“Es muy fácil fiscalizar a un gobierno municipal”, dice Jaime Klein desde atrás de su escritorio repleto de carpetas.
Lo dice porque sabe: este brasileño, de 40 años, dedica cuatro horas diarias a hacer que la ciudad de San José, en el estado del Santa Catarina del sur de Brasil, gaste menos y gaste mejor.
En tres años, un equipo creado por Klein ha contribuido a aumentar los fondos con que cuenta en sus arcas el Poder Legislativo de la ciudad, mediante un mejor uso del dinero público, de US$94.000 a US$2,7 millones al año.
También ayudó a suspender licitaciones sospechosas y puso la lupa sobre los gastos de gestión de la ciudad.
Con una oficina pequeña, un ingreso mensual de US$1.900 y 35 voluntarios, el Observatorio Social de San José es la cabeza de una red de organizaciones no gubernamentales del mismo nombre que se han expandido por ciudades medianas y pequeñas de Brasil durante la última década.
Hoy están presentes en 19 estados y, solamente en el estado de Santa Catarina, funcionan de contralor de la gestión pública en 19 ciudades.
Como Jaime Klein, quienes están detrás del proyecto son voluntarios y tienen una misión “heroica”: ayudar a economizar dinero público. Y poner los ojos del pueblo sobre las cuentas públicas, como reza su lema.
Publicar información… y devolver el dinero faltante
La inspiración para la iniciativa es a su vez otro observatorio, el de Maringá, que se creó en 2005 después de un escándalo en esta ciudad sureña, en el estado de Paraná.
La entidad paranaense descubrió que en una compra de ácido acetilsalicílico -las populares aspirinas-, el precio por comprimido que figuraba en el acta de licitación era de R$ 0,09, cuando el precio real era de R$ 0,009. Es decir, tenía un sobreprecio del 900%. Tras la denuncia, se logró un reembolso de casi US$20.000 al tesoro público.
En el caso de San José, una ciudad de 236.000 habitantes vecina a Florianópolis, este mes – y tras una denuncia del Observatorio Social-, el Tribunal Estatal de Cuentas ha obligado a la ciudad a hacer pública una gran cantidad de información faltante sobre el uso de vehículos oficiales, gastos de combustible y deudas municipales.
“Fiscalizar es fácil, lo que faltan son recursos. Hoy tenemos apenas un presupuesto de US$1.900 y estamos haciendo todo este ruido”, dice Klein, que tiene un título en Contabilidad y se gana la vida como auditor interno en el gobierno de Santa Catarina.
Rutina de control
En general, el modus operandi de estos sabuesos de las finanzas públicas empieza por leer al detalle los diarios oficiales, los proyectos de ley y las minutas de las sesiones de las Cámaras. Las denuncias de los ciudadanos también entran en la agenda.
Cuando algún caso les genera suspicacia, solicitan más datos mediante la Ley de Acceso a la Información. Si creen que existe una irregularidad, lo elevan al ayuntamiento, el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas y la policía civil, al tiempo que hacen campaña pública para aumentar la conciencia cívica.
“Nuestro fuerte hoy son las licitaciones. Las divulgamos todas. Cuando empezamos, un promedio de tres empresas participaban en los procesos. Hoy este promedio se elevó a 12 y cuando hay más empresas es más viable que los precios bajen y las tramas oscuras se acaben”, dice Klein.
Nacido en una familia típica de agricultores de esta zona, el auditor trabajó en el campo hasta los 15 años, cuando se fue a completar la escuela secundaria en Florianópolis.
Debió interrumpir sus estudios durante varios años. Luego se graduó de contador porque por entonces no tenía dinero para pagar la escuela de abogacía.
“Tenía dos trabajos antes de graduarme, en 2003. Tomaba seis autobuses por día. En octubre de 2003, me presenté a concurso para el Departamento de Finanzas y quedé en cuarto lugar. Luego, en 2007, hubo una convocatoria para ser auditor interno y ahí sí salí primero”, dice con orgullo.
Marcación cerrada
Cuando recibió a la BBC, Klein terminaba de hablar con una televisión local sobre la transparencia de los actos públicos. Esa misma tarde, utilizaría internet para refutar dichos del presidente de la Cámara Municipal, que había divulgado por Facebook cómo supuestamente el organismo había ahorrado recursos.
En su respuesta en forma de post, Klein denunció que el funcionario había “olvidado” contar a la población que apoyaba proyectos para aumentar los puestos y los gastos de la Cámara, además de un concurso para la construcción de una nueva sede que implicará un gasto de US$3,1 millones.
Casi tapado por una pila de carpetas verdes, los legajos de los casos que lleva adelante su ONG, recuerda cómo lograron suspender dos veces una licitación millonaria para construir un estacionamiento giratorio en la ciudad.
El concurso terminó siendo prohibido por el Tribunal de Cuentas en noviembre pasado, porque se consideró que el pliego incluía requisitos que claramente beneficiaban a uno de los concursantes.
Uno de los “niños mimados” de la entidad es un proyecto que preparará a los estudiantes de una universidad local para seguir, en directo, la apertura de sobres con las ofertas de todas las licitaciones que hacen el ayuntamiento y la Cámara.
Bienvenidos los inspectores
Otros organismos locales reconocen la importancia de la labor de Klein, que mantiene su equipo de trabajo con donaciones y recursos de algunas entidades del comercio y la industria.
“Esta acción es un ejemplo de cómo el diálogo entre las instancias de control y la sociedad civil puede mejorar la supervisión del uso de los recursos públicos. La consolidación del observatorio debe mucho a Klein”, le dice a la BBC Gerson Sicca, auditor del Tribunal de Cuentas.
“Los observatorios sociales son ahora espacios fundamentales para que los ciudadanos ejerzan control sobre los actos del gobierno”, agrega Cibelly Caleffi, fiscal del Ministerio Público de Cuentas.
Para Klein, casado desde hace 19 años, su día idea transcurre lejos de los escritorios y los archivos donde escudriña por información desde temprano en la mañana: preferiría estar comiendo un asado con la familia y los amigos en el pequeño campo que se compró este año en un municipio vecino.
“El campo es mi terapia. Me permite salir del encierro”, dice.
Las arcas de las iglesias
Pero el estado de cosas en Brasil no le permite tomarse recreo.
Como evangélico que asiste a la iglesia de la Asamblea de Dios los fines de semana, aboga también por la transparencia en las diferentes denominaciones religiosas.
“Todas las iglesias tienen problemas. Todas necesitan más transparencia. Algunas iglesias han convertido la fe en el comercio, y eso es totalmente contrario a la Biblia”.
Sobre la incredulidad de muchos brasileños con la política, alimentada por los recientes escándalos de corrupción que sacudieron a empresarios y funcionarios y llevaron a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, Klein señala que Brasil todavía tiene que consolidar lo que él llama el “trípode de la ciudadanía”: voto, pago de impuestos y control de los representantes.
“En el caso de los impuestos, damos un cheque en blanco a los gobiernos municipales para que nos den servicios como contrapartida. Nadie entregar un cheque en blanco en la vida cotidiana. Eso es lo que falta en la participación política de los ciudadanos: control a quienes hemos elegido para que nos gobiernen.”