Por esa situación, una jueza le pidió explicaciones a Lázaro Báez.
La jueza María José Gigy Traynor le pidió explicaciones a la empresa del detenido Lázaro Báez, Austral Construcciones, por un “agujero” de 453 millones de pesos detectado al revisar los papeles del concurso de acreedores pedido por la firma dos semanas atrás.
“Puede observarse que en los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31.12.13 se contabilizaba la existencia de aportes no capitalizados por la suma de $ 453.971.908,52, rubro éste que, de acuerdo a lo consignado en el estado de evolución del patrimonio neto se redujo a cero por el recupero de emisión de acciones según Acta de Asamblea General Extraordinaria”, escribió la jueza en el expediente, según pudo saber Clarín.
“Empero, al carecerse de la memoria correspondiente a dichos estados contables se desconoce si se dio cumplimiento al régimen establecido por la RG 7/05:96 de la Inspección General de Justicia para la restitución de tales aportes, a lo que se agrega que tampoco se verifica el pase de tal rubro al pasivo de la sociedad, sea ya a las cuentas particulares de los socios o de los terceros que hubieran realizado tales aportes”, añadió la magistrada.
“Es por ello que deberá la peticionaria efectuar las aclaraciones pertinentes sobre el destino de tales fondos y acreditar documentariamente tal proceder”, dispuso Gigy Traynor en una resolución a la que Clarín tuvo acceso. La jueza ya le había pedido otros informes a Austral por dos docenas de inconsistencias, entre ellas la falta de la documentación sobre las memorias de los ejercicios contables de la firma.
Fuentes judiciales explicaron que toda sociedad, de acuerdo a la citada resolución general de la IGJ, tiene seis meses para restituir los aportes de capital declarado al accionista aportante o incorporarlo al patrimonio de la misma. En este caso no está claro cuál de las dos variantes se hizo, o si se incumplió la normativa y el dinero se esfumó.
Gigy Traynor requirió también de la firma presidida por Martín Báez -el hijo mayor del detenido ex cajero del Banco de Santa Cruz, sospechado de haber sido testaferro del fallecido presidente Néstor Kirchner y de su viuda, Cristina Fernández- un informe “detallado y completo” de todos los juicios de contenido patrimonial que afronta en el fuero comercial.
La jueza ya le había pedido infomes a las cámaras de apelaciones de los fueros Penal Económico y Penal Federal sobre las causas que allí tramitan contra Báez y su familia y todas las que tengan relación con Austral Construcciones. Lo hizo porque la situación judicial del amigo de Kirchner es de público conocimiento.
Austral Construcciones, la firma beneficiada con casi el 80% de la obra pública vial nacional en la provincia de Santa Cruz mientras los Kirchner fueron presidentes, se presentó en concurso de acreedores el mismo día en el que Cristina Fernández era indagada por presunto delito en la concesión de tareas a esa empresa. La ex presidenta dijo ese día ante el juez federal Julián Ercolini que no era “socia ni mucho menos amiga” de Lázaro Báez.