Drama sin fin. Dicen que el propio gobernador Daniel Scioli está que trina por las continuas fugas del Centro de (no) Contención de Batán. Que ha pedido desde La Plata que rueden cabezas. Desde la entraña de los institutos de menores de la Provincia nos cuentan: “Era previsible (…) Habría que preguntarle a Yáñez Urrutia cuántas fugas más tendremos que soportar para que alguien se ponga a trabajar en serio”. Decimos desde esta tribuna: no es responsabilidad del fiscal, que claramente ha señalado que el personal no ha sido capacitado para la tarea de contener a menores delincuentes. En cuanto al personal disponible, hay 7 personas de mantenimiento y, en algunas guardias, sólo 3 funcionarios a cargo. Fuentes señalan que los menores se fugan porque la iluminación es deficiente y los guardias no pueden verlos. Así, las fugas son un final anunciado.
Maldita inseguridad I. Llegan a diario a nuestra mesa de redacción relatos de vecinos del Puerto golpeados por la violencia criminal nuestra de cada día. Es el caso de una esquina neurálgica de esa zona de la ciudad, por donde circulan muchas personas a diario. En el caso de que el peatón sea mujer, allí en la esquina de Pescadores y Magallanes, hay dos jóvenes que las aguardan para arrebatarles la cartera, el celular, el dinero. No son hechos aislados, según los vecinos, sino que ocurren a plena luz del día –preferentemente en las primeras horas de la tarde- y a la vista de todo el mundo. Menos de las autoridades policiales, que deben de ser ciegas y sordas.
Maldita inseguridad II. El primer comunicado de la fiscal María Isabel Sánchez decía: “Por este único medio informo que el día 11 de marzo de 2013, hallándose aprehendido el Sr. Jorge Alejandro Sosa, de 41 años de edad, en la Comisaría 3ª departamental, imputándose prima facie su participación en el delito de robo agravado por el uso de arma, comenzó a sentir fuertes dolores abdominales. Como dichos dolores fueron incrementándose con el paso de los minutos, es que se pidió médico a través de un servicio de ambulancias. Al no llegar ningún móvil, por razones de urgencia se trasladó a Sosa en un patrullero al HIGA, llegando muerto a dicho nosocomio. El ingreso de Sosa en carácter de aprehendido fue a las 15 y su deceso ocurrió a las 18:30. Con motivo de su muerte es que labré actuaciones caratuladas ‘Averiguación causales de muerte’. Ello tiene como fin no sólo establecer qué llevó a la muerte a Sosa sino también delimitar (y/o deslindar en su caso) responsabilidades del personal policial interviniente desde el momento de la aprehensión del mismo y su óbito”.
El segundo comunicado de la fiscal reveló que “por orden del Sr. Juez de Garantías interviniente, Dr. Gabriel Bombini, a mi pedido, se procede a la detención del ciudadano Carlos Córdoba, efectivo policial, prima facie imputado del delito de homicidio agravado por haberse cometido abusando de su función en perjuicio de Alejandro Sosa”.
Un crimen dentro de la seccional tercera repudiable y que obliga a esclarecer hasta las últimas consecuencias.