El fiscal Pollicita describió cómo se le adjudicaron 51 trabajos viales al empresario, con irregularidades, sobreprecios y ausencia de controles; la denuncia implica a Cristina Kirchner.
La Justicia determinó el modus operandi por el cual se otorgaron a Lázaro Báez 51 obras viales sin controles, con irregularidades y sobreprecios por $ 46.000 millones (actualizados a agosto de 2016), al detectar patrones comunes que describen la maniobra.
Así está relatado en un dictamen de 300 páginas que el fiscal Gerardo Pollicita presentó ayer en la causa en que Cristina Kirchner está procesada por asociación ilícita por idear el “plan sistemático” para beneficiar a Báez con los contratos.
El cuadro de irregularidades, obra por obra, es tan grande que el fiscal lo mandó a imprimir en tela y tiene una extensión de casi 3 metros por 3 metros. Desplegado, ocupa toda una pared de la fiscalía.
Esta ampliación de la investigación sobre las 51 obras fue enviada por el fiscal a las dos salas de la Cámara Federal, que deben decidir si se confirma o no el procesamiento de Cristina Kirchner en esta causa, pero también en el caso Los Sauces. Ello es así porque esta causa de la obra pública constituye el caso madre, el delito precedente por el cual el juez Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta por lavado de dinero y por ser la jefa de una asociación ilícita. Pollicita le mandó una copia también a Bonadio y al fiscal Guillermo Marijuan, que investiga el caso.
Al indagar a Cristina Kirchner por direccionar la obra pública hacia Báez, se le reprocharon una muestra de 17 obras, pero ahora el equipo de la fiscalía amplió la investigación a las 51 obras adjudicadas a Báez.
El fiscal entendió que para que todo fluyera hacia el empresario -conocido durante el kirchnerismo como el rey de la obra pública- era necesario el acuerdo previo de los funcionarios nacionales y provinciales que colaboraron, por acción u omisión.
La fiscalía determinó los siguientes puntos en común, que explican el direccionamiento de las obras y la falta de controles a los que llamó “una matriz general para adjudicar irregularmente las licitaciones”.
Se presentaban varias empresas de Báez a una misma licitación y se alternaban en las adjudicaciones.
Había un aumento del presupuesto oficial.
Se consentían sobreprecios.
Se otorgaban las obras por encima de la capacidad de ejecución.
Se asignaban nuevas obras públicas, a pesar de incumplimientos en las anteriores.
Se adjudicaban otras obras en tiempo récord, pese a que existía un único competidor.
La fiscalía pidió ampliar la imputación a unas 17 personas, entre ex funcionarios de Vialidad Nacional y provincial, y empresarios, entre los que se cuenta Martín Báez.
Báez, en tanto, se defendió ayer de las acusaciones, al declarar en otra causa por evasión. Dijo que sufre “la demonización más grande que se haya visto en la historia” de la Argentina. “Parezco ser la única alternativa que les queda, cuando jamás hubo algún compromiso para con ella ni de ella hacia mí”, agregó, en alusión a su relación con Cristina Kirchner.
Prácticas que favorecieron al empresario K
Dictamen del fiscal Pollicita que compromete a Lázaro Báez
Licitaciones
Sumar empresas propias
Se presentaban varias empresas de Báez a una misma licitación. Se armaba “una puesta en escena” para simular en los papeles una competencia, pero ya se había escogido la adjudicataria. Por un lado se direccionaba la obra a Báez y, por el otro, se aumentaba el costo final de la obra. Entre las empresas del grupo Báez que se presentaban, la preseleccionada destinada a ganar era la que tenía una oferta mayor que el presupuesto oficial (en menos de un 20%) y el resto ofrecía un costo mayor. Así se convertía en la más barata. Por eso Báez compró constructoras patagónicas para aumentar su holding. Otra práctica consistía en que el Estado nacional financiaba las obras una vez que la provincia las adjudicaba a Báez.
