Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques amplificaron su denuncia a la expresidenta por favorecer con obra pública al empresario Lázaro Báez. Las pruebas que comprometen seriamente a Cristina y su familia.
FOTO: DYN/PABLO MOLINA
No todo es felicidad en la vida de las personas, reza uno de los dichos más populares de la Argentina, y eso parece ser así en el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, quien lejos de festejar el nacimiento de Emilia, su tercer nieto, ayer volvió a sufrir malas noticias por parte de la Justicia. En este caso, una ampliación de la imputación en su contra por la millonaria obra pública entregada a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
Los encargados de llevar adelante la amplificación de la denuncia fueron los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes la presentaron ante el juez federal Julián Ercolini, y en la misma ponen bajo la lupa quince nuevas licitaciones de obra pública que fueron concedidas por el gobierno kirchnerista al supuesto testaferro de la familia Kirchner.
De acuerdo a lo que sostienen los funcionarios judiciales en su escrito, “se verifica que en todas las obras analizadas que le fueron adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz se verifican numerosas y graves irregularidades que demuestran la existencia en los pasados años de una matriz de corrupción destinada a favorecer al empresario amigo de los expresidentes en perjuicio de las arcas del Estado”.
La causa por la que la exmandataria está citada a declarar ante Ercolini el próximo 31 de octubre es una de las que más dolores de cabeza le está causando por estas horas, ya que en la misma son múltiples las evidencias que dejan en claro la predilección que se tuvo en su gobierno por darle grandes obras públicas al dueño de la empresa Austral Construcciones.
En esta causa, además de Cristina, se encuentran imputados el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el propio Lázaro Báez y el exfuncionario Carlos Santiago Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner.
Relaciones íntimas
Lo que se está tratando de dilucidar en Tribunales es si el gobierno K, a través del ministerio que conducía De Vido, le adjudicó en forma indiscriminada a Báez obra pública por más de 16.000 millones de pesos, a pesar de que la empresa no contaba con la capacidad ni las herramientas adecuadas para llevar adelante gran parte de la misma.
Tan íntima es la relación establecida entre la exfamilia presidencial con el empresario, que Pollicita y Mahiques presentaron como prueba clave y contundente trece operaciones comerciales que realizaron Néstor y Cristina Kirchner con Austral Construcciones, lo que superpone además un mal desempeño de los deberes de funcionario público.
En opinión de los fiscales, “la verdadera voluntad de los expresidentes consistía en dotar de recursos a la Dirección Nacional de Vialidad para que, al menos en la provincia de Santa Cruz, se instrumentara una matriz de corrupción dirigida a sustraer fondos del Estado a través de la obra pública vial en complicidad con empresarios amigos, entre ellos, Lázaro Antonio Báez”.
En ese sentido, desde la Justicia se pudo detectar que “entre la fecha de apertura de la licitación y el inicio de la obra transcurrían, en valores promedio 38 días, cuando en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad, según sostuvo el propio organismo, el término de duración habitual para transitar esa etapa demoraba aproximadamente 210 días, es decir prácticamente cinco veces más que en los casos en los que se presentaban las empresas de Báez”.
Otro de los datos que los denunciantes ponen como ejemplo de la evidente connivencia entre los Kirchner y Báez es que poco más del 80% de las obras hechas en territorio santacruceño recayeron en la firma perteneciente al empresario, gran beneficiado por parte del poder K entre los años 2003 y 2015.
Operaciones turbias y repetidas
Una de las bases de la denuncia radicada en la Justicia contra la expresidenta Cristina Kirchner por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques tiene que ver con los procesos con los que la obra pública era direccionada por el gobierno kirchnerista.
Según se desprende del expediente, una de las maniobras usadas por Austral Construcciones para quedarse con las licitaciones de obra pública era ofrecer menos dinero que la base original, y una vez adjudicadas, realizaban estudios por los cuales conseguían cuantiosos fondos del Estado en concepto de ampliaciones de obras, que eran dados por los funcionarios del Ministerio de Planificación sin el menor análisis de por qué y cómo eran solicitados.
Además se está investigando lo que tres empresas que pertenecían al emporio de Báez ofertaban por la misma obra, “lo que consistió en simular en los papeles una supuesta competencia entre oferentes que en la realidad no existía, lo que permitía cumplir con el requisito de multiplicidad de ofertas y aumentar el costo de la obra vial a través de cotizaciones superiores al presupuesto oficial”.
En este proceder queda en claro la impericia mostrada por el exministro Julio de Vido, donde ante la falta en los controles por parte del kirchnerismo, las empresas amigas del poder lograban que se hiciera la vista gorda a los negociados que corrían a su alrededor, y que le costaron al Estado nacional cientos de millones de pesos durante la mal llamada “década ganada”.