Impericia judicial | La muerte de una pequeña bebé maltratada y abusada pone a la sociedad en verdadero colapso. El juez Dominoni responsabiliza a otros actores del sistema judicial de que no atendieron las alertas previas. Los chicos no querían volver con estos padres, y lloraban cuando los veían.
Las muertes violentas de menores acontecidas en las últimas semanas han sido tan atroces que cuesta encontrar palabras ajustadas para nombrarlas. La ciudad entera quedó sin habla al enterarse del daño atroz que había padecido Lucía Pérez antes de morir de dolor, y nadie estaba en condiciones de traducir semejante espanto a párrafos racionales. Es la nota que no se quiere escribir.
Pero en el mismo momento en que la ciudad entera estaba manifestándose en repudio de los hechos, cuando todos creían que no podía suceder algo peor, sí, podía. Podía morir una bebé de once meses en condiciones bastante parecidas: golpeada, quemada y sí, prácticamente empalada, aunque resulte tan difícil escribir lo que indica el informe de la autopsia.
Las alertas comienzan en el Hospital Materno Infantil, cuando el personal recibió a la pequeña Yasmín, hija de Lucía Sosa y Javier Picart, con signos de maltrato evidente y abuso sexual, hechos que se habrían producido en el domicilio familiar. Todas apuntaban a los padres, que ahora resultan imputados por el magistrado actuante como presuntos autores del abuso sexual agravado y gravemente ultrajante seguido de muerte contra su pequeña hijita. No hay palabras, decimos, pero si las buscáramos, la primera cuestión sería preguntar cómo es posible que dos asesinos tuvieran la custodia de su hija sin que nadie lo hubiera evitado.
Las advertencias, incluso judiciales, no fueron respondidas en tiempo y forma, algo que terminó en una muerte. Pero el juez de familia Facundo Dominoni fue quien oportunamente había decidido que dos de los hijos de esta misma pareja no estuvieran bajo la custodia paterna. En la 99.9, el magistrado contó las razones: “es una familia disfuncional desde los orígenes. Se empezaron a advertir indicadores de ausencia de responsabilidad, de negativa ante ciertas cuestiones que se les indicaban, no comprendían la intervención de la justicia de familia”. Para el magistrado, estas cuestiones fueron suficientes para tomar una decisión: “en relación a dos de los niños, dispuse por sentencia la no restitución a la familia, y fue confirmado por la Cámara Civil de Mar del Plata y luego en la Corte este mismo año”. La pareja ya había protagonizado hechos confusos en ocasión de la muerte de otra bebé, Candela, aunque ellos negaban toda responsabilidad. Para el juez, había situaciones dudosas que justificaban su resolución.
Sin embargo, aparecieron algunos actores en escena que buscaban que los niños siguieran bajo la tutela de ambos: “no se pueden tolerar situaciones en perjuicio de los chicos y no sólo desde la familia había inconvenientes, sino de ciertos operadores del mecanismo implementado por el Poder Ejecutivo en el tema niñez”, anticipó Dominoni. Luego abundó sobre estos intercambios: “era un juego de poder, una lucha innecesaria donde había desde percepciones filosóficas individuales hasta el pedido de ciertas tareas o acompañamientos que son para Suiza, no para Argentina. Por eso, nunca dudamos la decisión a tomar, a pesar de ciertos reproches de una ONG”.
Candela
La gravedad de los hechos que ya habían sido denunciados con la muerte de una primera bebé, incluían la suposición de que tenía cocaína en su sangre, fruto de que la persona que la cuidaba podría haber consumido: “no se pudo acreditar que tuviera cocaína, pero sí el testimonio de los padres que la dejaban al cuidado de una persona desconocida que podría haber consumido (…) pueden ser excelentes personas, pero como padres no sirven. Pedimos que se pusiera un ojo mayor en esta familia, porque se podían prevenir daños como el que sucedió ahora. Era una muerte evitable”, sentenció el magistrado.
Dominoni pidió que haya una mayor interacción en búsqueda de la prevención de casos de este tipo: “la justicia de familia de Mar del Plata lleva una actuación permanente hacia adelante. Uno hace, hace y hace, pero la intervención llega cuando la familia está casi explotada. Habría que pensar a futuro con una actuación eficiente de todos los poderes”. Apelando a su responsabilidad en un cargo importante, el propio magistrado pidió imperiosamente un trabajo articulado: “no se puede jugar con la niñez, no pueden llenarse la boca hablando de ello y después no moverse por cuestiones filosóficas. Este caso debe ser un llamado de atención importante. Debe existir un trabajo amalgamado entre la niñez en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, con el servicio zonal, para que no sucedan nuevamente estas cuestiones”.
Es evidente que la muerte de Yasmín a manos de sus propios padres reavivó el debate sobre la actuación de la justicia en este tipo de casos, sobre todo con los antecedentes que tenía esta familia, que ejercía constantemente violencia contra sus hijos.
