Para pagar menos impuestos, emitir deuda y mover fondos con flexibilidad, desde Techint hasta la estatal YPF inscriben sus compañías en plazas como Luxemburgo o Delaware.
Involucrado como director en una firma offshore familiar, el jefe de la ceocracia, Mauricio Macri, se sintió decepcionado con sus pares empresarios. Según comentan sus allegados, esperaba el respaldo del sector privado, donde estas sociedades son una práctica habitual.
La mayoría de las multinacionales argentinas opera a través de sociedades offshore para girar divisas con menores costos y evitar pasar todo el tiempo por la Argentina para eludir, por ejemplo, el impuesto a las ganancias.
YPF, Pan American Energy, el Grupo Clarín, IRSA, Tenaris e Impsa son sólo algunas de las empresas que cuentan con sociedades offshore, según registraron en sus balances y presentaciones a los reguladores bursátiles.
Algunas de estas empresas incluso nacieron en sedes en el exterior para aprovechar regímenes impositivos de paraísos fiscales o más laxos que el local y que garantizan el secreto sobre la constitución de las sociedades.
“Si una empresa argentina tiene rentas en el país, están gravadas por el 35% de Ganancias. Y si retira dividendos, puede reinvertirlos o girarlos al exterior, a través de una sociedad offshore donde no tributa impuestos. Todas las grandes empresas operan offshore a nivel global”, explicó Pablo Van Thienen, director académico de Cedef Law & Finance, especialista en derecho internacional. Además de la ventaja impositiva, los paraísos fiscales aseguran el anonimato sobre quienes integran la sociedad.
Como parte del acuerdo con Chevron, YPF constituyó YPF Shale Oil Invesment en el estado de Delaware (EE.UU.) y Bermudas. Para la empresa, Delaware no puede ser considerado paraíso fiscal ni offshore por ser parte de Estados Unidos y forma parte de la estructura financiera del acuerdo con Chevron para evitar embargos. Sin embargo, Delaware exime del pago de impuestos a las firmas que allí se registran y hoy tiene más empresas que habitantes.
YPF además cuenta con subsidiarias en Islas Caimán y Luxemburgo que fueron creadas por Apache y hoy están en proceso de nacionalizarse. IRSA, de Eduardo Elsztain, también está integrada por sociedades con base en Bermudas, Caimán y el otrora paraíso regional, Uruguay.
Luxemburgo es otra plaza habitual para albergar empresas locales y el año pasado accedió a levantar el secreto bancario. Tenaris, de Techint, es una de las que tiene sede en el “Gran Ducado”. IMPSA, de Enrique Pescarmona, también se constituyó en Luxemburgo con miras de salir al mercado y ser una empresa pública.
“Estos diseños de estructuras son los que habitualmente el mercado recomienda por diversas razones de negocio”, indicaron y aclararon que “hoy esa sociedad ya no es mas luxemburguesa sino argentina”. Pan American Energy LLC también tiene sede en Delaware aunque desde la empresa señalan que se trata del holding del que depende PAE Argentina, que “tributa en el país”.
En el último balance del Grupo Clarín se detallan sociedades en Delaware. “Las subsidiarias del grupo con sede en el exterior están declaradas, pagan todos sus impuestos y son legales. Están las que ya eran sociedades extranjeras al momento de ser adquiridas o las que fueron creadas como herramientas de financiamiento. En ese caso se usan para tomar deuda en el exterior”, explicaron fuentes del Grupo Clarín.
El esquema offshore puede permitir evasión de impuestos, aunque en el caso de quienes “eluden” los pagos, optando por estas jurisdicciones para tributar menos, “es jurídicamente lícito”, explica Van Thienen. “Es más fácil preguntarse qué empresas no operan con sociedades offshore”, explica unrepresentante del sector privado.
Una opción legal, pero cuestionada
Si bien cuando las cuentas y sociedades offshore se registran ante las autoridades locales se las considera legales, la persistencia de
estos paraísos fiscales implica una fuerte pérdida de recaudación para los Estados de origen de las firmas. Por eso, y para evitar la vía ilegal, que permite mover fondos del narcotráfico o la trata de personas, la OCDE y la Organización Mundial de Comercio intentan que se acote la lista. También la Cepal propuso reformar el sistema tributario internacional para que las empresas multinacionales no puedan aprovechar las lagunas de la legislación tributaria ni esconder sus riquezas en paraísos fiscales, con el objetivo de evitar el pago de impuestos en cada país.