El integrante del Sindicato Asociación Profesional del Personal Judicial, Roger Gales habló en la 99.9 sobre la corrupción reinante en el poder judicial: “el poder judicial internamente copió la estructura de la policía. La Asociación de Magistrados son los que a la postre terminan digitando el nombramiento de los futuros jueces y fiscales a través de la connivencia con los intendentes locales”, indicó.
La justicia está atravesando un momento particular donde empieza a quedar en evidencia para la mayoría de la sociedad un accionar que se ha repetido en los últimos años, pero que no tenía tanta exposición.
Roger Galés es uno de los integrantes del Sindicato Asociación Profesional del Personal Judicial y en la 99.9 dio cuenta de su experiencia dentro del propio poder judicial: “la inseguridad está relacionada con la estructura de trabajo del poder judicial. Desde el sindicato notamos una falencia en la distribución del modo de realizar los trabajos. Los fiscales que deberían direccionar las investigaciones en la provincia, están lejos de hacer eso y gerencian sus fiscalías delegando los trabajos en los profesionales”, dijo. Luego abundó: “eso le deja carta libre a las fuerzas de seguridad en el armado, los procedimientos y las políticas preventivas en cuanto al delito”.
Pero no es el único problema con el cuál se debe lidiar, sino que también se ponen políticamente en los cargos a los magistrados y fiscales, algo que es un secreto a voces desde hace un tiempo: “hay algo que empeoró la situación, es que el poder judicial internamente copió la estructura de la policía. La Asociación de Magistrados son los que a la postre terminan digitando el nombramiento de los futuros jueces y fiscales a través de la connivencia con los intendentes locales”, agregó.
La reincidencia es un tema puntualmente controversial porque los que logran la libertad vuelven a delinquir constantemente. En ese sentido, Galés remarcó que “hay jueces que montan a través de los colegios de abogados, empresas excarcelatorias. Hay personajes que salen en libertad cuando no debieran y eso a nadie le llama la atención. Quien quiera alzar la voz por esto es disciplinado por las altas esferas del propio Poder Judicial”.
Lejos de los que se expresa mediáticamente, también aclaró que el problema pasa por la corrupción, más que por el sistema judicial que maneja los juzgados: “es una falacia decir que el problema es el garantismo. El problema de las excarcelaciones no es garantismo, sino corruptela que es más grave todavía”.
Desde el sindicato que integra han hecho denuncias puntuales que no avanzan porque quienes deben hacerse cargo de la investigación están bajo a la lupa de los responsables de esa corrupción: “un caso emblemático fue que la Corte Suprema de la provincia desvió en los últimos 10 años 600 millones de pesos en concepto de pagos de ART. Lo desviaron a un CUIT inexistente. La corte paga religiosamente en concepto de ART una cuota a un CUIT que está dado de baja y los trabajadores judiciales no tienen ART. Lo denunciamos desde el Sindicato y quien debe investigar es un juez subalterno de quien desvía los fondos”, ejemplificó.