Durante la gestión de Scioli, esa empresa estatal firmó contratos millonarios para pagar simposios médicos y espectáculos de circo.
La empresa estatal ABSA, investigada por la justicia para determinar lavados de activos, registra gastos por millones de pesos en contrataciones extrañas al servicio desde caterings, simposios médicos o espectáculos de circo y mantiene prestaciones con las empresas 5 de Setiembre y General Saneamiento –ambas ligadas al sindicato SOSBA – sin observancia de “incompatibilidades”.
En apariencia, de incompatibilidades está llena Aguas Bonaerenses: por otra parte el actual presidente es Rafaelle Sardella, integra el directorio de Socma (Sociedades Macri) y en su momento fue gerente en Sideco, dedicada a la obra pública.
Nada tiene que ver Sardella con las contrataciones observadas por los auditores del Tribunal de Cuentas provincial.
El período es hasta 2015, durante la presidencia de Guillermo Scarcella, investigado por el fiscal Alvaro Garganta en la causa de las “cajas negras” en la Provincia, que incluyen el Bapro, IOMA, Jefatura de Gabinete, entre otras reparticiones públicas.
Scarcella fue señalado por la diputada nacional Elisa Carrió (CC), en la fiscalía de Garganta, como “testaferro” de Scioli en presuntos negocios ilegales. El ex presidente de ABSA está en el listado de los Panamá Papers. En la larga nómina que comparte también con funcionarios kirchneristas, de Cambiemos y hasta el propio Mauricio Macri.
Riesgo de fatal cumplimiento: “Todo tiene que ver con todo”. El Tribunal de Cuentas aporta a esa teoría aristotélica cuando advierte que en el actual directorio de ABSA continúa el funcionario Matías García, hasta 2015 vicepresidente de la empresa estatal. ¿Qué tarea tenía a cargo García? Firmaba los cheques y contratos que, en estos momentos, preocupan al Tribunal de Cuentas.
De acuerdo con el organismo de la Constitución, los contratos entre ABSA y Gral Saneamiento fueron conformados por el estudio “Caiella, Salinas y Asociados”. El representante de la firma es el abogado Marcelo Salinas, quien en simultáneo – a través de la empresa- mantenía relación formal con ABSA como “consultor externo”.
“El objeto del contrato de asistencia resulta impreciso y comprende un conjunto de actividades, tareas y trabajos por los cuales se pagan honorarios suplementarios, por fuera de la contraprestación ya estipulada en el 1,9 por ciento de la recaudación neta de ABSA”, mencionan los integrantes del Tribunal de Cuentas.
En el caso de la firma 5 de Septiembre, la auditoría insiste que “la contratación ha sido efectuada bajo la figura de contratación directa. En ningún caso se abrió a licitación o concurso de precios por los distintos servicios contratados desde la creación de ABSA”, dice el informe.
La 5 de Septiembre realiza trabajos de “asistencia técnica en el área operativa”. Por su parte, Gral. Saneamiento tiene contratos para la reparación de averías en la vía pública y para nuevas conexiones.
En este supuesto colmenar de corrupción con fondos públicos, también entrarían los contratos de personal. Surge una larga lista de “incompatibilidad laboral” de agente que cobraban en ABSA y en forma simultánea en otras reparticiones de la administración provincial. Eso está vedado.
En otra cuerda, patrimonial, hubo sorpresa con la planilla de registro de 39 vehículos oficiales en 2015 al comprobar que el “valor de origen” era “cero”.
El presunto bache correspondería a imprevisiones más gravosas aún. Los auditores no encontraron inventario de los bienes de la empresa estatal.