La obra social de los trabajadores de la Provincia gasta tanto como si todos sus afiliados estuvieran enfermos. Los trabajadores elevaron una denuncia por las graves irregularidades de su administración: hasta se pagan remedios de afiliados muertos.
“La salud no tiene precio, pero tiene un costo”. Fue la frase que Idelmar Raúl Seillant dejó caer en la entrevista radial en la emisora 99.9 en la que describía con dolor cómo el dinero público del IOMA desaparece a paladas, sin que al parecer nadie intervenga para remediarlo.
Se trata del presidente de la SUPTTIOMA, entidad que agrupa a los profesionales y técnicos que trabajan para la obra social, que se ocuparon de sindicalizarse para tener una posición como organismo colectivo. Seillant sostiene que su entidad empleadora se ha convertido a estas alturas en un paradigma de la corrupción institucionalizada, con un servicio deficiente para afiliados y prestadores, que sin embargo recauda cifras siderales a partir de descuentos de sueldos que se efectúan directamente sobre un padrón de dos millones de afiliados cautivos.
Por otra parte, ser afiliado a IOMA ha pasado a ser directamente una tragedia de la que no es posible salir. Los profesionales de la salud evitan de manera solapada atender a tales afiliados en los consultorios, por la simple razón de que cobran poco y tarde. Por lo tanto, reservan para las consultas de tales pacientes un día escaso o dos al mes, lo cual hace que el enfermo deba esperar una enorme cantidad de días antes de ser atendido.
La lista de medicamentos que cubre el IOMA con descuentos es muy exigua, y los trámites para a las aprobaciones de excepción son largos y molestos. Sin embargo, una simple mirada al recibo de haberes demostrará que el trabajador afiliado aporta a tal institución una cifra tan considerable en proporción a sus ingresos, que merecería por lo menos la consideración de un cliente de lujo.
El IOMA paga cifras hasta 400 veces superiores a las que realmente costarían en el mercado, por insumos que debe comprar, como prótesis.
Es la obra social que realiza mayor cantidad de prestaciones médicas en el país, pero paradójicamente la que invierte menos dinero en la prevención de la salud. Tiene apenas 2.500 empleados en toda la Provincia a pesar de que maneja un presupuesto desmedido, que permite que exista una serie de “canillas averiadas” que pierden agua las 24 horas del día.
De hecho, Seillant asegura que cada funcionario político que es nombrado al frente del IOMA, por lo general carece de experiencia en la administración de prestaciones médicas. Por esa razón, durante los primeros dos años malversa fondos por simple desconocimiento del funcionamiento del sistema médico, y durante los dos siguientes entra en el camino de la corrupción que no tiene retorno. Allí, afirma, se favorecen los negociados y las tercerizaciones, que hunden cada vez más el presupuesto. Se pagan servicios encarecidos de manera inexplicable sin ningún control, y se permiten diversas maneras de extorsión, ya que el que cobra un cheque sistemáticamente deja allí una parte de lo cobrado, y además guarda silencio eterno para conservar a su cliente.
Basta ya
El IOMA tiene empleados de altísima calificación, no sólo en lo profesional sino también en lo administrativo que, hartos de observar la impunidad a su alrededor y de recibir presiones para obtener su silencio, se presentaron ante el Tribunal 4 de La Plata, a cargo del juez Paolini, exponiendo las siguientes razones.
En su carácter de presidente del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires, Idelmar Raúl Seillant presentó una denuncia por delitos de acción pública contra los funcionarios de la obra social bonaerense. Basándose en la información recopilada en la demanda, la cual cayó en la UFI Nº 8 a cargo del doctor Esteban Lombardo, el gremialista acusó a funcionarios de la obra social de una suma de hechos que podrían catalogarse como “delitos de orden público en perjuicio del fisco bonaerense”.
Entre los principales hechos que se mencionan en la denuncia de Seillant se puede destacar que en el listado de trámites de IOMA figura que una afiliada estuvo recibiendo medicación hasta el 16 de febrero del año pasado, a pesar de que falleció en octubre del 2006. Por ejemplo.
Asimismo, en la causa consta que varios afiliados aseguran no haber retirado ni consumido los medicamentos sumamente costosos -como por ejemplo Sunitinib, Trastuzumab- que sin embargo figuran como entregados en el listado de la obra social como parte de su tratamiento oncológico. Otros pacientes con distinto tipo de patología no han recibido su medicamento jamás, y constan en extensos trámites durante aparentes tratamientos de años.
Por otra parte, se hace hincapié en que desde el organismo no se lleva ningún tipo de fiscalización para evaluar “en terreno” el funcionamiento del servicio de internación domiciliaria, que es de un altísimo costo para la obra social, y se trata de un servicio tercerizado.
