El Congreso analiza varios pedidos contra Gils Carbó. El del Colegio de Abogados se basa en las irregularidades que censuró la justicia.
El Senado los votó para que asumieran en fiscalías de General Pico, Goya, Tartagal y Santiago del Estero. Pero por una martingala de la procuradora Gils Carbó Leonel Gómez Barbella, Mariano De Guzmán, Juan Pedro Zoni y Carlos García terminaron sentándose en sillas clave de Morón, Capital y en dos de las doce fiscalías de Comodoro Py, donde se juzga a los funcionarios sospechados por corrupción. Gómez Barbella y Zoni prestaron allí servicios invalorables a la causa K, demorando expedientes incómodos o lanzando acusaciones contra enemigos del kirchnerismo.
Y los de ellos son sólo cuatro ejemplos de los 37 fiscales designados en concursos con jurados elegidos a dedo por Gils Carbó, o trasladados a destinos diferentes a los que debían ir.Si un juez ratificara con una sentencia de fondo lo que ayer firmó su colega Esteban Fornari, podría ordenar que los fiscales ya designados y en funciones que concursaron en base a ese turbio reglamento sean removidos. Por sus consecuencias atómicas, tal decisión sería poco probable: los fiscales reclamarían un derecho adquirido, aunque desde ahora discutible. Por supuesto, la firma de esos magistrados tendría una inmediata y gigantesca devaluación.
En cambio, sí es mucho más posible que los fiscales que concursaron y fueron trasladados sean enviados a las fiscalías originales. Esa simple movida daría un primer buen golpe al formidable blindaje sobre el kirchnerismo que la procuradora buscó labrar contrareloj desde 2013, cuando el lema de Cristina eterna comenzó a despintarse. Y dejaría en las gateras a las siguientes tandas de militantes que esperan para ser regadas en fiscalías de todo el país.
Pero el efecto más potente que del amparo de ayer se cierne sobre la mismísima demiurga, Alejandra Gils Carbó: una copiosa y detallada lista de las maniobras que ahora la justicia impugnó alimenta el pedido de juicio político que el Colegio de Abogados porteño presentó ante el Congreso en diciembre, y que según supo este diario ya tiene votos de sobra en la Comisión de Juicio Político de Diputados.Los directivos de la ONG Será Justicia, autores del amparo que acaba de obtener luz verde, están preparando en este momento un escrito para recordarles a los legisladores que los argumentos que descansan sobre sus escritorios ya tienen un aval judicial.
Mientras el Gobierno vacila, especula o trata de empujar a la procuradora con una dudosa ley que limita su mandato y recorta sus funciones -invotable aún para sus propios aliados políticos- la sociedad civil sigue peleando para que la jefatura de los fiscales quede en manos de un funcionario apto y ecuánime para ocuparla. En la plataforma Change.org, casi 70.000 personas ya firmaron para que Gils Carbó sea enjuiciada (https://www.change.org/p/juicio-pol%C3%ADtico-a-alejandra-gils-carb%C3%B3). Y el número sigue creciendo.