El fiscal del fuero de menores, Walter Martínez Soto, advirtió en la 99.9 sobre el aumento de la criminalidad entre los menores y la falta de decisión del estado en el tema. Además, el testimonio de Andrea Gómez refiriendose al pedido de detención de Nicolás Olivera Escalante. 
Las deficiencias en el sistema penal siguen evidenciándose día a día. El caso puntual de uno de los implicados en el caso Dardo Molina que recuperó la libertad condicional, Andrés Fernández, pero que llevó en el análisis del fiscal Walter Martínez Soto a un tema más profundo que redunda en decisiones erróneas.
En la 99.9, el agente público señaló sobre este caso puntual que “desde el momento que fue atrapado estuvo detenido casi ininterrumpidamente. Hubo reiterados planteos de la defensa para que estuviera en libertad con distintos argumentos, pero recién el año pasado se logró”.
Los argumentos que tenía la fiscalía no fueron escuchados y es el verdadero motivo por el que se dan tantos casos de reincidencia constante con víctimas fatales en ciertas ocasiones: “lo que planteamos es que no había un proyecto de vida para él y el estado debía garantizar que este joven cuando saliera de prisión no estuviese envuelto en problemas nuevamente, pero no hay política al respecto. Las cárceles se han transformado en depósitos y poco puedo hacer desde la fiscalía”, agregó.
Este punto, en particular, no es abordado seriamente por el estado y ahí Martínez Soto encuentra la falencia más grande: “el estado está ausente y está claro en las pautas de convivencia que se han internalizado entre las personas y se ve desde una temprana edad. Después es complicado que ganen la libertad y cambien de modo de vida”.
Incluso desde su experiencia, ha notado un cambio sustancial en el papel que cumplen los menores dentro de las bandas de delincuentes: “la criminalidad juvenil ha aumentado en los últimos tiempos, antes los menores estaban bajo el mando de adultos, pero ahora son ellos quienes comandan las bandas. Se hace muy difícil que se comprenda que el fuero penal juvenil no es algo menor y no hay que dar sanciones disciplinarias de tinte escolar porque se forman bandas que a futuro tienen un grado de profesionalismo importante y la policía no está preparada para eso”, advirtió.
Cansado de nadar contra la corriente y que no se escuchen los argumentos que cree válidos, cargó las tintas sobre aquellos que toman las decisiones de fondo en materia judicial: “discutí con jueces y colegas de la defensa, pero el problema de gestión y la falta de compromiso con la gestión pública es terrible. Se nos complica hacer un trabajo serio y moderno. A veces tenemos los medios tecnológicos, pero falta compromiso, parece que trabajar en el ministerio público fiscal es una beca”.
Andrea Gómez
Nicolás Olivera Escalante, el abusador buscado.
Otro de los casos que ha tomado relevancia en las últimas horas ha sido la búsqueda de de Nicolás Olivera, agresor de su pareja Yésica Castillo tirándole una bomba molotov en su casa. La fiscal interviniente, Andrea Gómez, habló en la 99.9 sobre el pedido de detención que emitieron en las últimas horas: “por ahora no hay ninguna novedad. Hay una búsqueda intensiva a pesar de que este tipo de decisiones no se toman habitualmente pero decidí hacerlo por una cuestión de seguridad de Yesica Castillo y también de la comunidad toda”.
Además, relató como fueron los pasos que siguió la causa: “el sábado intervino primeramente la Dra. Graciela Trill que realizó la instrucción muy rápido, me comunicó los antecedentes del hecho y no solamente la bomba molotov había puesto en peligro la vida de Castillo sino también de un menor de tres años y una mascota. El objetivo a mi entender era matarla y tomé intervención porque estábamos ante una tentativa de femicidio”.
Por otro lado, señaló que hubo un factor detonante para advertir públicamente sobre la situación: “algo que no trascendió sobre la decisión que tomé y es que me llamó la titular de la Comisaría de la Mujer diciéndome que había recibido una amenaza Castillo diciendo que a las 17 iba a efectivizar su muerte”. Cabe destacar que Olivera cuenta con antecedentes y en los hechos por los que fue juzgado también aparece la violencia como factor común: “purgó una pena de 14 años por haber sido autor de dos robos calificados muy violentos donde cometió además abuso sexual”, concluyó.