Latinos y judios hacen suya la queja de la minoría musulmana del sur de California contra Trump. La principal organización islámica de EE UU denuncia al presidente.
La organización musulmana Consejo de Relaciones Islámico-Americanas (CAIR, por sus siglas en inglés), anunció este lunes la presentación de una nueva demanda contra la Administración Trump por la orden ejecutiva que veta a inmigrantes y refugiados de varios países musulmanes. La denuncia de inconstitucionalidad, presentada en un juzgado federal de Virginia en nombre de 20 inmigrantes legales de los países afectados por el veto, se suma a las presentadas por la organización de derechos civiles ACLU, que logró las suspensión temporal de las deportaciones desde el sábado, y la presentada por el Estado de Washington.
Al mismo tiempo que anunciaban esta demanda, los musulmanes del sur de California, donde vive la mayor comunidad iraní del mundo fuera de Irán, recibían este lunes el apoyo de organizaciones de defensa de los inmigrantes latinos, sindicatos y varios rabinos judíos, en un ejemplo de la cantidad de organizaciones y sensibilidades que la orden de Trump está galvanizando en torno a acciones de protesta por todo el país.
“Hoy todos somos musulmanes”, dijo Ana Briceno, del sindicato de servicios Local 11 y miembro de una mesa de colaboración entre latinos y musulmanes formada nada más asumir Trump la presidencia. Briceno participaba en un acto conjunto con los líderes de CAIR en su sede de Anaheim. “Trump ha avergonzado la herencia de Estados Unidos”, dijo Briceno.
“Estamos con nuestros hermanos musulmanes”, dijo Angélica Salas, directora de CHIRLA, la organización de defensa de los inmigrantes más activa del sur de California. “Nosotros sabemos lo que es estar perseguidos por inmigración y que no te dejen entrar en el país. Defenderemos los derechos de nuestros hermanos musulmanes con la misma ferocidad que los nuestros”, dijo Salas, que hizo un advertencia sobre futuras medidas de Trump: “Si esto le pasa a gente que tiene visado, ¿podéis imaginar lo que les va a pasar a los indocumentados?”.
El rabino Steve Einstein dijo que “este país debe ser un lugar seguro para los que huyen”. “Yo soy nieto de inmigrantes que vinieron porque el Gobierno de su país no los quería por su religión”, dijo Einstein, para quien “la oposición al fanatismo es un acto sagrado”. La escena en la sede de CAIR, donde estaban también ACLU y el sindicato de servicios SEIU, venía a resumir la enorme oposición que la orden de Trump ha generado en California, desde las instituciones más altas hasta todo tipo de organizaciones de base.
“Esta sigue siendo una democracia vibrante y sana, a pesar del fascismo que nos están intentando meter a la fuerza”, dijo el director ejecutivo de CAIR en Los Ángeles, Hussam Ayloush.
Esta oposición se tradujo en manifestaciones espontáneas durante todo el fin de semana. Miles de personas tomaron la terminal internacional del aeropuerto de Los Ángeles desde la noche del viernes, cuando empezaron a conocerse los primeros casos de personas retenidas al intentar entrar en Estados Unidos a pesar de contar con visados o tarjetas de residencia permanente en regla. Decenas de abogados voluntarios iban por la terminal preguntando al público si estaban esperando a alguien de los ocho países afectados por la orden ejecutiva de Trump: Irán, Irak, Somalia, Sudán, Yemen, Siria y Libia.
La abogada de ACLU Caitlin Sanderson, que estuvo todo el fin de semana en el aeropuerto, aseguró que de las siete personas que fueron retenidas seis fueron liberadas antes de la noche del domingo. Una de ellas fue deportada, pero una denuncia de ACLU obligó al Departamento de Seguridad Nacional a devolver al deportado a Estados Unidos. Sanderson dijo a EL PAÍS que desconocen la situación este lunes en la terminal internacional del aeropuerto porque la policía de aduanas (CBP) se niega a dar información. Por las entrevistas que han tenido con familiares que esperan a alguien proveniente de los países vetados, creen que los agentes de aduanas están obligando mediante amenazas a algunos viajeros a renunciar a sus visados o sus permisos de residencia, para así poder deportarlos.
El caso de los iraníes es especialmente preocupante en el sur de California, ya que es donde está la mayor comunidad de iraníes fuera de Irán, una población que se estima en medio millón de personas. En Los Ángeles viven alrededor de 70.000, la mayoría judíos iraníes que se establecieron en Beverly Hills hace décadas huyendo de la persecución de la Revolución Islámica. Entre la comunidad iraní musulmana, especialmente los que han venido más recientemente, es normal ir y venir a Irán o tener familiares de visita.