El funcionario dimitió en una carta enviada al presidente interino de Brasil, Michel Temer. La renuncia de Fabiano Silveira (foto) se produce luego de que audios presuntamente incriminatorios fueran filtrados a medios.
El ministro de Transparencia, Fiscalización y Control de Brasil, Fabiano Silveira, renunció hoy al cargo después de que fuera grabado asesorando a involucrados en la trama de corrupción en Petrobras sobre cómo eludir las investigaciones, informaron medios locales.
Es el segundo ministro del Gobierno interino del presidente Michel Temer, iniciado el 12 de mayo, que se ve obligado a dejar el cargo a raíz de audios grabados por uno de los implicados en los fraudes en Petrobras, el ex presidente de la subsidiaria del ente Transpetro Sérgio Machado.
En una carta enviada al presidente en funciones, Silveira dijo que optó por la renuncia pese a que no hay “nada que afecte mi conducta”.
Los audios que dieron origen a su salida del Gobierno refieren a una conversación que mantuvieron Silveira, Machado y el presidente del Senado, Renan Calheiros.
Tanto Machado como Calheiros son investigados por sus presuntos nexos con los fraudes en Petrobras. Calheiros es investigado en 13 procesos y Machado ya firmó un acuerdo de colaboración con las autoridades para obtener beneficios en una futura condena.
Fue en el marco de ese acuerdo que entre febrero y marzo grabó conversaciones con investigados por el caso Petrobras y dirigentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que Temer preside desde 2001.
Ola de renuncias
Otro audio obtenido por Machado propició la renuncia del ahora ex ministro de Planificación, Romero Jucá, ocurrida el lunes de la semana pasada.
En la conversación que lo incrimina, Silveira criticó al fiscal general de la República, Rodrigo Janot, y a la operación Lava Jato de la policía federal, que encabeza las investigaciones sobre la colosal red de corrupción que desvió millonarias sumas del ente estatal.
La conversación tuvo lugar en febrero en la residencia oficial del presidente del Senado. Además de los tres mencionados estaba el abogado de Calheiros, Bruno Mendes. Silveira integraba en la época el Consejo Nacional de Justicia, cargo en el que fue designado por influencia de Calheiros, según medios de prensa.
En el audio Silveira les aconseja a Calheiros y Machado sobre la estrategia que deben adoptar para que no avance sobre ellos la Lava Jato. Por ejemplo, aconseja a Calheiros no incluir determinadas informaciones en sus alegatos de defensa.
En otra grabación realizada por Machado en marzo, en la que conversa con el presidente del Senado, ambos dicen que Silveira intentó contactar al fiscal general y a investigadores de la Lava Jato para obtener informaciones respecto a las causas que pesan sobre Calheiros.
La información que habría obtenido es que Calheiros es “un genio” ya que no habrían conseguido encontrar nada en su contra, según contó Calheiros a Machado.
Silveira rechazó la interpretación que se dio sobre los audios, dijo que estuvo “involuntariamente” en el medio de una “conversación informal” y que “jamás” interfirió en ninguna institución pública en favor de terceros.
La divulgación de los audios llevó a funcionarios del ministerio de Transparencia a realizar sendas protestas e intentar impedir incluso el ingreso de Silveira a una de las sedes. También Transparencia Internacional abogó públicamente por su destitución.
Anuncian huelga contra Temer
La Federación Única de Petroleros (FUP), el mayor sindicato del sector en Brasil, convocó hoy una huelga para el próximo 10 de junio contra el Gobierno del presidente interino, Michel Temer.
La huelga de 24 horas será una protesta contra los planes que atribuyen a Temer de “privatizar” Petrobras y por el “riesgo inminente de pérdida de derechos” laborales asociados a las medidas de contención de gastos del Gobierno, según un comunicado de la FUP.
El sindicato, vinculado al Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, alertó de que el nombramiento de Pedro Parente como nuevo presidente de Petrobras contribuirá al “desmonte de derechos” y a las “privatizaciones” dentro de la empresa estatal.