Medio millón de rumanos se manifestaron este domingo en la sexta jornada consecutiva contra el gobierno, pese a que derogó el decreto que despenalizaba delitos de corrupción causante del inicio de las protestas.
Las estimaciones de cadenas televisivas hablaban de entre 200.000 y 300.000 manifestantes en Bucarest, 45.000 en Cluj-Napoca y 40.000 en Timisoara. A esos balances debía añadirse movilizaciones en otras ciudades y poblados del país.
Muchos de los manifestantes reclaman la renuncia del gobierno socialdemócrata de Sorin Grindeanu.
“Renuncia” y “ladrones”, gritaban en Bucarest los manifestantes, mostrando banderas tricolores y banderas de la Unión Europea.
El Primer ministro social-demócrata Sorin Grindeanu descartó renunciar y dijo en una entrevista por televisión, que tiene “una responsabilidad hacia la gente que votó” por su partido en las elecciones legislativas del 11 de diciembre.
“El gobierno aprobó el proyecto de derogación del decreto”, anunció el ejecutivo socialdemócrata, cuyos ministros participaron este domingo en una reunión extraordinaria frente al mayor movimiento de protestas desde la caída del comunismo, en 1989.
El decreto fue aprobado el pasado martes por el gobierno sin pasar por el Parlamento, y desde entonces entre 200.000 y 300.000 personas habían salido cada día a las calles para protestar.
“Espero que sea una anulación de verdad. Han dicho que escucharán pero quieren llevar otro texto al Parlamento. Vamos a estar atentos para que no nos engañen”, dijo Daniel, de 35 años, expresando la desconfianza de muchos rumanos que piden también la dimisión del gobierno.
Igual que muchos de sus compatriotas, Daniel se dirigía a la plaza Victoriei, sede el gobierno y epicentro de las protestas, para una sexta jornada de manifestaciones.
“Confío en la nueva generación, tengo el sentimiento que esta vez las cosas cambiarán porque los rumanos están hartos de los abusos”, decía un jubilado entre la multitud, que hacía ondear banderas rumanas.
Las manifestaciones de los últimos días son históricas en este país de 20 millones de habitantes, que sin embargo ha vivido varios periodos de inestabilidad política desde 1989.
El primer ministro Grindeanu, en el cargo desde hace un mes, justificó su marcha atrás para “no dividir Rumania”, y este domingo prometió “abrir rápidamente el debate público con todos los partidos y con la sociedad civil”.
Entre otras cosas, el polémico decreto establecía un mínimo de 44.000 euros para poder empezar a perseguir los delitos financieros y reducía las penas de cárcel por corrupción.
El anuncio de la marcha atrás fue acogido el sábado por la noche con gritos de victoria por los manifestantes reunidos en Bucarest frente a la sede del gobierno.
Según Grindeanu, la reforma tenía el objetivo de que el código penal fuera acorde a la Constitución, así como reducir el número de presos.
Los manifestantes temen una vuelta atrás frente a los avances de los últimos años en la lucha contra la corrupción, cuando bajo presión de la Unión Europea (UE) y de varios magistrados, los tribunales han instruido centenares de casos, un giro histórico en la justicia rumana.
El gobierno ya había sido criticado por querer proteger al jefe del partido socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, que está siendo juzgado por empleos ficticios.
Sin embargo Dragnea, que ya cumplió dos años de cárcel condicional en otro caso, asegura que el decreto no le beneficiaba y que se trata de una campaña de desinformación.
El PSD, que había sido expulsado en 2015 por grandes manifestaciones contra la corrupción, volvió sin embargo a ganar por mayoría las elecciones el pasado diciembre con promesas de aumentar las prestaciones sociales.