La actual gestión de la represa binacional eliminó contratos, bajó más de 70% del gasto en publicidad y gastos sociales y reprogramó compromisos por u$s 287 millones.
La nueva gestión a cargo de la central hidroeléctrica Yacyretá recibió un presupuesto de u$s 1432,4 millones de la gestión anterior, pero lo reformuló en u$s 582,8 millones, al haber encontrado gastos irregulares, algunos de los cuales merecieron una denuncia penal ante la Justicia Federal de Posadas.
Según una presentación realizada por Humberto Schiavoni, director Ejecutivo de la central, junto con Martín Goerling, consejero argentino de la entidad binacional, en la hostería de la central, la factura de energía que percibe la empresa es de u$s 600 millones, por lo que la diferencia presupuestada debía ser aportada por el Tesoro.
Al tratar de darle más eficiencia y transparencia a la gestión, se encontraron varias irregularidades: se cancelaron 128 contratos de personal, se recortó en 75% la publicidad, se bajó 70% los gastos sociales por sinceramiento de los beneficiarios, se reprogramaron compromisos por u$s 287 millones y se dieron de baja contratos con consultoras por u$s 6 millones.
También, se están vendiendo autos de alta gama, entre los que se encuentran 3 BMW, una jeep Cherokee.
Entre el gasto social, se encontró la distribución de bolsas de comida a 12.000 supuestos beneficiarios por haber sido relocalizados por la construcción de la planta. Pero al reempadronarlos, sólo 3500 personas tenían vinculación con Yacyretá. En tanto, la distribución se realizaba con 90 asociaciones intermedias, que en algunos casos utilizaban la mercadería para revender.
Si bien no han encontrado sobreprecios en las licitaciones de las obras realizadas por u$s 1600 millones, la nueva gestión sí observa que en los nuevos concursos que se convocan para las nuevas obras los precios son 20% inferiores a los aprobados anteriormente. En tanto, los proveedores presentan mucha dispersión de precios, por lo que parecen no acostumbrados a competir en una compulsa.
Para 2017, se busca aprobar un presupuesto similar, para ambos márgenes, en el orden de los u$s 600 millones. Y ante el miedo a firmar contratos irregulares, la nueva gestión obliga a las gerencias a justificar todos los gastos y a pedir licitaciones por todas las compras a realizar.
Con todo, el déficit de 2016 fue de u$s 64 millones, tras considerar los ingresos de ANDE por u$s 73 millones, de EBISA por u$s 6 millones y GOA u$s 440 millones. Se estima que se tendrá que buscar financiamiento, una nueva partida del presupuesto nacional o economizar para cubrirlo.
El problema tarifario también afecta al ente. Recibe un precio de u$s 38,7 dólares por mw cuando debería cobrar entre 70 y 80 dólares. La empresa recibirá subsidios por $ 957 millones el año próximo por no poder trasladar la tarifa a los consumidores. Para Schiavoni, hay que esperar que se “termine el proceso de armado de un nuevo cuadro tarifario”.
Además, Paraguay puede afectar los ingresos por el uso de energía del 50% de su parte. Argentina paga u$s 48 por usar el excedente del 50% de lo que genera la represa. El país vecino espera poder usar la energía de Yacyretá y dejaría de utilizar Itaipú. Si Argentina la tiene que reemplazar puede llegar a costarle u$s 80. Hoy el 14% de la energía de Argentina proviene de la represa y la usa en un 87%.
La búsqueda de nuevo financiamiento para las inversiones en marcha (la reparación de las turbinas, la ampliación de la planta y recuperar Aña Cua) y a ejecutar también requiere del acuerdo con el gobierno de Paraguay para que el ente binacional pague a la Argentina la deuda de unos u$s 15.000 millones, que incluye actualización del capital e intereses devengados, por la demora en la construcción de la represa.
Schiavoni dijo que no deberían pasar más de seis meses para llegar a un acuerdo, cuya negociación lleva adelante Cancillería, y que no afecta más del 20% del ingreso de Yacyreta. Ya se hizo una primera presentación que considera el pago de u$s 5100 millones de capital (que es lo que reconoce Paraguay) y parte de los intereses al reconocer notas de crédito que fue emitiendo el lado argentino.