Luego de la tragedia de Costa Salguero, la Justicia las prohibió; en 10 días empezará a regir la ley que permite su realización con el compromiso de mayores controles sanitarios y de seguridad
Dentro de 10 días se levantará la veda para la fiestas electrónicas en la Capital: el gobierno porteño ya firmó la reglamentación de la nueva ley de eventos masivos sancionada en la Legislatura en septiembre pasado y se pondría en vigor desde el lunes 23 próximo, según pudo conocer LA NACION. Así quedará sin efecto la prohibición impuesta por la Justicia -la resolución del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Lisandro Fastman-, luego de la tragedia de la fiesta Time Warp, donde murieron cinco personas por consumo de drogas el 15 de abril pasado, en Costa Salguero.
De hecho, la Ciudad ya tiene pedidos de autorización para fiestas electrónicas durante febrero: el 17, Dash Berlin y el 18, Eelke Kleijn, Guy J. y Digweed, todos en Mandarine Park, en Costanera Norte. El 18 de marzo estará Become One, en el microestadio Malvinas Argentinas, en La Paternal. El 17 de abril Armin van Buuren, en Mandarine Park.
Según el gobierno porteño, todas estas fiestas están pendientes de autorización, aunque por ejemplo, para Dash Berlin, el primer show electrónico del año, ya se pueden comprar las entradas por Internet desde 690 pesos.
La nueva reglamentación que regirá para los espectáculos masivos fue firmada por Matías Álvarez Dorrego, el ex director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) días antes de que dejara su cargo, a fines de diciembre pasado -fue reemplazado por Ricardo Pedace, ex subjefe de la Policía Metropolitana-. Y está lista para ser publicada en el Boletín Oficial.
Las cinco muertes en Time Warp dejaron en evidencia las fallas existentes en la prevención de delitos y de incidentes en los espectáculos de este tipo. Y desde entonces, los funcionarios plantearon -o descubrieron- la necesidad de aplicar nuevas regulaciones que efectivicen controles más rigurosos.
La nueva lista de obligaciones para los organizadores de las fiestas electrónicas incluye estar inscriptos en un registro público oficial; presentar planes previos de despliegue de seguridad y asistencia sanitaria que, en algunos casos, deberán aprobar el SAME y los bomberos; limitar el ingreso de personas, y disponer un conteo electrónico de asistentes en tiempo real que sea accesible para los responsables de controlar, entre otras exigencias.
Además, el texto impone al Estado la obligación de desplegar una cantidad determinada de inspectores durante la realización de estos shows, que para la ley son aquellos que congreguen a 1000 personas o más.
Lo curioso es que la Ciudad tiene un plantel con apenas 79 inspectores -algunos son arquitectos- para controlar toda la actividad nocturna. Están divididos en equipos y hacen un promedio de 100 operativos los sábados. Ese número de agentes debe vigilar los más de 1500 objetivos, entre pubs, quioscos y discotecas (locales bailables de clase C), estadios y complejos.
“Con esta ley, los shows tendrán nuevos requisitos cuyo cumplimiento será controlado por los inspectores de la AGC. Es fundamental que el público tenga en cuenta sus derechos como el expendio gratuito de agua durante todo el evento y los servicios médicos”, dijo el director General de Fiscalización y Control de la AGC, Gustavo May.
Uno de los puntos importantes que detalla la normativa, y que no se habría cumplido la noche trágica en Costa Salguero, es que deberá ser libre y gratuita la hidratación durante el desarrollo del show “a través de fuentes de agua aptas para el consumo humano. Los expendedores y/o bebederos de agua deberán estar distribuidos de modo tal de favorecer el acceso desde distintos puntos del lugar”.
De ahora en más, los organizadores deberán garantizar el servicio de asistencia médica in situ, accesible para los concurrentes y debidamente señalizado; predisponer de servicios sanitarios en una cantidad acorde a la capacidad de la fiesta; la presencia de un equipo de socorristas afectado al plan médico-sanitario, y la puesta en marcha de un operativo de seguridad, a partir de la contratación de un profesional idóneo.
Los números
Otro tema que había dejado puntos oscuros en Time Warp fue la cantidad de asistentes que había ingresado al lugar. Los tres inspectores, que luego fueron separados, declararon que había 10.950 personas, sobre la base de la cantidad de entradas vendidas, el cálculo de las dimensiones del lugar y los asistentes por metro cuadrado. Pero se estima que hubo 20.500, según los mensajes de texto que analizó la Justicia.
Ahora, el conteo será muy diferente: las fiestas deberán tener un control de acceso tecnológico, debidamente homologado y certificado, que garantice la capacidad máxima otorgada. El dispositivo deberá contemplar pantallas en las puertas de acceso y en el interior del lugar donde se desarrolle la fiesta que permitan verificar, en tiempo real, de manera precisa y en forma visible el porcentaje de ocupación.
Además, otra obligación de los organizadores será la de dar una alerta a los hospitales generales cercanos al lugar del show para la preparación anticipada de sus servicios asistenciales.
La norma también prevé sanciones: el organizador que omita recaudos “podría recibir multas de hasta $ 950.000 o ser castigado con arresto de 60 días más la clausura y la inhabilitación”.
Inspectores e información
Cuando un espectáculo tenga de 5000 a 10.000 asistentes, la Agencia Gubernamental de Control dispondrá de seis inspectores (en Time Warp hubo tres). Cuando supere los 10.000 se agregará un inspector por cada 5000. Se deberá brindar información sobre los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas, con base científica y lenguaje adecuado a los destinatarios.