La denuncia hace constar que en algunos casos se pagan internaciones domiciliarias falsas, ya que se ha comprobado que se trata de afiliados que no están enfermos. Y en otros se pagan altos costos por un servicio en realidad ineficiente, que reduce al paciente postrado a la peor de las vidas posibles: sólo recibe tres turnos de cuidadoras que en realidad sólo se ocupan de cambiarle el pañal, pero de ninguno de los servicios médicos que la persona debería disfrutar en la comodidad de su domicilio, a cambio de las suculentas cifras que el IOMA paga.
La cuestión es que nadie controla nada, y afirman los denunciantes que se cae en un verdadero abandono de persona. Muchos han denunciado lesiones sufridas cuando la empresa tercerizada simplemente abandonó los cuidados sin razón, y sin tomar ningún recaudo sobre la integridad de los pacientes.
Se trata de 11.000 servicios de altísimo costo, que sin embargo no favorecen a nadie. Indica Seillant que muchas veces las empresas acuerdan directamente con el paciente sin auditoría del IOMA, es decir sin que se sepa por qué servicio se está pagando, y ni siquiera si ese está entregando al enfermo que más lo necesita.
Y eso no es todo. El IOMA paga cifras hasta 400 veces superiores a las que realmente costarían en el mercado, por insumos que debe comprar, como prótesis. Por su fama de mala pagadora se ha convertido en un negocio estupendo para quienes pueden esperar sus fechas de pago, y por lo tanto sobrecargan proporcionalmente los precios. Una prótesis cualquiera se ha facturado cuatro veces más -y en dólares- si será pagada por la institución denunciada.
Hasta Pablo Schoklender apareció involucrado en los negociados que se han alimentado in extenso de esta gallina de huevos de platino, cuando un empleado explicó la manera en que a través del Laboratorio Lenity le vendía remedios al IOMA, y llegaba a altos niveles de corrupción a través de un contacto con nombre y apellido: Rubén García. En el medio había fraude administrativo e impositivo, facturas falsas y estafas en los reintegros.
La vergüenza
“No estoy de acuerdo con este sistema médico economicista que no protege al paciente y deja de lado el juramente hipocrático, al menos parcialmente”, dijo Seillant en el momento en que enumeraba los términos de la denuncia. Le hace falta que alguien investigue las auditorías realizadas en la obra asocial, ya que presenta prueba de que, en ocasión de que todos los médicos estaban formando parte de una acción gremial, un delegado del IOMA realizó auditorías como si fuese médico, y utilizando el número de registro de un profesional. Nadie le dijo nada, y autorizó lo que le pareció mejor.
La gran paradoja se completó cuando a la vez que la obra social suspendía a su antojo la entrega de medicamentos para paciente con cáncer, HIV o diabetes, sin haber medido si el costo social ni el impacto médico que tal acción tendría sobre los enfermos, se multiplicaban las denuncias por irregularidades en los trámites de entregas de medicamentos que llegaron rápidamente a las 700. Se trataba de personas que eran aparentemente beneficiadas por el llamado plan MEPPES.
Varios afiliados aseguran no haber retirado ni consumido los medicamentos sumamente costosos -como por ejemplo Sunitinib, Trastuzumab- que sin embargo figuran como entregados.
Como se sabe, el Plan MEPPES brinda una cobertura del 100% de medicamentos de elevado costo, que son necesarios para el tratamiento de patologías crónicas o de alto impacto sobre la salud de los afiliados. A fin de garantizar una mejor calidad en el servicio prestacional, el convenio establece que tanto el trámite como la dispensación de medicamentos se obtengan en la localidad de residencia, sin que sea necesario trasladarse a la sede central del IOMA.
Cuenta en la actualidad con más de 1.500 farmacias que dispensan sus medicamentos. Los laboratorios tienen la responsabilidad de proveer los productos, y las farmacias se ocupan de dispensar o entregarlos en el domicilio que el afiliado decida al momento de iniciar el trámite. Sin embargo, es necesario revisar y ampliar el listado de drogas incluidas, teniendo en cuenta los medicamentos que, por su costo y su baja incidencia, no son fáciles de conseguir para los afiliados. La tardanza en la administración puede devenir en mayores males para el enfermo.
Los montos no abonados por IOMA en estos tres meses últimos no permiten a las farmacias brindar cobertura, una consecuencia extremadamente grave para los pacientes oncológicos, ya que cuando se habla de medicamentos como Sunitinib -que cuesta $ 15.000-, no hay otra manera de continuar el tratamiento.
Encima, son los mismos funcionarios los que hacen figurar las entregas que no han realizado. Una verdadera vergüenza nacional.
Una más para el listado. Una más para la Provincia. Si todos los ciudadanos de Buenos Aires estuvieran enfermos a la vez, seguramente gastarían menos de lo que gasta el IOMA por mes en brindar un servicio deficiente. Porque encima, cuando el afiliado va al médico, si no paga un diferenciado importante, nadie lo atiende. Y más le vale que se calle, porque si no, también se queda sin médico.