Ejecución
Se otorgaron obras imposibles
Se otorgaban las obras por encima de la capacidad de ejecución. Las empresas no estaban en condiciones de realizarlas. El Registro de Constructores de Obras Públicas -que controlaba Carlos Kirchner- otorgaba a las empresas un certificado de capacidad de contratación anual, basado en las obras comprometidas. A Báez le otorgaron el 80% de las obras santacruceñas y se usaba un mismo certificado en múltiples obras sucesivamente. A una empresa que podía hacer obras por $ 70 millones al año se le permitió encarar obras por $ 1100 millones, por lo que nunca se terminaban. Otra estrategia fue simular Uniones Transitorias de Empresas (UTE), que buscaban aparentar mayor capacidad de obra y recibir nuevos contratos.
Asignaciones.
Aprobadas en tiempo récord
Se adjudicaban otras obras en tiempo récord, a pesar de que existía un único competidor. “Entre la fecha de apertura de la licitación y el inicio de la obra transcurrían, en promedio, 38 días, cuando en el ámbito de Vialidad Nacional se demoraban 210 días: cinco veces más que en los casos en los que se presentaban las empresas de Lázaro Báez. Para que el direccionamiento de obras a favor de Báez pudiera concretarse, como había sido diseñado por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo, uno de los pasos era otorgar a las empresas de Báez una cantidad de obras superiores a las que podía ejecutar, para certificar anticipos financieros que permitieran un flujo de dinero que pudiera convertir a Báez en millonario.
Designación.
Un técnico en todas las obras
Había una evidente falta de controles. Vialidad provincial de Santa Cruz debía inspeccionar los trabajos y Vialidad Nacional, supervisarlos. Por eso no se cumplieron los tiempos y sólo tres obras de 51 se terminaron. “Una de las más claras aristas que exhibe la ausencia de control y explica los groseros atrasos en las obras analizadas es la designación de José Carlos Pistán como representante técnico de numerosas obras viales, simultáneas y distantes entre sí”, dijo el fiscal. No podía estar al mismo tiempo en dos obras a la vez. En este caso, Pistán estaba a cargo de 34 obras viales simultáneas en 12 rutas, a lo largo de toda Santa Cruz. Vialidad Nacional y Vialidad provincial consintieron este descontrol en las obras.
Sobreprecios.
Aumento del presupuesto
Había un aumento del presupuesto oficial y se consentían sobreprecios. Así, por ejemplo, se acordaba una financiación nacional por $ 50 millones para una obra, pero Vialidad de la provincia de Santa Cruz la presupuestaba en $ 78 millones. Las empresas de Báez lograban imponer un aumento, consiguiendo el contrato por $ 92 millones, un 85% más que el presupuestado inicialmente. “Ponderando que de las 51 obras viales investigadas sólo tres fueron concluidas en el plazo fijado inicialmente en el contrato, es evidente que esta estrategia destinada a ampliar los plazos e incrementar los montos no podría haber sido posible sin el acuerdo previo de los funcionarios del Ministerio de Planificación”, dijo el fiscal Pollicita.
Cobranza.
Un circuito privilegiado
Báez gozaba de un sistema de privilegios exclusivos al momento del cobro. Tenía un canal preferencial que le permitía cobrar certificados de obra con antelación a hacerlas. Se trata de un mecanismo excepcional previsto en casos de inundaciones o terremotos, que se usaba con Báez. Estos adelantos millonarios se hicieron en obras no concluidas y con atrasos de ocho años. Báez cobraba antes, a los 60 días, mientras que el resto de las empresas debía esperar 207 días. Así se entiende que Báez cobrara entre 2007 y 2015, unos US$ 2196 millones más que ningún otro grupo empresario por obras viales. Y fue el único empresario de la construcción que al finalizar el gobierno de Cristina Kirchner no tenía deudas.