El juego del kirchnerismo es agitar la violencia, cabalgar sobre la situación de corrección económica presente denominada coloquialmente “ajuste”, y agotar al Gobierno de cara al 2017. Frente a esa bestial especulación política, la respuesta del oficialismo es mantener la mirada alta en las ideas de cambio, apalancadas en concluir la aceitada práctica de hacer del Estado una caja constante para sostener una corrupción descarada.
Las decisiones judiciales tomadas por el juez Claudio Bonadío en la causa de los contratos del dólar futuro del gobierno de Cristina Fernández penden de un hilo, toda vez que seguramente resolverá la Cámara Federal, en tanto el fiscal Di Lello ha hecho saber que no comparte la postura del magistrado en la materia, por tratarse de una decisión política que, de llevar a una condena, significaría instaurar en Argentina el gobierno de los jueces.
Di Lello expresa públicamente una visión de la justicia que deviene del antiguo Código romano, y que la tradición hispana ha traído a nuestros códigos hasta hoy: no hay derecho que afecte al poder en sus decisiones por ser éstas ya no el resultado de una orden divina, sino de una entelequia que jamás se equivoca: la voz del pueblo mediante el voto. Esa visión impregna la praxis de la justicia hasta hacerla inútil en su plexo más íntimo, que es el de darle asertividad a la sociedad respecto del rigor y vigencia de la ley para todos los ciudadanos, sin excepción.
Estamos todos frente a un desafío enorme y un paradigma de cambio. La reiterada expresión del presidente Mauricio Macri en el sentido de que nada ni nadie va a interferir en la Justicia, abre un panorama distinto y expresa una evolución en el temperamento político argentino. Errado en tiempo y espacio, el ex ministro de Economía Axel Kicillof apela a la diatriba política para defenderse ante sus acechanzas judiciales, señalando: “buscan proscribir a Cristina, nos hacen a nosotros lo mismo que a Dilma”. Sus manifestaciones mueven a la risa y hablan de un desconocimiento ex profeso sobre las categorías de la realidad, que no es nuevo en él: a Dilma la removió el Congreso de su país, en tanto que a Cristina la removió la voluntad política del pueblo argentino.
Los reclamos que los hoy opositores realizan a diario son catilinaria de hipocresía: nada de lo que a los argentinos les toca padecer es fruto del estricto presente, sino de las decisiones de los pasados doce años, que destruyeron sistemáticamente la economía nacional, cuando ésta había alcanzado picos probos nunca vistos: el superávit gemelo, el autoabastecimiento energético, todo fue rifado en políticas de apropiación ilegal de la renta pública en una escala sin precedentes. Si el conteo de dólares y euros en “La Rosadita” conmocionó a toda la Argentina, el detalle de las operaciones de compra de gas por parte de ENARSA y los millones que se evaporaron en comisiones indebidas darán a la sociedad un espasmo de furia que sólo una justicia independiente y republicana podría, tal vez, apaciguar.