Son los que no presentaron la declaración jurada. Prevén sanciones y descuentos salariales.
Cerca de 400 policías que debían presentar sus declaraciones juradas de bienes no cumplieron con ese trámite que les exigía la Provincia. Ahora, el ministerio de Seguridad comenzará a analizar caso por caso y podría empezar a aplicar sanciones a estos uniformados que incluyen suspensiones y descuentos salariales.
Así trascendió ayer en la cartera que conduce el ministro Cristian Ritondo, donde se indicó que fueron 390 los agentes que no declararon sus bienes ante Asuntos Internos ni en la Escribanía de Gobierno de los 6.340 que debían cumplir con esa obligación.
Ahora Seguridad analizará caso por caso para determinar los motivos por los cuales estos agentes no cumplieron con las disposiciones del gobierno provincial. Y si determina que no existen atenuantes, dispondrá las sanciones previstas en el decreto y las resoluciones ministeriales.
Como informara este diario, la Provincia tiene previsto denunciar ante la Unidad de Información Financiera a los policías que no presentaron sus declaraciones juradas. De esta manera, se abrirá una investigación sobre posible lavado de activos.
Pero además, como se dijo, se les iniciarán sumarios administrativos y podrán ser suspendidos con quitas salariales incluidas.
Según trascendió, la mayoría de uniformados que no cumplió el trámite tiene los grados de subcomisarios hasta comisarios mayores. Todos ellos perciben sueldos de entre 27.000 y 50.000 pesos. Sobre estos sueldos, en forma proporcional, se descontarán los días de suspensión.
Los comisarios generales y las máximas jerarquías ya cumplieron con la obligación.
RANGOS
Para el caso de los integrantes de la fuerza de seguridad el decreto obliga a declarar bienes a uniformados con rango igual o superior al de subcomisario o equivalente, personal de categoría inferior a cargo de una comisaría, personal que maneja fondos públicos o que administre patrimonio público, entre otros.
La norma ya había sido establecida mediante el decreto 116, con fecha del 29 de febrero. Pero luego, la Provincia buscó darle sustento legal y por esa razón giró una proyecto al Parlamento. La exigencia no sólo alcanza a policías sino que comprende a otros funcionarios.
Según ese texto, los funcionarios comprendidos están obligados a la presentación de esta declaración, “aun cuando se desempeñen en el cargo en forma transitoria”, y afecta a la gobernadora, vicegobernador, ministros, secretarios y directores, hasta fiscales de Estado y miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Poder Ejecutivo.
También, la medida abarca al personal Superior de la Administración Centralizada y Descentralizada, como así también a efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario “con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una Comisaría”.
Incluye, además, al presidente, miembros del directorio y personal que intervenga en el manejo de fondos públicos de empresas, sociedades y otros entes bajo la órbita o participación del Estado.
La iniciativa impulsada por Vidal fue aprobada en la Cámara de Senadores. Pero el trámite de sanción de la ley no se completó en Diputados. Pero de todas formas, el decreto, y la obligación, están vigentes.