Un disparo certero a la economía. Como otra cara del dolor por los muertos y heridos, los daños y pérdidas, sumados a los gastos públicos y privados para prevenir la delincuencia y sostener el sistema de justicia penal, le cuestan a nuestro país unos u$s 30.000 millones al año.
Es la cifra que se desprende del extenso informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según los datos recabados entre 2010 y 2014, que se propuso revelar cuáles son los costos de la lucha contra el crimen y sus consecuencias en Latinoamérica y el Caribe.
Qué tiene en cuenta el estudio
El estudio clasifica los costos de la delincuencia en tres categorías:
-Costos sociales: incluyen los costos en términos de pérdida de la calidad de vida, la pérdida de productividad de las víctimas fatales y los ingresos no generados por los reclusos. Hay que recordar que los homicidios afectan de forma desproporcionada a los varones de entre 15 y 30 años, lo que supone un golpe al grupo de mayor productividad laboral de la población.
-Costos del sector privado: incluyen el gasto de las empresas, que reducen su inversión e incurren en pérdidas de productividad. A la vez, los hogares gastan en la prevención del delito y en servicios de seguridad para protegerse.
-Costos del gobierno: incluyen el gasto público en el sistema judicial penal, el mantenimiento de las estructuras policiales y la administración de las cárceles.
Una región en rojo
La región acumuló costos por u$s261.000 (teniendo en cuenta la previsión de máxima y en dólares ajustados según la paridad del poder adquisitivo de cada nación). El ránking tiene por delante nuestro a Brasil (costos por encima de los u$s 120.000 millones) y México (cerca de u$s 40.000 millones).
Que este tridente lidere la nómina está claramente determinado por el tamaño de sus economías, por eso los costos nominales más bajos se encuentran en las pequeñas naciones caribeñas de Barbados, Bahamas y Jamaica.
Por otro lado, tomando los costos per cápita, nuestro país, con u$s688 p.c., lidera la nómina entre las naciones sudamericanas y es tercero en la región, solo superado en la tabla general por Trinidad y Tobago y Bahamas.
La entidad financiera internacional se propuso desarrollar un modelo de análisis para explicar cómo los costos del crimen contribuyen al deterioro del bienestar de los ciudadanos. Uno de los grandes desafíos radicó en compensar las grandes diferencias que existen en los registros de hechos delictivos de la región: Chile tiene una tasa inferior a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Argentina y Uruguay 8. Honduras 74 y El Salvador 64.
El estudio también destaca los elevados costos de las altas tasas de encarcelación en América Latina y el Caribe. Durante el período 2010-2014, se gastaron u$s 6.500 millones al año para construir y mantener las cárceles latinoamericanas, y con escaso suceso. Bahamas y El Salvador, dos de los países que sufren mayores tasas de delincuencia, son también de los que más presupuesto destinaron a las prisiones. Argentina y Uruguay, con menores niveles de encarcelamiento, poseen sin embargo niveles de crímenes más bajos.
Los montos, aclara el BID, lejos de ser exagerados suponen una estimación conservadora, ya que deja de lado algunas cuestiones y no incluyen, por ejemplo, el valor de los bienes robados. Tampoco tienen en cuenta otros costos indirectos, como los de los programas de prevención de la violencia, los gastos en salud que de ella se derivan o el impacto de la delincuencia en los precios de las propiedades.
Lejos de los desarrollados
A nivel general, el gasto público en las áreas de prevención y control es similar al de los países desarrollados, pero ocupa una porción mucho mayor de los presupuestos públicos: un 3,55% del valor de su producción de bienes y servicios, es decir, del Producto Bruto Interno (PBI). En ese ítem, el costo social del crimen argentino se ubica por debajo del promedio, ya que representa alrededor de un 2,97% de su PIB.
Cifras que no solo se reflejan en las estadísticas de sociólogos y economistas, sino que hablan a la vez de las deudas sociales que persisten: los u$s 261.000 millones que la delincuencia le cuesta a nuestro continente equivale a lo que gasta en el mismo período en infraestructura y representan los ingresos del 30% de la población más necesitada. Como recuerda el informe, “entre 2004 y 2014, la mayoría de los países experimentaron tasas de crecimiento anual cercanas al 4%, los índices de pobreza disminuyeron, los ciudadanos se volvieron más saludables y alcanzaron un mayor nivel de estudios. En contraste, el crimen aumentó”.
Al mismo tiempo, ese 3,55% arrancados de los PBI de Argentina y nuestros vecinos no solo duplica el promedio de los países desarrollados (en Alemania es de 1,34; en Reino Unido de 2,55 y en Estados Unidos de 2,75), sino que representa un costo mayor al que sufrirán esas naciones con eventos tan dramáticos a nivel global como el terrorismo, el cambio climático o el Brexit.