El visitador médico detenido el sábado pasado, en el marco de la causa por las millonarias estafas con medicamentos oncológicos, tiene un socio que poseería una cuenta off shore. Esto se suma a los posibles vínculos del extitular de la obra social, Antonio La Scaleia, con dos empresarios del rubro “internación domiciliaria”, en una sociedad activa en un paraíso fiscal.
David Ezequiel Gargarella, el visitador médico de 35 años detenido el último sábado en el marco de la causa de una supuesta estafa de más de siete millones de dólares al IOMA mediante la operación de venta de medicamentos oncológicos, tiene como socio a un empresario que poseería una cuenta off shore en un paraíso fiscal.
Según pudo averiguar el diario Hoy, Gargarella, que fue capturado en Rosario, formó parte del directorio de la firma Italomed Productos SRL, con domicilio en Agustín Delgado al 581 de Capital Federal.
Esta sociedad se dedica a la importación, exportación, alquiler, compra, venta por mayor y menor de productos e insumos de ortopedia, productos biomédicos, y/o insumos hospitalarios. Según consta en los registros oficiales, sus socios eran Diego Gabriel Uro, un empresario de 45 años, y Marcelo Alberto Amaru, quien se desvinculó en julio de 2013.
Ahora bien, al seguir la trayectoria comercial de Uro surge que su nombre aparece en los denominados Panama Papers. Sería accionista de Enos Dean Lta, una sociedad activa desde 2014 en las Islas Vírgenes, lugar considerado como uno de los mayores paraísos fiscales del planeta.
De las 210.000 entidades establecidas por el estudio Mossack Fonseca (cuya base de datos de sociedades off shore dieron origen a los Panama Papers), unas 113.648 están basadas en estas islas. En total, casi 500.000 compañías activas están registradas en ese territorio de apenas 670 km², casi la misma superficie que ocupa las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada.
Como se recordará, la Justicia platense avanza, luego de una denuncia informada por nuestro diario, sobre los vínculos del expresidente del IOMA, Antonio La Scaleia, con dos empresarios del rubro “internación domiciliaria”, Gustavo Fernando Baldachis y Ricardo Bianchimano, quienes tuvieron abultados contratos con la obra social, habrían cometido estafas millonarias, y con los que sería socio en una empresa off shore que figura en los Panama Papers.
La investigación penal la lleva adelante la UFI nº 8 de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Jorge Paolini, luego de la denuncia radicada por el titular del Sindicato Único de Profesionales y Trabajadores del IOMA (Supttioma), Idelmar Seillant, quien indicó que la firma “Juntos en Casa”, de Baldachis y Bianchimano, fue sospechosamente beneficiada por La Scaleia durante la gestión del gobierno sciolista.
La sociedad de la cual La Scaleia figura como accionista aparece como activa y fue fundada en julio de 2012, en pleno proceso donde se llevaba adelante un desguace de la obra social bonaerense.
Negociaciones incompatibles
Fuentes judiciales indicaron al diario Hoy que ahora la Fiscalía de Delitos Complejos requirió al gobierno de Panamá, vía la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para certificar si son socios en la empresa off shore detectada.
“Si confirmamos que en el paraíso fiscal de Panamá, La Scaleia y los empresarios forman parte de la misma sociedad, estaríamos hablando de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas acá en la Provincia, ya que el expresidente del IOMA avaló millonarias contrataciones con Juntos en Casa”, indicó una fuente judicial.
Una causa que lleva cinco años
La investigación penal por estafas en el IOMA por la provisión de medicamentos oncológicos comenzó en 2011, cuando fue descubierta una organización criminal conformada por altos funcionarios del Instituto de Obra Médico Asistencial, en el que ingresaban el pedido de remedios de pacientes inexistentes y ya fallecidos, para lo cual utilizaban recetas adulteradas provistas por farmacias y luego dos auditores autorizaban la compra de esos medicamentos.
El expediente de compra regresaba al área técnica y el fármaco era entregado, en vez de al paciente, a un visitador médico que se encargaba de reducirlos y ponerlos a la venta en diversas farmacias importantes. La operación fraudulenta rondaba los 30.000 dólares por expediente, donde lograron la aprobación de 230, por lo que la suma documentada ronda los 7 millones de dólares.
El impulsor de la denuncia penal, Idelmar Seillant, de Supttioma, explicó que “hace cinco años empezamos a recibir denuncias de pacientes que estaban en tratamiento y que en su legajo figuraba el suministro de drogas que nunca usaron. Lo planteamos a las autoridades, pero nunca fuimos escuchados”.
Ante el fiscal, Gargarella optó por el silencio
El fiscal Jorge Paolini, titular de la UFI nº 8 de Delitos Complejos de La Plata, recibió en su despacho al último detenido por las causas penales relacionadas con el IOMA, David Gargarella, pero este prefirió el silencio, informaron fuentes judiciales.
Gargarella regresó a los calabozos de la DDI La Plata y ahora espera que le den un cupo en alguna alcaidía o cárcel bonaerense. Según trascendió, el hombre que tendría vínculos con farmacias en San Nicolás y La Plata no recibió visitas desde que cayó detenido.
Un vocero judicial le dijo al diario Hoy que “el fiscal va a profundizar la línea de los farmacéuticos, es decir, los que expidieron esos medicamentos oncológicos a sabiendas de que los que lo retiraban no eran pacientes ni allegados de los afiliados”. “Es la única pata de esta asociación ilícita en la que no se avanzó con profundidad”, admitió el vocero tribunalicio. La misma fuente reconoció además que están en la mira varios titulares de farmacias de La Plata, que prontamente serán convocados a proceso.
Como se recordará, efectivos policiales detuvieron a Gargarella al ingresar al domicilio de su pareja en Rosario luego de descubrir que semanas atrás el funcionario había realizado su documento de identidad en esa ciudad santafesina.
Gargarella era el único prófugo en dicha causa, ya que en 2014 los otros dos imputados, Sergio Massaccesi y Marcelo Piergiacomi, subdirector Técnico Científico y de Farmacia del IOMA, se habían entregado ante el fiscal interviniente.