Es una relación que duplica la del promedio de los países desarrollados y de varias naciones vecinas
Durante mucho tiempo en la Argentina el rol de la administración pública, nacional, provincial y municipal fue la de constituirse en una bolsa de trabajo, como estrategia de compensar las limitaciones que tuvo el sector privado para generar empleos productivos.
Ese proceso se repitió en los últimos años con la estatización de empresas y creciente injerencia del estado en la actividad productiva y comercial, por un afán regulador y limitador de la actividad del resto de la economía, e incentivó a un falso proteccionismo que generó más costos que beneficios para la sociedad en su conjunto.
Así se desprende de un estudio privado que dio cuenta que “en el último lustro el empleo asalariado en el sector público creció a un ritmo de 4,4% por año, más que duplicando la tasa de aumento de los puestos de trabajo en el sector privado, que fue de 2 por ciento”.
Con los últimos datos disponibles de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, al segundo trimestre de 2015, el Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES estimó que “el empleo en el sector público en el orden nacional alcanzó una gravitación superior al 21% del total. Semejante desproporción, que explica en parte el generalizado debilitamiento de las finanzas públicas, es muy superior al que registran EEUU, Canadá, Uruguay, España y más aún Chile y Brasil, pero inferior al de Francia, Reino Unido y países nórdicos”.
De ahí que el informe mensual de la casa de altos estudios observó que “en los últimos años la economía Argentina tuvo entre sus diversas particularidades que la diferenciaron de la mayoría del resto del mundo haber ocupado los primeros puestos en el nivel de la tasa de inflación; acumular más de tres lustros sin poder resolver plenamente el estado parcial de cesación de pagos de la deuda pública; acusar un salto inquietante de los índices de pobreza y también del déficit de las cuentas públicas en términos de PBI, donde un factor que adquirió singular influencia fue la dinámica que adquirió la laxa política de contratación de personal, a un ritmo que duplicó el comportamiento que siguió el sector privado, porque sólo pudo ser financiado con una política monetaria flexible que derivó en el impuesto inflacionario”.
El trabajo privado recuerda que la última estadística del Indec de Distribución Funcional de los Puestos de Trabajo hasta el segundo trimestre de 2015 reveló que en todo el país se registraron en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 1.678.426 empleados asalariados en el sector público en su conjunto y 6.490.745 personas en el ámbito privado. De ahí surgió una proporción de más de 1 por cada 4 entre uno y otro. “Esa gravitación de 21% del total de la nómina en el agregado de las administraciones públicas nacional, provincial y municipal respecto del total privado asalariado fue de casi el doble al que la OCDE estimó para los casos de México 10%; Alemania 11%; Brasil 11,5% y Chile 9,2%; y se ubicó entre las 8 más elevadas entre 17 países seleccionados: Francia 22%; Polonia 25%; Suecia 26%; Dinamarca 32% y Noruega 34%; y se alineó con la proporción que tiene Canadá de 20% y Venezuela 19% del empleo total”.
Sin embargo, hace notar el Idelas – UCES que en el caso de la Argentina la estadística es parcial porque “se refiere únicamente a los trabajadores en relación de dependencia registrados por el SIPA, los cuales comprenden a poco menos de la mitad de los ocupados en esa condición, porque no incluye a los empleados que aportan a las cajas de jubilación de 13 provincias; ni tampoco a los que están en la informalidad. Menos a los contratados que revisten como autónomos de altos ingresos y monotributistas”, los cuales estimó en poco más de dos millones de trabajadores.
Esas dos millones de personas que generan su ingreso en la función pública son los que aportan a las cajas de previsión del personal militar de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, y a las cajas previsionales provinciales que no habían sido transferidas en años anteriores al Sistema Integrado Provisional Argentino como: las de las jurisdicciones de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Las empresas públicas fueron activas generadoras de empleo
Y agrega el análisis de la casa de altos estudios que “usualmente se identifica a la precariedad laboral por la condición de contratación por parte del empleador, por tiempo determinado y con facturación del servicio, aunque se lo renueve periódicamente, y naturalmente, por la participación en el empleo total de los ocupados en negro, o sin aporte jubilatorio, con salarios que se declararan como asignación no remunerativa”.
Idelas-UCES dio cuenta que “al cierre de la primera mitad de 2015, momento en que se interrumpieron transitoriamente la difusión de las estadísticas del Indec de empleo y distribución del ingreso, el conjunto de las empresas públicas habían acrecentado sus nóminas de empleados a un ritmo de 15,5% anual, y más de una vez y media en el término de cuatro años. Un paso más atrás, aunque no muy lejano, se ubicó el Poder Legislativo Nacional, con 10% en el año electoral y poco más de 38% en el último cuatrienio. Mientras que en la mayor parte del sector real de la economía la expansión del empleo fue muy limitada”.
Con esos datos, el informe privado estimó “en el agregado del cuatrienio, la laxa política oficial de empleo público y también en materia salarial en caso de los nuevos puestos, se elevó a más de $167.000 millones en la administración central; $85.000 millones para el agregado de los gobiernos provinciales y $13.000 millones en el conjunto de los municipios, más $6.000 millones en las finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, respecto de la masa laboral que hubiera tenido lugar si hubiese replicado el ritmo de creación neta de empleos y alza de salarios en el conjunto del sector privado.