Tensión entre el primer ministro y el presidente, que pide su dimisión.
El Gobierno del primer ministro rumano, Sorin Grindeanu, ha conseguido salir vivo de las mayores protestas en el país desde la caída del régimen comunista en 1989. Ayer superó una moción de censura instigada por la oposición de centroderecha, que no prosperó por la mayoría absoluta con que el Gobierno de socialdemócratas (PSD) y liberales (ALDE) ganó las legislativas el pasado 11 de diciembre. A favor de la moción sólo votaron 161 de los 233 diputados necesarios para que saliera adelante.
Pero, pese a sobrevivir, el Gobierno sale herido de una crisis mayúscula en la que se ha metido él solo cuando apenas lleva un mes en el poder. Aunque ha dado marcha atrás en el decreto urgente que despenalizaba ciertas formas de corrupción, unos 3.000 manifestantes –según Afp– seguían ayer en la plaza de la Victoria y amenazaban con nuevas protestas como las del pasado fin de semana, cuando llegaron a reunirse 600.000 personas pidiendo la dimisión del Ejecutivo. Un ministro renunció la semana pasada diciendo que no podía apoyar el decreto y los críticos dicen que hasta que no caiga su arquitecto, el ministro de Justicia Florin Iordache, los manifestantes seguirán presionando en las calles de Bucarest.
“Tenemos el deber, ante la confianza popular, de seguir asumiendo el Gobierno de este país”, declaró Grindeanu en su discurso en el Parlamento antes de la votación. “Más allá del programa de Gobierno, no podemos ignorar los acontecimientos en Rumanía”. El primer ministro, de 43 años, prometió más diálogo en el futuro, pero la tensión con el presidente del país, el conservador Klaus Iohannis, no deja de aumentar desde las elecciones legislativas. Grindeanu le acusó de querer “instalar rápidamente su gobierno” cuando el jefe de Estado –con funciones meramente representativas– sugirió el martes la dimisión del Ejecutivo.
Los partidarios de los socialdemócratas, que cuentan con un fuerte apoyo electoral, están empezando a movilizarse. Por cuarto día consecutivo se reunieron ante el palacio presidencial acusando a Iohannis de sembrar discordia. El mismo presidente, junto al Consejo Superior de Magistratura, pidió al Tribunal Constitucional que se expresara sobre el polémico decreto, ante lo que la corte dictaminó que no hubo conflicto entre el Gobierno y el poder judicial.
El líder de los socialdemócratas, Liviu Andrea, reiteró su apoyo al primer ministro, a quien escogió personalmente después de no poderse presentar por una condena por un fraude de 24.000 euros en un referéndum. Él era uno del más de centenar de políticos rumanos que iba a beneficiarse de la medida que despenalizaba el abuso de poder si causaban un daño por debajo de 44.000 euros al erario público. Andrea, considerado el verdadero poder en la sombra, señaló que si la medida –que el Gobierno defendía para descongestionar las cárceles del país– al final no se ha adoptado “no significa que no deba hacerse”, puesto que “se debe ofrecer un instrumento jurídico y proteger a las personas de una justicia injusta”.
La voluntad del Gobierno de presentar al Parlamento otros proyectos sobre justicia suscita desconfianza a la oposición en un país en que la corrupción es un tema altamente sensible. La Fiscalía Anticorrupción ha logrado encarcelar desde el 2010 a más de 3.000 políticos y funcionarios, entre ellos incluso ministros y un ex primer ministro del mismo PSD.