El impactante testimonio de Agnes Hooft es una muestra clara de la manera en la que se mueven las autoridades que deben prevenir este tipo de hechos. Como asistente legal de los hogares de Belén, tiene a cargo el cuidado de Lucas, uno de los hermanos de Yasmín. Ella afirmó de manera contundente -en entrevista con la 99.9– que las dos muertes se podrían haber evitado, refiriéndose a Yazmín y a la Candela, hija de la pareja, muerta a los tres meses. “Hace 5 años me fueron a buscar pidiendo protección para un chico que estaba a cuidado de los Hogares desde los 10 días, derivado del Materno, donde ingresó con signos de maltrato. Hubo reclamos desde la Justicia y distintas organizaciones, para que volviera con Lucía y con Javier”, recordó.
Los profesionales dejaron asentado, ante la reiteración de internaciones de los integrantes de esa familia, que los hijos corrían riesgo al convivir con esos padres: “escuchamos a la gente del Materno y estaban desesperados, porque veían cómo Lucas y sus hermanos entraban y salían constantemente. Esto lo denunció el Materno en la justicia junto con el HIEMI, pero no los escucharon nunca”. Mientras tanto, cuando estaban luchando para que efectivamente los chicos salieran de esa casa, se repitieron visitas de los padres, que se daban en el juzgado: “había una insistencia constante de reintegro y siempre se respetaron las visitas. Eran tres veces por semana, llegábamos siempre con los nenes llorando y en algunos casos orinados por el miedo que tenían de ver a los padres. Nosotros denunciamos siempre que iba a haber otros maltratos y muertes”, remarcó nuevamente Hooft.
Incluso contó una de esas visitas: “En una de las insistencias de la justicia para que Lucas viera a su familia, nos dijeron que se había tomado la decisión de devolverlo a la familia y de a poco las visitas serían más frecuentes. El día que cumplió 4 años entregamos al niño en el juzgado el viernes y la familia lo debía reintegrar el lunes. Lo devolvieron todo moreteado y en estado de shock. Les contó a todos como lo maltrataron el fin de semana, todos lloraron, pero después nadie hizo nada”, dijo duramente.
A pesar de que todos estos hechos estaban en conocimiento de la justicia, Hooft también denunció una puja de poderes entre el Judicial y el Ejecutivo: “las medidas de protección las toma el Ejecutivo a través de Servicio Social, y estas organizaciones, como ECO y En Red, trabajan conjuntamente con ellos. Por otro lado está el Poder Judicial, pero no tiene injerencia uno con el otro. Se van pasando la pelota y los niños quedan en el medio”.
La asistente legal recordó el maltrato que había sufrido la primera víctima de esta pareja: “Candela entró al Hospital Materno Infantil 40 veces por agresiones en su corta vida. Mientras tanto, nosotros mandábamos denuncias de la situación porque no sabíamos que hacer”.
Ruidos y trata
Por estas situaciones y otras sospechas que aún están latentes, pidieron que se investigue a ambos por posibles delitos: “pedimos que investiguen trata de personas. Javier y Lucía tenían menores en la casa, eran muy pobres y no podían pagar niñeras. Javier había puesto cartelitos de puño y letra dejando datos y teléfonos por el barrio, que decían que buscaban menores de edad para trabajar de niñeras con cama adentro. Estos carteles fueron exhibidos ante la justicia”, indicó Agnes Hooft, y agregó: “hubo una presentación judicial de la dueña de la casa de Picard y dijo que escuchaba ruidos raros y entraban y salían chicas. La señora pensaba que prostituían chicas. Lo mínimo que tenían que hacer era investigar”.
Otro de los aspectos que es importante en la posible vinculación con el tráfico de drogas: “puedo decir que Lucía es una persona de Formosa que fue abusada de muy chiquita. Hizo muchos viajes Mar del Plata-Formosa con sus bebés y cada vez que internaba a uno de los nenes decía no sólo que se ahogaba con la leche, sino que tenía diarrea con sangre. Cuando fallece Candela surge que la nena tenía cocaína en sangre, en dosis bajas que no le provocaron la muerte. Pero ahí dejan entrever en las pericias que deben investigar el Munchausen que puede padecer la mamá”, indicó respecto del síndrome donde las personas generan síntomas físicos en sus hijos para luego recibir atención médica.
Incluso las dudas de Hooft van más allá de lo que puede haber pasado en Mar del Plata: “otra cosa muy importante es que Lucía empezó a tener hijos a los 23 años y hoy tiene 33. En 10 años tuvo 7 hijos. Fue abusada a los 5 años y estuvo siempre en Formosa. Debemos preguntarnos si no tuvo otros hijos antes para saber si en esa provincia hacía lo mismo”, indicó cerrando su impactante testimonio.
Un espanto. Nos deja sin palabras la locura y la desidia de quienes no escucharon el clamor de aquellos que atendían a los chicos, y curaban sus heridas. La pregunta será, ¿nadie en la justicia pagará por sus actos?