El Ministerio de Modernización instalará un sistema para auditar mejor los horarios y unificar criterios; los gremios no se oponen si no se cambian las sanciones.
Fichar, marcar tarjeta o, más actual, posar el pulgar. Son varios los mecanismos para acreditar la asistencia de una persona a su lugar de trabajo y controlar su horario. El Gobierno tiene todos estos sistemas en mente, porque buscará reforzar el control sobre el presentismo de los empleados públicos.
El punto de partida es muy dispar: no todas las oficinas del Estado llevan un seguimiento de las asistencias ni lo hacen del mismo modo. El objetivo de Cambiemos es instrumentar un sistema biométrico unificado para llevar el registro de las horas laborales de todos los agentes estatales.
El control del presentismo es uno de los ejes que se trazó el Ministerio de Modernización, en el marco de su plan para “jerarquizar el empleo público”. Los otros dos pilares serán las evaluaciones de desempeño y el fomento de la carrera pública. Según pudo saber LA NACION, los gremios estatales, a priori, no opondrán resistencia a una mayor vigilancia de la asistencia y el cumplimiento horario. Siempre y cuando, advierten, no se afecten los derechos adquiridos.
Si bien las sanciones por faltas injustificadas o las llegadas tarde siempre estuvieron reglamentadas en el Estado, en el Gobierno admiten que “por algún motivo algunos organismos no las aplicaban con regularidad en el pasado”.
El plan es instalar, en etapas, el sistema biométrico en el total de las oficinas estatales para que el control sea el mismo en todos los casos y pueda estar centralizado.
Durante el año pasado, la cartera de Modernización, encabezada por Andrés Ibarra , hizo un relevamiento del estado de situación. Según fuentes oficiales, de los 220.000 empleados públicos que tiene la administración nacional (sin contar las fuerzas de seguridad), unos 70.000 pasan por algún tipo de sistema electrónico. De esos, la mayoría es identificada a través de tarjetas. Sólo en siete ministerios existe un control biométrico, que detecta la identidad de la persona por su huella digital: Agroindustria, Educación, Justicia, Seguridad, Jefatura de Gabinete y Presidencia, además de Modernización.
Siempre de acuerdo con ese relevamiento, otras carteras, como Comunicaciones, Cultura, Salud, Turismo y muchos organismos descentralizados, no tienen un seguimiento digital y lo hacen mediante planillas de papel.
La meta de este año será que el 50% de los ministerios pasen al sistema biométrico, el mecanismo más preciso. Y el objetivo final será que todos utilicen la misma tecnología y que haya un “sistema centralizado de presentismo”, que funcione como un panóptico que audite ausencias injustificadas u horarios incumplidos.
“Lo primero que vamos a hacer es homogeneizar a la Administración Pública Nacional, tanto a la gestión central como a los organismos desconcentrados, para estandarizar sus sistemas de ingreso”, manifestaron fuentes oficiales. “El objetivo es detectar y analizar los niveles de cumplimiento de la jornada para que el Estado pueda brindar respuestas administrando de manera efectiva los recursos”, agregaron.
Un paso clave será licitar nuevos equipos para colocar en los ingresos de las dependencias. “Deberá cumplir con requisitos exigentes en materia de protección de datos”, señalaron las fuentes.
Gremios atentos
Desde la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio de mejor diálogo con el Gobierno, su titular, Andrés Rodríguez señaló a LA NACION: “Si sólo cambian el mecanismo técnico, no vemos ningún inconveniente. Pero las sanciones por ausencias injustificadas son las estipuladas en el régimen jurídico de la administración pública”.
Reconoció, en tanto, que los controles “son muy dispares” y que dependen del área de recursos humanos de cada organismo. “No hay problema en modernizar el tema del presentismo mientras no se afecten los derechos adquiridos”, insistió.
Desde el Gobierno aseguraron que lo que se busca es “mejorar el control horario como un valor cultural para eficientizar la gestión”. Pero resaltaron que el régimen disciplinario no variará y se atendrá al Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Según fuentes gremiales, por ausencias injustificadas suele haber descuentos del día, mientras que por llegadas tarde en general existen “llamados de atención”.
Desde ATE, el sindicato más combativo, coincidieron con la UPCN en no oponerse a un cambio en los sistemas de control del presentismo. “No nos vamos a negar nunca a que se exija cumplir un horario, porque es lo que corresponde. Todas estas cosas ya están reglamentadas, no son nuevas”, indicaron. Reconocieron que “las sanciones no son iguales en todas las oficinas estatales”, pero advirtieron: “Si hay cambios, el ojo estará puesto en que no afecten las condiciones de trabajo”.
Otras fuentes del mismo gremio admitieron que “muchos trabajadores saben que se viene un mayor control de los horarios”. “Que se busque cumplir con eficiencia los tiempos laborales no es un problema, lo que no queremos son mecanismos persecutorios para justificar despidos”, dijeron.
Los gremialistas también advirtieron que “no todos los trabajadores se desempeñan de 8 a 16”. “Habrá que contemplar los regímenes particulares de dependencias como migraciones, aeropuertos e incluso teatros, con otras dinámicas”, resaltaron.
Ibarra enfatizó: “Tanto el presentismo como la capacitación, los cargos por concurso y la carrera pública son engranajes de un nuevo modelo de gestión para jerarquizar el empleo público”.
Desde Modernización aseguraron que les darán lugar a los sindicatos estatales en mesas de diálogo. El próximo jueves, de hecho, Rodríguez tiene agendada una reunión con Ibarra. “Queremos que los gremios acompañen a mejorar el desempeño del trabajador”, señalaron. Por ahora hay bandera blanca. Pero ambas partes están muy atentas a lo que vendrá.
Qué significa
Del editor
La tarea que debe llevar adelante el Ministerio de Modernización es extremadamente sensible. Busca optimizar el funcionamiento del Estado, pero debe hacerlo sin generar un nuevo frente de conflicto social. En 2016, apenas asumido y con todo el crédito electoral, el Gobierno recortó 11.000 puestos en la administración nacional, muchos de ellos nombrados en el último período del kirchnerismo. Pero este año ya no tiene margen político para nuevos ajustes de esa magnitud.
La intención ahora es hacer un relevamiento fino área por área para identificar posibles sobredimensionamientos o, a la inversa, sectores que requieren más recursos. En Modernización aseguran que la intención no es avanzar con nuevos recortes sino optimizar el funcionamiento del Estado. En esa misma línea mencionan el proyecto para controlar el presentismo, así como otros para capacitar al personal y generar un esquema de carrera jerárquica. Valorizar el rol del empleado público suena como un objetivo ambicioso.