Una investigación judicial, que comenzó luego de la trágica inundación ocurrida en La Plata en abril de 2013, descubrió una connivencia gravísima entre la Morgue local, casas de sepelios y el área provincial que centraliza las defunciones en el Registro de las Personas. Falsificaciones y firmas truchas. Sospechan encubrimientos de homicidios.
La corrupción no conoce límites, y hasta hace negocios con la muerte. Esa es la conclusión a la que llegó la Justicia platense tras una minuciosa investigación que se inició luego de la trágica inundación del 2 de abril de 2013 en la región.
La causa la lleva adelante la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Jorge Paolini. Lo que preocupa y asusta es que las maniobras detectadas podrían haber ocultado crímenes, como el que fue descubierto con la socióloga María Marta García Belsunce. Como se recordará, la mujer iba a ser sepultada con un certificado de defunción que indicaba como motivo del deceso un fuerte y accidental golpe en la cabeza, cuando en realidad había recibido seis disparos.
El primer paso de esta investigación se dio por la muerte de Juan Carlos García, un hombre que se ahogó en la vía pública el 2 de abril de 2013 en la zona de 21 y 32, pero de acuerdo al acta de defunción, su fallecimiento había ocurrido por un paro cardiorrespiratorio.
Desde la UFI nº 8, que encabeza Paolini, empezaron a tirar de la punta del ovillo y descubrieron maniobras gravísimas. Un vocero judicial le indicó a este diario cómo era el procedimiento. “Se descubrió que varios certificados de defunción tenían la firma de médicos que afirmaron no haber sido ellos los que estamparon esa rúbrica”, señaló la fuente.
Con la afirmación de los galenos, Paolini ordenó unas pericias caligráficas y llegó a la conclusión de que empleados de la Morgue falsificaban la firma de los certificados de defunción, más conocidos como los formularios 03, para luego venderlos a casa de sepelios de la capital provincial.
Además de las irregularidades en la Morgue y en las firmas funerarias, la tercer “pata” necesaria para cerrar del circuito está en la administración Provincial. Se trata del área centralizadora de defunciones del Registro de las Personas, una dependencia que estaba bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que conducía Alberto Pérez, y desde donde, en un marco de connivencia, hacían la vista gorda, al parecer, a cambio de un retorno.
Hasta ahora, cinco casos
Como puede percibirse, este mecanismo bien pudo haber ocultado asesinatos. Es que hasta ahora la Fiscalía de Delitos Complejos detectó cinco casos, pero podrían ser muchísimos más.
“Ha muerto gente que fue enterrada sin autopsia, por lo que no se pudo determinar las causas del deceso. Si alguien asesinó a alguien y pagó por certificados truchos, el caso quedó impune”, explicó un vocero de la UFI que conduce Paolini.
Según pudo averiguar este diario, hay dos casas fúnebres de La Plata que deberán dar explicaciones en la Justicia y una funcionaria, identificada como Liliana Calduch, que será citada a indagatoria. También tienen un panorama complicado los empleados de la Morgue que falsificaron la firma de los médicos.
La investigación descubrió ribetes escandalosos y se podría estar en presencia de una “caja de pandora”. El gran interrogante es cuál será el impacto de este circuito de impunidad.
Tres comisarios y una doctora, procesados y sobreseídos
Luego de la inundación del 2 de abril de 2013, fueron procesados tres comisarios y una doctora por presuntas falencias en los registros de defunciones. Ellos fueron Héctor Esteban Ballón, extitular de la comisaría de Ringuelet; Dante Castearena, a cargo de la seccional de La Loma; Roberto Oscar Becker, titular de la comisaría de Tolosa y Viviana Mariel Sansone, doctora de la Policía Científica del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Se los acusó de cometer los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público”, en el marco de la causa que investigó la presunta falsificación de certificados de defunción de las víctimas Juan Carlos García, Carlos Arturo Almaraz, Norberto Edgardo Reguera y Dolores Felicidad Fernández.
Según pudo comprobar el fiscal Jorge Paolini, estos fueron registrados como fallecidos por paros cardíacos o insuficiencias hepáticas, entregándose los cuerpos a sus familiares para su inmediata inhumación.
Sin embargo, tras un largo proceso, en septiembre pasado fueron sobreseídos.
García Belsunce: de un resbalón, a seis tiros en la cabeza
La socióloga María Marta García Belsunce tenía 50 años cuando el 27 de octubre de 2002 fue hallada muerta, con el cuerpo semisumergido en la bañera de su casa ubicada en el country Carmel de Pilar.
Se habló de un accidente doméstico: pensaban que se había resbalado en la bañera y se había golpeado con las canillas. Sus restos fueron inhumados al día siguiente en el cementerio de la Recoleta, tras ser velados en su casa de Pilar.
El certificado de defunción de María Marta decía que había fallecido de un “paro cardiorrespiratorio no traumático e insuficiencia cardíaca aguda”.
El 2 de diciembre de ese año, luego de tomarle declaración a Juan Gauvry Gordon y Santiago Biasi, los dos médicos que vieron el cadáver el mismo día del accidente, el fiscal Diego Molina Pico ordenó exhumar el cuerpo. La autopsia reveló que había sido asesinada de 5 balazos en la cabeza con un arma calibre .32. Un sexto proyectil había rebotado en el cráneo.
Luego de idas y vueltas fue condenado por el asesinato su esposo, Carlos Carrascosa, quien, tras pasar años en una de las cárceles de Campana, hoy fue beneficiado con una prisión domiciliaria. Sin embargo, tal como lo adelantó esta diario, sería inminente la resolución de la Casación Penal Bonaerense que lo dejaría sin culpa, por lo que el caso quedaría impune.