La justicia de Bahía Blanca ordenó avanzar contra los bienes de los acusados e investigar a otro grupo constructor.
Dos años y quince días después de que LA NACION reveló el entramado de facturas truchas por decenas de millones de pesos que se montó en Bahía Blanca para beneficiar a Lázaro Báez , la justicia federal de esa ciudad ordenó avanzar contra los bienes de todos los sospechosos, Báez incluido, y les prohibió salir del país.
“Teniendo en cuenta el riesgo de «desapropiación»” de los sospechosos, indicó la jueza federal Mirta Filipuzzi, “resulta necesario y pertinente disponer medidas para evitar el eventual provecho de los delitos imputados”, es decir, evasión tributaria agravada, lavado de activos y asociación ilícita fiscal.
La jueza, originaria de Viedma pero que subroga en Bahía Blanca, les cerró además las fronteras a los once acusados “a fin de asegurar la comparecencia de los imputados para el caso de que sean convocados a prestar declaración indagatoria”.
Filipuzzi dejó así a un paso de llamar a indagatoria al presunto testaferro de la familia Kirchner y a su hijo Martín Báez, como también a un conocido contador de Bahía Blanca, Rogelio Chanquía, y ocho empresarios de esa ciudad involucrados en la emisión de facturas truchas, integrantes de dos familias: los Ficcadenti (Mauro, Franco, Enzo y Silvio) y los Ferreyra (José, Denis, Jorge y Franco).
La operatoria bajo sospecha había salido a la luz en octubre de 2014, cuando LA NACION reveló que Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas de Báez, había acumulado facturas apócrifas o infladas por decenas de millones de pesos de empresas y sociedades truchas de Bahía Blanca.
Esas firmas eran controladas, a su vez, por las familias Ficcadenti -dueños de las firmas Grupo Penta y Calvento, entre otros-, Ferreyra -Constructora Patagónica Argentina- y Pedraza, cuyos integrantes eran originarios de esa ciudad del sur bonaerense, pero que luego se trasladaron a Santa Cruz.
Un día después de que LA NACION reveló esa operatoria, el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, llamó a una conferencia de prensa en la que terminó por admitir que esos tres grupos empresarios bahienses se encontraban en fiscalización, pero relativizó el rol de Báez, al que a su vez intentó despegar de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En la resolución que firmó el 3 de este mes -a la que sólo accedió ayer LA NACION – la jueza Filipuzzi también avanzó sobre los Pedraza. Ordenó que la fiscalía “deberá expedirse […] con relación a los titulares de la empresa Iberoamericana de Servicios”, es decir, a los Pedraza.
Un juzgado en la tormenta
Con su resolución, la jueza dio además otro paso hacia la normalización del golpeado Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, vacante desde hace años, y del que el kirchnerismo había desplazado al primer subrogante, Santiago Martínez.
Basado en la supuesta gestión caótica de ese juzgado -y su presunta desidia para impulsar las causas por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura-, el kirchnerismo reemplazó a Martínez en junio de 2015 por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.
Sin embargo, tras el cambio de gobierno, en diciembre pasado, nuevos datos saldrían a la luz. Primero, las nuevas autoridades de la AFIP enviaron a la Justicia un informe que redactaron un supervisor y una inspectora de la AFIP en Bahía Blanca en el que detallaron irregularidades y posibles delitos.
“Resumiendo, se cambiaron las jefaturas a cargo de las fiscalizaciones vinculadas con las facturas «usina» detectadas (disolución de la Dirección Regional;, se evitó solicitar información a Austral Construcciones, reteniendo el requerimiento del investigador; se calificó rápidamente a Calvento SA como contribuyente apócrifo (escasas operaciones), y se mantuvo como contribuyente normal a Grupo Penta, con una más que evidente actitud de justificación de las presuntas operaciones realizadas con Austral Construcciones”, indicaron los agentes de la AFIP.
Mientras tanto, y desde su arribo al juzgado, Ramos Padilla impulsó las causas por crímenes de lesa humanidad, pero la causa sobre Báez languideció mientras un ex secretario del tribunal dio a entender que la paralizó a propósito. Más aún, sostuvo que “lo primero” que hizo el magistrado al asumir la subrogancia fue reunirse con el abogado de dos de los empresarios sospechados y revisar la causa que había motorizado su antecesor.
Recién en junio de este año, y mientras ultimaba su jubilación, en tanto, el fiscal federal de Bahía Blanca Antonio Castaño impulsó la aletargada investigación y avanzó contra Báez, los empresarios locales y las ex autoridades de la AFIP, nacionales y bahienses, a las que adjudicó “claras maniobras activas de encubrimiento”.
Para eso, Filipuzzi también ordenó que la AFIP le informe “el resultado y conclusiones de las fiscalizaciones finales y actuales que se hubieren realizado a las empresas” bahienses bajo sospecha.