El fiscal Jorge Paolini tomó testimonio a un presunto ñoqui y a la novia de uno de los imputados: sus declaraciones comprometieron aún más a quien fue ministro de Producción durante el gobierno de Daniel Scioli.
Una de las principales causas de corrupción relacionada con la era sciolista es la que investiga las presuntas maniobras que se hicieron con empleados ficticios en el Astillero Río Santiago, un organismo dependiente del Ministerio de Producción, por el que se tendría acreditada una estafa millonaria.
El que encabeza la investigación es el titular de la UFI nº 8 de Delitos Complejos de La Plata, Jorge Paolini. Según pudo saber este medio, le tomó declaración a uno de los supuestos empleados ñoquis del Astillero, identificado como Enrique Sans, quien tenía armado un legajo trucho; y a la novia de uno de los imputados, el exjefe de Gabinete del Ministerio de Producción, Andrés Omar Ombrosi.
Un vocero judicial le dijo a este diario que Sans, a pesar de que figuraba en un listado como personal jerárquico en el Astillero, negó haber trabajado en ese organismo. Paolini pudo ubicarlo luego del aporte que realizó días atrás uno de los imputados y expresidente de la empresa naval, Héctor Scavuzzo, quien aportó los nombres de veinte personas a las cuales el exministro Cristian Breitenstein le había ordenado designar en la dependencia que presidía.
Según trascendió, Sans aseguró ante el fiscal que es un vecino de Quilmes y que en el año 2012 conoció a través de las redes sociales a Jorgelina Bhon, una militante sciolista de la localidad bonaerense de Coronel Pringles.
Sans y Bhon entablaron un vínculo por compartir la misma afinidad política. Fue así que el hombre le comentó a Jorgelina que “tenía un proyecto para producir cerveza artesanal”, por lo que tiempo después la mujer le pidió sus datos para darle una mano desde el Ministerio de Producción bonaerense, que en ese momento conducía Breitenstein, para que recibiera fondos para su microemprendimiento.
El hombre le dio sus datos, pero nunca recibió fondos para el proyecto. Además, este supuesto ñoqui, Sans, figuraba en unos mails que le había enviado Ombrosi, mano derecha de Breitenstein, a Oscar Edgardo Borcerio, el exsecretario de Scavuzzo, diciendo: “Te paso los datos de Sans para que lo nombres”.
“Mi cuñado”
Ahora bien, en la lista de los veinte empleados truchos aparece un cuñado de Ombrosi. El fiscal se dio cuenta de esto cuando declaró la novia del exjefe de Gabinete del Ministerio de Producción. Ella, oriunda de la localidad de Huanguelén y empleada de la cartera de Producción, aseguró que entre esos nombres estaba su hermano, pero que él nunca había trabajado para Astillero.
Por lo tanto, una de las hipótesis que maneja la UFI nº 8 es que Ombrosi, a pedido de Breitenstein o por iniciativa propia, le pasaba datos a Scavuzzo de allegados suyos. Sin que ellos sepan, los nombraba en la empresa naval, para luego cobrar sus sueldos.
“Sería muy extraño que el entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Producción hiciera estas maniobras de estafa sin que supiera su jefe directo”, señaló uno de los investigadores judiciales a este diario.
Hasta el momento, Paolini acreditó la existencia de 95 empleados “truchos” y un desfalco de unos 16 millones de pesos. Entre la evidencia de la que dispone Paolini están los legajos del personal sospechado, las listas totales de los agentes que trabajan en Astillero y la documentación que acredita los cheques emitidos para los respectivos haberes liquidados a los empleados truchos.
Un informe del IOMA aportaría más elementos al fiscal
Uno de los imputados por la causa Astillero, el expresidente de ese organismo, Héctor Scavuzzo, indicó días atrás en sede judicial que “(Cristian) Breitenstein en persona se presentaba en la dirección de pagos de sueldos y jornales de Astillero Río Santiago para llevarse el efectivo de los veinte empleados que él mismo había pedido designar y que nunca cumplieron funciones en la empresa naval”.
En este contexto, el fiscal Jorge Paolini pidió al IOMA que informe si esos veinte empleados, a los que Scavuzzo identificó con nombre, apellido y número de documento, usufructuaron alguno de los servicios de la obra social bonaerense.
La peor de las noticias para el exministro de Producción sería que ese grupo de presuntos ñoquis no haya consumido nada del IOMA, ya que confirmaría la maniobra ilegal de que esos nombramientos fueron truchos. Ese informe aún no llegó a manos del fiscal.
Scavuzzo está imputado como autor penalmente responsable del delito de peculado por los hechos acaecidos entre enero de 2012 y diciembre de 2013. Lo mismo que el exjefe de Gabinete del Ministerio de Producción, Andrés Omar Ombrosi, mano derecha del extitular de esa cartera, Cristian Breitenstein.
Pero también están imputados por la presunta estafa millonaria en Astillero: Rodolfo Guillermo Elisetch, excoordinador de Sueldos, Jornales y Personal Superior; Oscar Edgardo Borcerio, exsecretario de Presidencia; Julio Rubén Borovik, exgerente general; y Emiliano Giri, que fue detenido en marzo pasado y luego excarcelado.
La punta del ovillo fue un trabajador rural de Pringles
La megacausa surgió a fines de 2013, cuando una vecina de la localidad bonaerense de Coronel Pringles fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo, pero en la ventanilla le dijeron que su beneficio había caducado debido a que el esposo, un trabajador rural de la zona, aparecía cobrando cerca de 30.000 pesos mensuales en Astillero.
La mujer y su marido, Gustavo Ferreyra, hicieron de inmediato la denuncia policial y judicial. Y esa presentación fue la punta del ovillo que permitió acreditar la existencia de los supuestos ñoquis. Según los registros de la Anses, el hombre ingresó a la empresa naval en noviembre de 2012 con un salario de $24.632, pero nunca vio ese dinero.
Antes de que el escándalo se diera a conocer, la familia recibió en su casa la visita inesperada de un desconocido que le dio el dinero correspondiente a dos meses de la Asignación Universal. Poco después, se reunieron en persona con el interventor de Río Santiago, en su estudio jurídico de Coronel Pringles, según consta en la denuncia judicial que hizo Ferreyra ante el fiscal Fernando Enrique Martínez de la ayudantía fiscal de Pringles.
“Ustedes me quieren sacar plata”, los habría acusado Scavuzzo. El funcionario también le quiso adjudicar la culpa a la AFIP. “Es un error, ya está solucionado”, le dijo al jornalero y su mujer. La discusión no terminó en un acuerdo. De todos modos, al poco tiempo, la familia volvió a cobrar la ayuda social en el banco.