertas paradojas”.
La operatoria del gobierno de Cristina Fernández se fue repitiendo y fue una manera de manejarse con absoluta impunidad: “esta forma en la que el gobierno va seleccionando un grupo de amigos y esos amigos dejan el tendal ya se venía haciendo. La relación entre Lázaro Báez y el gobierno de Santa Cruz se conoce hace 30 años donde se confunde quien es el estado y el gobierno y el empresario. Hay una promiscuidad ostensible, evidente y notoria”, remarcó Despouy.
En realidad las investigaciones que llevaron adelante, fueron desnudando distintos negociados con empresarios que hoy están bajo la lupa: “el capitalismo de amigos, no sólo se expresa en la obra pública donde la falta de transparencia implica retornos, sino que en el caso de Cristóbal López hay un monopolio del juego. Auditamos el sistema del hipódromo de Buenos Aires y el estado le sede al particular una concesión para que haga una explotación con beneficio propio”.
La falta de controles internos permite que la impunidad prospere y por eso es importante que un funcionario como Jaime esté detenido por corrupción: “el mismo sistema los deja hacer esto porque no existen mecanismos internos que lo impidan y permita intervenir a tiempo. La transparencia es un arma muy poderosa para combatir la corrupción, pero estamos en un estadio precario en esa materia. Si eso no cambia, los gobiernos tendrán una enorme tendencia a la corrupción”.
Por último, volvió a ser crítico con el gobierno de Cristina Fernández y sentenció que “se construyó un relato para transformar en épico para manejar los recursos del estado con un fin político y mediatista que dio lugar a muchas irregularidades”.