Un organismo objetó el decreto que permite el ingreso de familiares de funcionarios.
El Gobierno cosechó una nueva crítica a su política oficial contra el lavado de activos. Pero esta vez, con destinatarios internacionales. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) alertó al principal foro antilavado del mundo sobre “el desmantelamiento del sistema” en el país, mientras que la Casa Rosada alienta una “amnistía”, planteo al que de inmediato salieron al cruce desde el oficialismo.
El Cipce concentró sus críticas en el decreto 1206/16 que habilitó que familiares de funcionarios públicos puedan acceder al blanqueo, lo que viola “claramente el espíritu de la ley sancionada por el Congreso”, estimó. “El Poder Ejecutivo está otorgando una amnistía por delitos económicos, cuando los legisladores habían prohibido esto expresamente”, añadió.
Desde su publicación, el decreto 1206/16 generó críticas en la oposición y en figuras cercanas al Gobierno, como Elisa Carrió, y expertos independientes, dadas las características inherentes a las denominadas “personas políticamente expuestas” o PEP.
Para el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, la crítica carece de sustento. “El decreto no contradice la ley y respeta los estándares internacionales”, replicó Federici a LA NACION.
Ahora, las objeciones del Cipce, una organización de la sociedad civil que estudia y alerta desde hace años sobre los efectos en la Argentina de la corrupción, el lavado y otros delitos económicos, apuntan a un destinatario en el exterior: el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), mientras que se encuentra reunido su capítulo para América Latina (Gafilat).
Para eso, el Cipce envió una nota al presidente del GAFI, Juan Manuel Vega Serrano, en la que lamenta también que la UIF afrontó un “recorte de funciones” y la “disminución de los controles en materia de delitos económicos”.
Según Federici, esa objeción es injusta y basada en una motivación política. “El Cipce carece de imparcialidad desde que defendió las dos postulaciones de José Sbatella para presidir la UIF, la segunda vez aún cuando ya se sabía todo lo que Sbatella estaba haciendo en la unidad, utilizándola como una herramienta política”, remarcó.
El Cipce, en tanto, recordó que la Argentina ingresó a la denominada lista gris del GAFI, que incluye a los países en riesgo sobre los que deben aumentarse los controles, supervisión de la que salió en 2014. Indicó, además, que las medidas adoptadas el último año podrían provocar un retroceso.
“Todas estas acciones [del Gobierno] generan el claro riesgo de que la Argentina vuelva a integrar las listas de países que no cumplen con sus obligaciones internacionales antilavado”, sostuvo la entidad, que dirige Agustín Carrara, en alusión a lo que ya ocurrió durante el kirchnerismo. El Cipce observa signos preocupantes y pidió al GAFI que “intime al Poder Ejecutivo Nacional a que cumpla verdaderamente los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos”.